La solicitud del Senado para que la ONU destituya a Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, es improcedente y una eventual protesta debería canalizarse a través de la Cancillería, dijeron diplomáticos a La Silla Rota.
Los expertos que pidieron no ser citados reaccionaron a la condena que emitieron los legisladores contra el Comité de la ONU.
El viernes pasado, el Comité informó que de acuerdo con reportes en México la desaparición forzada se lleva a cabo "de manera general o sistemática" y pidió a la ONU abrir un procedimiento para analizar e investigar el creciente número de personas víctimas de este delito en México.
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Ante ello, funcionarios de todos los niveles mostraron su descontento, incluida la presidenta Claudia Sheinaum; sin embargo, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, fue más allá y dijo que recurrirá a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir una sanción en contra del funcionario de la ONU.
El pronunciamiento de Noroña fue aprobado por Morena y sus aliados con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones.
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Las fuentes consultadas dijeron que sería comprensible hacer un extrañamiento al Comité contra la Desaparición Forzada por no haberse conducido de buena fe al no haber avisado al Estado mexicano que se solicitaría información sobre este tema antes de hacerlo público.
Aunque pueda hacerse un extrañamiento, debe entenderse que estos comités tienen cierta autonomía para evitar que los Estados procedan contra ellos. La sanción que pidieron los senadores mexicanos está fuera de lugar porque no existe un procedimiento para eso, explicó un diplomático.
El experto señala que “en lugar de estarse peleando” con funcionarios de la ONU, a México le convendría realizar un gran trabajo de diálogo y atender los casos de desaparición forzada, que son el mayor reto en temas de derechos humanos que actualmente enfrenta México.
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“El papel de la Cancillería debe ser lograr que el informe y el reporte no se presente ante la Asamblea (de la ONU) pidiendo sanciones a México, sino que sea más bien como una forma de decir, ‘esto es lo que está enfrentando México derivado del combate al crimen organizado’ y que solicita comprensión y ayuda de la comunidad internacional”.
En este sentido, el analista recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está integrado por 10 expertos de gran integridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercen sus funciones a título personal y actúan con total imparcialidad y que México, en su momento, votó a favor de ellos cuando fueron elegidos.
“Entonces significa que de alguna otra manera México aceptó que estos expertos, porque son expertos en la materia, fueran parte del Comité”, sentenció.
De hecho, en 2020, la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) y ratificó su apertura al escrutinio internacional.
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Defensores de DH rechaza pronunciamiento del Senado
También el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo público su rechazo al “inédito pronunciamiento de la fracción mayoritaria en el Senado, que pidió sancionar al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana rechazó la descalificación de las observaciones emitidas por el Comité de la ONU.
“México atraviesa una crisis humanitaria nunca antes vista: más de 127 mil personas desaparecidas registradas oficialmente, muchas en circunstancias que podrían constituir desapariciones forzadas. Las desapariciones no son hechos aislados ni del pasado: ocurren en un contexto de impunidad estructural, debilitamiento institucional y connivencia con redes del crimen organizado”.
El programa establece que las familias y colectivos de búsqueda han exigido por más de 15 años una respuesta efectiva del Estado mexicano y, a través de diversos mecanismos que contempla la Convención, han solicitado apoyo del CED para visibilizar e implementar acciones que contribuyan a la prevención, búsqueda e investigación de las desapariciones en México.