Al menos 14 jueces que se desempeñaron o siguen desempeñando como juzgadoras del Poder Judicial presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que documenta varias violaciones de derechos humanos derivada de la reforma judicial.
La petición gestionada a través de Vance Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, busca reparaciones para los afectados y resalta el impacto de la reforma en la equidad de género dentro del sistema judicial.
En la solicitud afirma que las personas peticionarias fueron “directamente afectadas” por la reforma judicial e insta a la Comisión a responder a las denuncias y tomar medidas para proteger los derechos humanos y emitir reparaciones para las personas afectadas, además señala que altos funcionarios del Ejecutivo de acusaron públicamente a las y los jueces de corrupción y nepotismo sin pruebas ni debido proceso, afectando su honra y socavando la confianza pública en el Poder Judicial.
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El documenta cita que la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, vulnera los principios de independencia judicial y de igualdad y no discriminación, afectado también la participación de las mujeres en el Poder Judicial.
“Esta reforma, bajo la apariencia de neutralidad, constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura”, afirma la petición.
La petición señala que el objetivo no es revertir la reforma, sino que la CIDH emita medidas para proteger la independencia judicial y evitar que situaciones similares ocurran en un futuro en otros países.
“Esta petición ofrece una oportunidad para que el Sistema Interamericano aborde las alegadas violaciones de la independencia judicial en México y cuestiones más amplias relativas a los procesos de reforma judicial en la región”, dijo Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Adjunto del Vance Center.
Por su parte, María Emilia Molina, una de las demandantes y Presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, señaló la urgencia de reparar los daños causados por la reforma judicial.
“Aunque es demasiado tarde para deshacer muchos de los cambios perjudiciales que ha traído consigo este proceso de reforma politizado, no es demasiado tarde para reparar esos daños. Esperamos que esta petición reconozca los daños sufridos por las y los colegas importadores de justicia, y ofrezca orientación para ayudar a los sistemas de justicia de otros países a evitar el mismo destino”.
REFORMA JUDICIAL A DEBATE - SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
Tras recibir la petición, la CIDH iniciará un proceso de verificación y evaluará sus alegaciones. Si procede, la Comisión podrá entonces hacer recomendaciones al Estado Mexicano para abordar cualquier violación de los derechos humanos que se haya producido, emprender investigaciones o dictar reparaciones según sea necesario, y adoptar que incluyan garantías de no repetición.
La polémica reforma judicial
Contexto: en septiembre de 2024 fue aprobada la reforma judicial que introduce cambios significativos al sistema judicial de México, entre ellos que los jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular en lugar de ser nombrados mediante un proceso de selección establecido.
En este marco, el fin de semana el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que dará un plazo de tres días naturales a los aspirantes al Poder Judicial cuyas candidaturas enfrenten acusaciones o se encuentren en supuestos legales que les impiden participar. Esto, para que puedan ejercer su derecho de defensa y presentar la documentación que consideren oportuna.
Esta medida forma parte del proceso establecido por el organismo para revisar las candidaturas de la elección de jueces, magistrados y ministros, que tendrá lugar el próximo 1 de junio.
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El INE detalló que la notificación a los candidatos se realizará vía correo electrónico o en su domicilio. La Secretaría Ejecutiva, con el apoyo de los consejos locales y distritales, será la encargada de enviar estas notificaciones.