La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, una las personas acusadas por el caso Wallace; se determinó que no existen pruebas suficientes para acreditar que ella secuestró y asesinó a Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, delito sucedido en 2005.
El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aprobado por cuatro votos a favor y uno en contra, plantea la liberación absoluta de la implicada, quien llevaba ya 20 años en prisión. Previamente, la Corte desechó una petición para posponer la discusión del caso y que el ministro ponente Gutiérrez se excusara.
Juana Hilda González Lomelí, originaria de Guadalajara, Jalisco, fue detenida el 10 de enero de 2006 y luego arraigada hasta el 6 de abril de 2006, día en el que se ejerció acción penal en su contra.
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Se determinó que su confesión en el caso Wallace se dio mediante actos de coacción y tortura psicológica, el 8 de febrero de 2006.
El Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito modificó en su momento la sentencia condenatoria y le impuso a una pena de 78 años y 9 meses de prisión, con base en la confesión obtenida por tortura. La defensa de la mujer, madre de dos hijas, interpuso un amparo en contra de dicha sentencia de apelación.
Tanto esta mujer como su coprocesados cuentan con una recomendación de la CNDH respecto de las violaciones a derechos humanos durante su detención y procesos penales.
Ella y sus coprocesados, cuentan con recomendación de la CNDH respecto de las violaciones a derechos humanos vividas en el contexto de su detención y procesos penales.
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¿Qué dice el proyecto del ministro Gutiérrez?
El proyecto de sentencia del ministro Gutiérrez cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República y de los jueces que intervinieron en la investigación y el proceso judicial del secuestro y asesinato del hijo de Isabel Miranda de Wallace, ya que señaló a la dependencia de haber dado una influencia indebida a la madre activista, ante la campaña mediática que ella desplegó.
Consideró que Juana Hilda no confesó de manera libre y voluntaria, sino bajo presiones, intimidación y amenazas de agentes de la Fiscalía. Señala que la validez de las confesiones obtenidas mediante tortura no depende de si son ciertas o no, sino de la forma en que se obtuvieron. Por lo tanto, el hecho de que otras pruebas pudieran corroborar el contenido de las confesiones no les otorga validez.
Las amenazas a Juana Hilda incluyeron: hacerle daño a ella y a su familia, entregarla a la policía de Ciudad de México para que la torturaran, internarla en un centro de reclusión donde podría ser violada y torturada, fabricarle delitos a su hermano, y hacerle daño a su madre e hija, todo ello si no confesaba los hechos.
El ministro Gutiérrez hizo notar que antes de la confesión forzada de Juana Hilda, las autoridades catearon su domicilio sin hallar pruebas relevantes, e incluso el inmueble fue desasegurado.
Después de la "confesión", en una nueva diligencia, se "encontró" una licencia de conducir de Hugo Alberto Wallace y una gota de sangre en la tina del baño, las cuales se presentaron como "pruebas" decisivas.
El proyecto no solo sustenta la falsedad de las pruebas obtenidas, sino que también señala la responsabilidad de quienes torturaron a Juana Hilda.
Asimismo, la Primera Sala aprobó el proyecto en el que se señala que toda vez que no existen pruebas para vincular a Juana con el secuestro de la víctima, no es posible relacionarla con un grupo de delincuencia organizada.
Además, determinó que no existen elementos para sostener que Juana era responsable de tener en su poder dichas armas que se aseguraron en su casa pues ella fue detenida antes.
Datos clave sobre la detención y confesión de Juana Hilda
Juana Hilda fue capturada en 2006. Su captura se basó en testimonios de personas que afirmaron haberla visto con Hugo Alberto Wallace entrando a su departamento, ubicado en la Ciudad de México.
En sus primeras declaraciones, Juana Hilda negó haber participado en el delito.
En una diligencia posterior, la implicada confesó bajo amenazas de agentes de la Fiscalía, entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En dicha confesión, Juana Hilda dijo que llevó con engaños a Hugo Alberto Wallace a su departamento, donde sus "cómplices" lo esperaban allí para someterlo y secuestrarlo.
Sin embargo, lo golpearon en exceso, al grado de provocarle un infarto que le causó la muerte; posteriormente, lo descuartizaron con una sierra eléctrica y arrojaron sus restos a las aguas negras.
Antes de deshacerse del cuerpo, le tomaron fotos simulando que estaba vivo para exigir un pago por su rescate a Miranda de Wallace.