El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York (City Bar) expresó su profunda preocupación por las recientes investigaciones penales iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra dos jueces federales que otorgaron suspensiones en contra de la implementación de la reforma judicial en México.
En su declaración del 10 de marzo de 2025, el City Bar señala que estas acciones representan una amenaza directa a la independencia judicial y agravan una tendencia preocupante en la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en México. Además, la organización neoyorquina subraya que la criminalización de jueces contradice los estándares internacionales sobre independencia judicial, poniendo en riesgo el cumplimiento de México con sus obligaciones internacionales.
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El City Bar advierte que la posibilidad de que los jueces sean investigados y sancionados por emitir resoluciones en el ejercicio de sus funciones judiciales socava principios fundamentales del debido proceso y viola los estándares internacionales de independencia judicial.
Demandas Urgentes del City Bar
Ante la seriedad de la situación que enfrentan los jueces federales mexicanos Sergio Santamaría Chamú y María Gabriela Ruiz Márquez, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York hace un llamado urgente al gobierno de México, a la FGR, al Consejo de la Judicatura Federal y a todas las autoridades competentes para que cesen de inmediato cualquier forma de criminalización o represalia contra jueces que han actuado en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.
El City Bar exige específicamente a las autoridades mexicanas:
- Cese inmediato de las investigaciones penales contra los jueces federales que otorgaron suspensiones dentro de sus facultades legales. La utilización del poder penal como herramienta de intimidación menoscaba la independencia judicial y la confianza en el Estado de derecho.
- Respeto pleno a la autonomía del Poder Judicial, asegurando que los jueces puedan desempeñar sus funciones sin presiones externas, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales ratificados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Garantías efectivas de protección para los jueces afectados, incluyendo medidas de seguridad para preservar su integridad física y moral, así como su independencia en el ejercicio de la función judicial.
- Cumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre la independencia judicial, emitidas por la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Llamado a la comunidad internacional
El City Bar también instó a garantizar una supervisión cercana por parte de mecanismos internacionales, solicitando a las autoridades mexicanas que no impidan ni interfieran con la observación de los órganos internacionales de derechos humanos. Realiza un llamado respetuoso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados para que se mantengan atentos ante cualquier intento de criminalización de jueces u otros operadores de justicia que pueda poner en peligro la independencia judicial en México.
La comunidad internacional observa de cerca las acciones de las autoridades mexicanas en este caso, ya que serán cruciales para evaluar su compromiso con la legalidad, el respeto a las instituciones y la protección de la independencia judicial. Ante los cambios significativos que enfrenta el sistema judicial mexicano, el City Bar subraya que las autoridades deben asegurar que sus acciones fortalezcan la independencia judicial y el Estado de derecho, en lugar de debilitarlos