REPRESIÓN DE ATENCO

19 años de la represión de Atenco: Sheinbaum promete justicia

Los pobladores de atenco fueron brutal y cruelmente reprimidos por oponerse al aeropuerto de Texcoco en 2006; sus agresores, fuerzas de seguridad bajo el mando de Fox y Peña Nieto, quedaron impunes

A 19 años de la represión de Atenco, Sheinbaum promete justiciaCréditos: Especial
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A 19 años de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la decisión de retomar el Plan de Justicia para Atenco. Este anuncio se produce en el contexto del recuerdo de los lamentables sucesos de mayo de 2006, marcados por la represión policial y graves violaciones a los derechos humanos.

La presidenta destacó la importancia de reconocer a quienes perdieron la vida aquel 3 de mayo y la lucha de los afectados. Sheinbaum ha pedido a María Luisa Albores que coordine la continuidad de este plan y propuso reunirse con una comisión de los afectados este mismo mes para revisar los pendientes.

Contexto: los antecedentes de los hechos de 2006 se remontan a octubre de 2001, cuando el entonces presidente de México, Vicente Fox, anunció que la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se llevaría a cabo en terrenos agrícolas de la zona de Texcoco.

Este proyecto federal generó una fuerte oposición entre ejidatarios de poblaciones como Tocuila, Nexquipayac, Santa Cruz de Abajo, San Felipe y San Salvador Atenco, quienes encabezaron diversas manifestaciones y bloquearon vialidades. Distintas agrupaciones de campesinos conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), iniciando movilizaciones a nivel nacional para evitar la construcción del aeropuerto.

La represión y las violaciones a Derechos Humanos

La tensión culminó los días 3 y 4 de mayo de 2006. El 3 de mayo, manifestantes bloquearon la carretera Lechería-Texcoco, lo que derivó en la participación adicional de la Policía Federal Preventiva y cuerpos policiales del Estado de México. Ese día fueron detenidas 101 personas.

En la madrugada del 4 de mayo, cuerpos policiales federales y estatales realizaron un operativo conjunto para retirar el bloqueo e ingresar al centro de San Salvador Atenco, donde se encontraban los manifestantes, resultando en la detención de otras 106 personas, sumando un total de 207 personas detenidas.

Durante estos operativos, se documentaron diversas violaciones a los derechos humanos. Entre los derechos violados se mencionan detenciones arbitrarias, tortura, retención ilegal, allanamiento de morada, incomunicación, trato cruel e inhumano, así como violaciones al derecho a la vida, derecho de los menores y derecho a la legalidad.

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Manifestación en Atenco: Archivo LSR | Ilustrativa

Violaciones contra 11 mujeres

Un aspecto central de la represión fue la afectación específica a 11 mujeres detenidas de forma arbitraria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que el uso de la fuerza policial al momento de las detenciones de las mujeres no fue legítimo ni necesario, sino excesivo e inaceptable por su naturaleza sexual y discriminatoria.

Las 11 mujeres reconocidas como víctimas en este caso fueron detenidas de manera arbitraria mientras realizaban actividades cotidianas, documentaban hechos o brindaban apoyo médico a heridos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) implementó acciones de atención y apoyo a las mujeres que testificaron haber sido objeto de presuntas agresiones sexuales, utilizando peritos especialistas en psicología y ginecología.

La investigación de la CNDH sobre cada persona agraviada se realizó de manera independiente, aunque interrelacionada para identificar la verdad histórica y jurídica de los hechos, integrando 2121 expedientillos relativos a cada agraviado.

Implicaciones legales y la resolución de la Corte IDH

La represión en Atenco tuvo importantes repercusiones legales a nivel internacional. Tras una denuncia recibida en 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte IDH.

La Corte IDH concluyó que la detención de las 11 mujeres denunciantes fue ilegal y arbitraria. Además, determinó que no se investigó, juzgó y sancionó a todas las personas responsables del operativo, tanto a nivel material como intelectual.

En consecuencia, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano realizar una investigación exhaustiva de los hechos con perspectiva de género que incluyera todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal.

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El reciente anuncio de retomar el Plan de Justicia para Atenco busca dar seguimiento a las obligaciones y pendientes derivados de estos hechos y las resoluciones judiciales.