Los candidatos que participarán en la elección para jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cometan una falta grave durante la campaña podrán ser despojados de su candidatura, ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Este miércoles la sala superior del Tribunal votó un proyecto de la magistrada Janine Otálora en el que se ordenó al Instituto Nacional Electoral (NE) modificar sus lineamientos para la fiscalización de los procesos electorales.
En estos sólo se consideraba cancelar el registro de quienes recibieran recursos públicos o privados, acudieran a actividades de partidos, organizaciones que tratan de formar un partido.
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La magistrada Otálora propuso que la sanción no debe ceñirse a esas conductas, sino que debe ser genérica y aplicarse cuando la falta lo amerite, a criterio del INE.
El proyecto recibió los votos a favor de la presidenta del Tribunal, Mónica Soto, y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata.
En cuanto al fondo, se propone modificar el artículo 52, fracción III de los lineamientos, porque tal como lo refiere la parte actora, el INE no debió limitar la sanción consistente en la cancelación del registro de la candidatura a solo dos de las conductas previstas como posibles infracciones en los propios lineamientos, sino que tenía que regularla de forma genérica, de tal manera que sea al momento de analizar cada conducta, cuando el operador jurídico, determine confirme a las particularidades del caso cuál de todas las sanciones previstas en el Catálogo es la que debe imponerse
Contexto: ¿Qué más dijo la magistrada Janine Otálora?
La magistrada Janine Otálora citó al Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, al señalar que “el dinero habla en la política, al igual que lo hace en los mercados”.
Remarcó que el dinero puede alterar la calidad de las democracias en tres formas:
La primera, teniendo en cuenta que, si grupos de interés otorgan financiamiento, ya sea a un instituto político o a una candidatura, después demandarán, en obvio de razones una contraprestación que puede implicar la dependencia o el sometimiento de las y los representantes populares.
La segunda, es reiterando que el financiamiento excesivo y legal de los institutos políticos o de sus candidaturas altera, en obvio de razones, la equidad en la competencia electoral.
Y la tercera, es el riesgo de que las y los actores políticos utilicen recursos monetarios para la compra del voto, violentando así la libertad de decisión de las y los electores.
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