Una evaluación a los resultados de la Ley General de Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda elaborada por la organización ciudadana Red Lupa se suma a los diagnósticos pesimistas en torno al desempeño de estas herramientas creadas para atender la crisis de personas desaparecidas en México, que al 27 de enero de 2025 ya contabilizaba 121 mil 651 casos.
El colectivo es parte del proyecto “Si no buscamos nosotras, nadie lo hará”, que recibe financiamiento de la Unión Europea y tiene como objetivo crear una red para hacer la evaluación ciudadana de la puesta en operación de la ley.
Al revisar el avance de las instituciones en la aplicación de la ley se encontró que el Sistema nacional de búsqueda se aprobó el 17 de noviembre de 2016 y entró en vigor dos años después, pero a la fecha no ha generado políticas públicas para atender la desaparición forzada.
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“La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha enviado parte de su personal a los estados y se han integrado a las Comisiones locales sin que eso signifique una cualificación al trabajo de búsqueda. La CNB ofreció que harían una mejora el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para contar con información de mejor calidad, pero nada de eso ha sucedido a la fecha. La CNB no cuenta con el Programa Nacional de búsqueda y localización, el cual según la ley debería haberse publicado el 12 de septiembre de 2018. La CNB promovió la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) pero a la fecha dicho centro no existe”, señala el análisis.
Si bien la ley establece que la Fiscalía General de la República (FGR) debe contar con una Fiscalía Especializada en materia de desaparición y que es responsable de crear y operar el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), a la fecha no se dispone de información pública en torno al grado de avance del mismo y tampoco de los resultados que se hayan obtenido.
Tampoco se ha avanzado en el objetivo de que las cifras de desapariciones sean elaboradas por el gobierno federal a través de la CNB, con la aportación de las fiscalías estatales.
“Entre las fallas está que en los estados no existen cifras únicas generadas entre todas las instituciones sino diversos datos, y esa información de baja calidad es lo que alimenta al RNPDNO”.
Algunas de las iniciativas más ambiciosas para identificar restos humanos como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) “fracasaron y en la actualidad no se cuenta con capacidad para atender la enorme tarea de la identificación humana”.
Las fiscalías y forenses estatales desconocen la cantidad de restos humanos que deben identificar. “Las cifras que públicamente se maneja es la que han proporcionado las familias de 52 mil personas fallecidas sin identificar, o bien la que presentó una reciente investigación periodística de 72 mil 100 cuerpos sin identificar”.
Diagnóstico común
Un documento interno elaborado en diciembre de 2024 por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación al que tuvo acceso La Silla Rota señala que el saldo de la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición y la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda no es positivo ya que al menos seis estados no han creado las fiscalías especializadas para localizar a personas ausentes, mientras herramientas para identificar a los miles de cuerpos almacenados en morgues no han dado resultados.
“En cuanto al desarrollo de procesos de identificación humana, sin dejar de reconocer que la construcción de capacidades organizacionales es un proceso complejo, en muchas ocasiones marcado por el acierto y el error, ninguno de los dos grandes esfuerzos emprendidos funcionó: ni el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, conformado para atender el rezago en la identificación de cuerpos; ni el Centro Nacional de Identificación Humana, diseñado para atender los casos actuales y prevenir crisis futuras, tuvieron los efectos esperados”.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se publicó en noviembre de 2017 y entró en vigor dos meses después.
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A siete años de su entrada en vigor, se percibe que la ley no ha resuelto la grave situación de desapariciones y tampoco ha sentado las bases para atender la crisis de una manera eficaz.
De acuerdo con el diagnóstico, al cierre de 2021 había 17 mil 511 cadáveres o restos humanos almacenados en anfiteatros, laboratorios o centros de resguardo y la mayoría no había sido identificado (10 mil 351).
“Para el siguiente año, en los mismos lugares de almacenamiento, se resguardaron 53 mil 347 cadáveres o restos humanos, 89.1% sin identificar. Finalmente, en 2023, se almacenaron 15 mil 878 cadáveres y 12 mil 938 restos o fragmentos humanos, 57.5 y 18.2% de estos sin identificar, respectivamente”.
La cantidad de cuerpos que están en espera de ser identificados es un indicador de que el problema no está en vías de resolverse, pero la impunidad es otro elemento que no abona al optimismo. Así lo plantea el documento.
