La incertidumbre sobre su futuro laboral y la compensación económica que les corresponde campea en 530 trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el organismo encargado de orientar y dar retroalimentación a las autoridades encargadas de la enseñanza a nivel nacional.
Mejoredu hizo una labor de análisis sobre la educación y la política educativa en México.
Contexto: en diciembre de 2024, un estudio revelado por La Silla Rota señaló que los nuevos libros de texto gratuitos distribuidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) coordinados por Marx Arriaga, fueron elaborados sin un análisis pedagógico adecuado y con una metodología improvisada.
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El informe destaca que los materiales carecen de fundamentos técnicos y académicos sólidos, lo que ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones civiles sobre la calidad de la educación impartida. El estudio también indica que la elaboración de estos libros no contó con la participación de expertos en educación, y que se omitieron procesos esenciales como la revisión de contenidos por parte de docentes y académicos. Esta situación ha llevado a cuestionamientos sobre la idoneidad de los materiales y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes.
Mejoredu también advirtió que la pandemia del coronavirus que llevó al confinamiento de 2020 a 2022, causó un impacto negativo en los aprendizajes escolares, principalmente a los niños que iniciaron cuarto y quinto de primaria en aquellos años, pero también trajo consigo nuevas experiencias y formas diferentes de aprender, lo que puede servir en el proceso de recuperación y fortalecimiento de dichos aprendizajes en México.
Preocupa extinción de organismo y perder el trabajo
Trabajadores de Mejoredu como Lizbeth Torres, madre de dos niños, resume la preocupación de quienes formaban parte del organismo que desaparecerá por la reforma para eliminar organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
“Perder la chamba significa perder el ingreso con que los puedo mantener, la seguridad social, el ISSSSTE, del que dependemos para las consultas médicas. Es romper no solo mi crecimiento laboral y mi trayectoria profesional, sino también la estabilidad de una familia, de qué va a pasar con nosotros”, dijo a La Silla Rota.
En noviembre pasado el Congreso aprobó la reforma que elimina a los organismos y dispuso que en las leyes secundarias se especificaría cuál es el destino de los trabajadores, sin embargo, estas aún no se aprueban.
En tanto se conoce qué sucederá con ellos, tanto Lizbeth como sus compañeros temen quedarse sin compensación laboral por los años que llevan en MejorEdu y además que ya no sean recontratados en el nuevo órgano.
Los trabajadores han hecho manifestaciones tanto en el sur de la ciudad como en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP); el resultado fue que representantes de la secretaría les ofrecieron una mesa de trabajo y en la reunión del 21 de marzo el representante del jurídico, Carlos Cruz, les dijo que no tenían derechos laborales, como liquidación por despido, por ser trabajadores de confianza.
También les dijo que no había planes de contratarlos en la SEP.
Tras una nueva marcha, el 3 de abril, los recibieron de nuevo, sin embargo, tampoco hubo avances pues la SEP reiteró que no había planes de indemnización ni recontratación.
En la mesa del 8 de abril les informaron que el secretario Mario Delgado avisó que podría haber una compensación, aunque no había noticias sobre la transferencia a la SEP.
Carrera truncada
Lizbeth ingresó al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), creado por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto para hacer diagnósticos sobre el estado de la educación y sus niveles de calidad.
En 2019, a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el gobierno eliminó al INEE, que era autónomo, para remplazarlo con MejorEdu.
A lo largo de esos años, Lizbeth disfrutaba hacer su trabajo, que consistía en realizar propuestas para la mejora de la educación inicial y procurar que esta fuera justa, inclusiva, equitativa y que considerara los derechos de las niñas y los niños.
Pero desde que se enteró en diciembre de la extinción de MejorEdu, ha vivido en el estrés.
“Imagínate que de un día para otro te digan: ‘el organismo en el que trabajas va a desaparecer’ a pesar de que hiciste bien tu trabajo y que estabas comprometida con lo que hacía el Estado mexicano y de todos modos que te desaparezcan y pierdas el trabajo. Eso definitivamente te afecta emocionalmente, por eso salimos a la calle, no nada más para pedir garantías laborales, sino para expresar este estrés por la inestabilidad”.
Lizbeth, quien mientras marchó portaba un cartel en el que reprochaba: ‘Claudia, no llegamos todas, faltamos las de MejorEdu’, dijo que hasta el 20 de marzo, cuando los trabajadores de Mejoredu se organizaron para protestar, ella nunca había marchado.
“Es liberador pero qué mal que como ciudadanos mexicanos cuando te piden el voto ahí estamos, pero cuando exiges tus derechos, te dan la espalda y necesitas hacer estas acciones para que el gobierno te voltee a ver. Somos el pueblo exigiendo sus derechos. Nunca lo había hecho, pero por defender los derechos de mis hijos y los míos lo hago”, remarcó.
La educación de mi hijo está en riesgo
Marcos Domínguez, quien también comenzó a trabajar en el INEE y continuó en MejorEdu, expresó a La Silla Rota que si pierde el empleo su situación es apremiante, porque tiene un hijo que estudia fuera de la Ciudad de México y debe solventarle los gastos de la manutención y la renta.
“Quedar sin trabajo significa estar desprovisto de ingresos y que mi hijo no pueda continuar sus estudios”.
Pável Servín y Dayra Guzmán, voceros de los trabajadores, aseguran que al no haberse aprobado la ley secundaria, MejorEdu no ha desaparecido y continúan trabajando y haciendo documentos de indicadores educativos. Pero ya no se publican, y la incertidumbre comenzó con rumores de que habría recortes o que ya no les pagaría su quincena.
Eso no ha llegado, se les paga a tiempo y aún no les recortan servicios como el agua o el aire acondicionado, como ocurrió con el INAI o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dos organismos ya extintos.
Lo que sí ha pasado es que el Pleno ya no sesiona porque de cinco comisionados, solo quedan dos. Aunque ya trabajaban sin dos, en enero pasado se enteraron de que la comisionada Etelvina Sandoval se fue a trabajar a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación capitalina.
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Lo que los 530 trabajadores piden es no sólo que les informen sobre su futuro laboral, sino que reciban una compensación económica por los años trabajados y que sean transferidos en el órgano que sustituya a MejorEdu.