La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitar que no deporten ningún mexicano a la base militar de Guantánamo, como anunció el mandatario Donald Trump a su llegada al poder.
Durante la conferencia de este 18 de marzo, la mandataria comentó que en cuanto Trump anunció la decisión de enviar a migrantes indocumentados a Guantánamo, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática ese mismo día.
“Normalmente esas notas son privadas, pero vale la pena decirlo ahora, para decir que ningún mexicano debía ser enviado a ningún otro lugar más que a México. Ellos contestaron la nota diplomática diciendo que en la medida que México aceptaba las personas repatriadas, regresarían a México”, aseveró la mandataria.
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La presidenta hizo estas declaraciones tras la polémica surgida el domingo, cuando llegó a El Salvador un primer grupo de más de 200 venezolanos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua y quienes quedaron presos sin juicio en El Salvador en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega-cárcel para pandillas.
Ante ello, dijo, se tiene “la certeza” de que cualquier persona mexicana deportada desde Estados Unidos se repatriará a México.
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Guantánamo de base militar a centro de reclusión migrante
La jefa del Ejecutivo también se refirió a la decisión de Trump de ampliar el centro de internamiento para migrantes en Guantánamo, para aumentar su capacidad hasta 30,000 personas.
El gobierno estadounidense aseguró que el centro de Guantánamo estaba destinado a migrantes con antecedentes penales o vinculados a bandas como el Tren de Aragua.
Sin embargo, el Ejecutivo comenzó a trasladar migrantes a la base en febrero en una operación marcada por el secretismo, sin que se revelaran las identidades de la mayoría de los detenidos ni los delitos que supuestamente se les atribuía.
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, Estados Unidos ha deportado a México a 24,413 personas, 19,846 de ellos mexicanos y 4,567 extranjeros, según datos del gobierno mexicano.
A los mexicanos deportados que llegan, el gobierno de México les otorga la Tarjeta Bienestar Paisano con 2,000 pesos, así como apoyo para buscar empleo, mientras que a los extranjeros les ofrece ayuda para gestionar su regularización o volver a su país.
Contexto: Orígenes de Guantánamo
El campo de detención de la base de Guantánamo fue abierto en 2002 por el entonces expresidente George W. Bush para retener a acusados de terrorismo en el marco de la "guerra global contra el terrorismo" tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Aunque los migrantes son retenidos en un área separada, se encuentran en un limbo legal dentro de una base militar que opera al margen de las leyes migratorias estadounidenses.
La situación ha sido históricamente opaca, con poca información pública sobre lo que ocurre allí.
Un reportaje publicado en septiembre de 2024 por The New York Times, basado en informes internos del gobierno, reveló que los detenidos enfrentan condiciones precarias en Guantánamo, incluyendo denuncias de que son obligados a usar gafas de visión opaca durante los traslados dentro de la base, que sus llamadas con abogados son monitoreadas y que algunas instalaciones están llenas de ratas.
ONU exhibe torturas en Guantánamo
En 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un reporte donde su relatora especial sobre la protección de los derechos humanos explicó que luego de una visita a la base militar, donde conoció a algunos de los detenidos, pudo observar que todos viven con daños constantes como consecuencia de prácticas sistemáticas de entrega, tortura y detención arbitraria.
“Para muchos (detenidos), la línea divisoria entre el pasado y el presente es sumamente delgada y las experiencias pasadas de tortura viven en el presente, sin un final evidente a la vista, en parte porque no han recibido una rehabilitación independiente, holística o adecuada”, señaló en un comunicado la representante de la ONU, Fionnuala Ní Aoláin.
Dijo que pese a la gravedad y naturaleza de los daños físicos y psicológicos actuales de muchos detenidos, la infraestructura implica una vigilancia casi constante, extracciones forzadas de celdas, uso indebido de restricciones y otros procedimientos operativos arbitrarios que no cumplen con los derechos humanos.
Entre las principales denuncias, la experta señaló deficiencias en la atención de salud, acceso inadecuado a la familia, y detención arbitraria caracterizada por constantes violaciones a los juicios justos.
“El conjunto de estas prácticas y omisiones tiene efectos acumulativos y agravantes sobre la dignidad y los derechos fundamentales de los detenidos, y equivalen a un trato cruel, inhumano y degradante continuo”, apuntó.
Ante esta situación hizo un llamado al cierre necesario de esta instalación.