Al menos cinco personas que buscan un sitio entre los nueve ministros que formarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 1 de septiembre tienen un vínculo con Arturo Zaldívar, el expresidente del máximo tribunal que encabezó el comité de evaluación del Poder Ejecutivo.
Se trata de cuatro mujeres: Fabiana Tena, coordinadora de asesores de Zaldívar en la Corte; Ana María Ibarra, secretaria de Estudio y cuenta cuando fue ministro; Lorena Pérez Romo, integrante del comité académico de la Escuela de Formación Judicial; Marisol Pérez Castañeda, magistrada de Circuito desde 2020; y Gabriel Regis, juez en materia administrativa, uno de quienes se pronunció a favor de la reforma al Poder Judicial y señalado de ser uno de quienes eran presionados por operadores del expresidente de la Corte para obtener fallos favorables a sus intereses.
Regis fue señalado en la denuncia anónima que se presentó contra Zaldívar y sus cercanos, como Carlos Alpízar, secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, por presionar y amenazar a impartidores de justicia con el objeto de obtener resoluciones favorables al gobierno o al propio ministro que renunció antes de completar su encargo.
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En la denuncia, que provocó la apertura de una investigación, que al final se cerró por decisión de los consejeros del CJF, se acusaba que Alpízar, colaborador cercano de Zaldívar organizaba reuniones con jueces en un rancho o restaurantes de lujo de la Ciudad de México.
“Se platicaban los asuntos, específicamente los que tenían que ver con el (penal de El) ‘Altiplano’. En esas reuniones se presionaban a jueces, magistrados y secretarios de cuenta para que actuaran de determinada forma en asuntos específicos, por ejemplo, acudían Hugo Hermosillo, Alberto Roldán, Tito Contreras, Gabriel Regis”, señala la denuncia.
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La denuncia fue desechada cuando uno de los señalados, el magistrado Jaime Santana Turral, argumentó que no había pruebas de las presiones a impartidores de justicia. En votación los consejeros afines al gobierno, Bernardo Bátiz, Celia Maya, Verónica de Gyves y Sergio Molina aprobaron que se desechara.
Los tres primeros buscan ser electos al Tribunal de Disciplina Judicial, que sancionará a los jueces por su conducta o en caso de que fallen contras “el interés público”; el otro, Molina, busca ser ministro de la Corte.
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Contexto: Durante el tiempo que presidió la Corte y el CJF, Arturo Zaldívar se convirtió en el brazo del gobierno ante los jueces y presionó a varios para que resolvieran los asuntos en la manera en que convenía a la administración López Obrador, de acuerdo con el libro "El ministro del poder", de Hernán Gómez Bruera.
La Silla Rota publicó un capítulo del libro, en el que se reseña cómo Carlos Alpízar, secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura, era el encargado de operar las órdenes del titular de la SCJN.
El capítulo “La lista de Alpízar” detalla que el acoso buscó influir no únicamente sobre litigios en los que el gobierno estaba demandado por ciudadanos o empresas, sino también a favor de políticos de diversos partidos políticos e, incluso, en disputas judiciales multimillonarias entre particulares.
En el equipo de Zaldívar
Fabiana Estrada, quien en cuanto se aprobó la reforma judicial anuncio que buscaría un sitio en la Corte y grabó un video en las instalaciones del CJF, incluye en su biografía que en su papel de coordinadora de asesores de Arturo Zaldívar encabezó el equipo que redactó la reforma al Poder Judicial que culminó con las reformas constitucionales y legales de 2021.
Esas modificaciones, dijo el entonces presidente del tribunal, eliminarían las prácticas de corrupción, nepotismo, acoso y el rezago en el trabajo de los tribunales.
En los meses posteriores a la reforma y durante el periodo de campaña, sus colaboradoras más cercanas han criticado al PJF por actos de corrupción y nepotismo que Zaldívar había asegurado que se terminarían con su reforma.
Ana María Ibarra fue secretaria de estudio y cuenta en la ponencia de Zaldívar, la responsable de analizar casos asignados a él y preparar los proyectos de sentencia durante 10 años.
Durante la campaña ha dicho que el Poder Judicial en el que trabajó una década no tiene la confianza de los ciudadanos.
A la magistrada Marisol Castañeda Pérez, del vigésimo segundo circuito con sede en Querétaro, se le vincula con el expresidente de la Corte por las diversas invitaciones que le hizo para participar en actos de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, durante el tiempo en que la presidió.
“Además, diversas fotografías dejan constancia de su constante interacción en presentaciones, eventos, reuniones de trabajo y foros. Por otro lado, la magistrada Marisol Castañeda frecuentemente invita a seguir los contenidos del ministro presidente, da difusión a sus comunicados y dirige mensajes de felicitaciones a la labor de dicho ministro”, apuntó la organización México Evalúa.
Gabriela Suárez de los Santos, quien ingresó a la Corte al poco tiempo de graduarse de abogada, busca un puesto como juez de distrito. Durante la campaña ha sido motivo de controversia ya que
Diversos análisis ubican a candidatos como Anna Priscila Valencia, Gabriela Gutiérrez, Josué Beristain Cruz, todos ellos aprobados por el comité de evaluación del Poder Judicial, como cercanos al expresidente de la Corte y el CJF entre 2019 y 2022.
Influencia en el Tribunal de Disciplina Judicial
Jaime Santana Turral, uno de los mencionados en la denuncia contra las presiones de Zaldívar a juzgadores, busca un sitio en el Tribunal de Disciplina Judicial.
Él pidió que se desechara la investigación ordenada por la ministra Norma Piña y en la que se les señalaba a él, a Regis y también a José Artemio Zúñiga, quien también busca un sitio en el tribunal.
Otros dos personajes a cercanos a Morena quieren llegar al órgano que remplazará al CJF, el Tribunal de Disciplina.
Se trata de dos fundadores de Morena, Bernardo Bátiz, quien colaboró con el expresidente Andrés Manuel López Obrador como procurador en la CDMX, precisamente en los años en que la capital sufrió una crisis de secuestros y eso motivó una multitudinaria marcha ciudadana de protesta.
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La otra es Celia Maya, dirigente del partido en Querétaro, candidata al gobierno del estado por Morena y, en su momento, fue propuesta por López Obrador como ministra de la Corte, pero no alcanzó los votos necesarios.