El colectivo de juzgadores federales “Artículo 41” dio a conocer este jueves que emprendió diversas acciones a nivel nacional e internacional en contra de la reforma judicial.
La organización informó que solicitaron audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales están programadas entre el 21 y el 25 de julio próximos.
La primera audiencia (PS 193-1570) tiene como objetivo informar a la CIDH sobre una grave situación de persecución penal, disciplinaria y política contra juzgadores federales en México, que se presenta como una represalia por emitir decisiones consideradas contrarias a los intereses del oficialismo.
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La segunda audiencia (PS 193-1573) busca actualizar a la CIDH sobre nuevas y graves violaciones a los derechos humanos y la democracia cometidas durante la etapa de elección de juzgadores federales. Una de las preocupaciones destacadas es que los votos no serán contados por ciudadanos, sino por el Instituto Nacional Electoral (INE), al que califican de "colonizado", sugiriendo que el oficialismo controlará la votación.
¿Qué han solicitado ante la CIDH?
Contexto: el 30 de abril de 2025, 65 juzgadores federales integrantes del colectivo solicitaron a la CIDH (registro 98512) ejercer una acción de responsabilidad contra el Estado mexicano. Argumentaron una violación grave y sistemática de derechos humanos y la democracia en perjuicio de todos los mexicanos.
Con esta acción, han iniciado el proceso para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuicie al Estado mexicano con el fin de echar atrás la Reforma Judicial.
En esta petición, sostienen que la Reforma "impuso un nuevo modelo que (...) no cuenta con garantías de independencia judicial". Afirmaron que reemplaza criterios objetivos, capacidad jurídica, mérito y carrera judicial por el azar, la provisionalidad en los cargos y la capacidad política de los candidatos.
Por otra parte, denunció la violación a la suspensión concedida en el juicio de amparo 1214/2024.
Recientemente, solicitaron en este juicio de amparo (radicado en el Juzgado 7° de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco) que se inicie un procedimiento para determinar que Nacional Financiera ha violado una suspensión otorgada a más de 850 personas.
La suspensión ordenaba expresamente que no se extinguieran ni se entregaran a la Tesorería de la Federación los fondos y fideicomisos existentes en el Poder Judicial de la Federación (PJF), ni que se destinaran sus recursos a la implementación del Decreto reclamado.
Sin embargo, Nacional Financiera dispuso de esos fondos y los entregó a la Tesorería, argumentando "órdenes superiores". Posteriormente, la presidenta de la República mencionó que dichos fondos se destinarían a financiar al ISSSTE.
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Según el colectivo, la consecuencia de esta conducta, que califican de delictiva, es que el Consejo de la Judicatura Federal carece actualmente de recursos para indemnizar a los juzgadores federales que se han separado del cargo de forma obligada por la reforma.