“Respecto a la etapa final del proceso penal, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas señaló, después de realizar una visita a México en noviembre de 2021, que entre dos y 6% de los casos habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias por delitos de desaparición de personas en todo el país. Esta situación es consistente con el contexto nacional, marcado por una impunidad casi absoluta”.
Desencuentros provocan retrasos
De acuerdo con el documento, el rompimiento entre el gobierno y Karla Quintana, primera titular de la Comisión de Búsqueda, provocó retrasos en alguno de los procesos de identificación, así como el cese de actividades en el Centro Nacional de Identificación, abierto en Morelos, al que se llevarían muestras genéticas de todo el país que permitieran identificar restos almacenados a lo largo y ancho de la geografía nacional.
“En noviembre de 2023, en un contexto de cambio de titulares, la comisionada nacional entrante señaló que el proceso de donación a la CNB no estaba concluido, por problemas del fideicomiso que detenta la propiedad del edificio, y que éste no disponía de instalaciones adecuadas, ni contaba con equipamiento especializado o laboratorios para realizar sus funciones. Esta situación implicó que, a pesar de que durante 2023 se recabaron 3 mil 700 muestras genéticas, éstas no fueran procesadas y fueran enviadas a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala”.
Desde 2023 advirtieron de problemas
Un informe de 2023 de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos advirtió que el Estado Mexicano carecía de protocolos de búsqueda, falta de infraestructura y recursos humanos para hacer frente a la crisis en la atención para dar con el paradero de personas en calidad de desaparecidas y analizar y reconocer restos humanos
Las problemáticas de personas desaparecidas, la crisis en materia forense, falta de protocolos de búsqueda y la falta de infraestructura y recursos humanos en México, ya habían sido identificados desde la propia Comisión Nacional de Búsqueda desde hace por lo menos dos años.
Aquí puedes revisar las 6 acciones para atender las desapariciones en México que presentó Claudia Sheinbaum este lunes 17 de marzo.
En un informe titulado ‘Avances y retos en la búsqueda forense’ elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fechado en marzo de 2023 ya se habían reconocido los problemas temas relacionados personas desaparecidas.
Una crisis forense de al menos 52 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de fragmentos óseos y miles de hallazgos de fosas de inhumación, similares a la descubierta en días anteriores en Teuchitlán, Jalisco, fueron reconocidos por la Comisión Nacional de Búsqueda.
También se informó que en México hasta antes del 2015 había una ausencia de procesos y protocolos de búsqueda e identificación de personas.
Además de una falta de infraestructura, de recursos humanos y materiales para combatir el problema a nivel nacional.
Otros de los problemas que se especificaban en el informe son la falta de coordinación entre entidades a nivel nacional y regional y una falta de metodología con enfoque masivo para la búsqueda de personas.
Informe antes de la renuncia de la comisionada
El informe que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue elaborado durante la administración de Karla Quintanar, quien fue titular de la Comisión Nacional de Búsqueda durante la mayoría de la administración de Andrés Manuel López Obrador, hasta su renuncia en agosto de 2023.
Quintanar anunció de su renuncia a la CNB con un mensaje en el que mencionaba que los “retos en relación con la desaparición de personas permanecen. El esfuerzo del Estado mexicano debe seguir dirigiéndose a una política integral de prevención, búsqueda y combate a la impunidad, con la finalidad de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las personas desaparecidas, sus familias y la sociedad toda”.
Sheinbaum compromete fortalecer la CNB
Tras el hallazgo de restos humanos y un centro de adiestramiento del crimen organizado en Teuchitlán Jalisco, además de manifestaciones registradas el fin de semana por familiares de víctimas de desaparición, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció acciones para la atención de la problemática.
En total se presentaron 6 acciones, entre las que destacan la firma de un decreto para fortalecer la CNB y la publicación mensual de las cifras de investigación sobre desapariciones que poseen las fiscalías locales.
En el informe de hace dos años, la CNB ya resaltaba la urgencia de una política pública nacional que también reconozca la identificación humana como una forma de búsqueda de personas y como un asunto de Estado.
Las acciones para fortalecer a la CNB se dan luego del caso de Teuchitlán y de que en la administración pasada, la CNB vio su presupuesto aumentado casi en un triple, según el propio documento.
En 2019, la Comisión recibió un total de 400 millones 791 mil 984 pesos para sus funciones, mientras que en 2023 recibió mil 97 millones 234 mil 971 pesos.