La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos apoyó la sentencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) de expedir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura en el país, establecido por ley desde hace siete años.
A través de sus redes sociales, la Oficina ofreció brindar acompañamiento técnico para su adopción y resaltó que la tortura persiste en México y debe erradicarse.
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Asimismo, reconoció a las organizaciones de la sociedad civil que litigaron el caso y señaló que esta sentencia demuestra la importancia de contar con una judicatura independiente, capaz de supervisar imparcialmente la aplicación efectiva del marco normativo de Derechos Humanos en México.
La FGR tiene 10 días para publicar el Programa Nacional
En este contexto, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) la expedición del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (PNT) en cumplimiento con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGT).
La FGR debe de publicar en 10 días hábiles el PNT e iniciar el proceso de implementación conforme a lo establecido en la Ley.
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A través de un comunicado, difundido por la organización Fundar, se señala que el Tribunal detalló que en México la tortura continúa siendo una práctica generalizada, por ello es urgente contar con una política pública para su prevención, investigación, sanción y erradicación.
La creación del Programa Nacional empezó a trabajarse desde 2019
Explica que desde 2019 se trabajó en un programa que definía esta política, en conjunto con diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la FGR ha omitido su publicación hasta el día de hoy.
El trabajo incluye un diagnóstico que reconoce la persistente práctica de tortura en el país, así como la definición de propuestas de objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores e instrumentos de seguimiento de evaluación, definidos en un Comité Directivo.
Es por eso que, la orden de Tribunal deriva de un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, en el que organizaciones integrantes del Observatorio contra la Tortura denunciaron la omisión de la Fiscalía en cumplir con el plazo de 180 días establecido para la emisión del programa.
La omisión de la Fiscalía vulnera los derechos humanos
Además, el Tribunal destacó que el diseño y la elaboración del PNT requieren de la participación de las autoridades competentes y de la sociedad civil. Sin embargo, aclara que la expedición de este es una responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General de la República.
Por otra parte, reconoce que la omisión de la Fiscalía no solo vulnera los derechos de las víctimas de tortura, sino que también lo hace en el derecho de la sociedad a contar con políticas públicas efectivas que garanticen la erradicación de esta práctica.
Asimismo, organizaciones civiles se unieron al llamado para la pronta publicación del Programa Nacional, ya que consideran es una de las herramientas previstas en la LGT para diseñar e implementar políticas públicas específicas para la prevención, investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de la tortura, con base en estrategias y objetivos específicos.
De acuerdo con los datos del Observatorio contra la Tortura, en 2023 se tuvo un registro de al menos 4,592 investigaciones iniciadas por tortura a nivel nacional, de las cuales, solo 18 fueron judicializadas. Datos contrastan con los mensajes de autoridades federales que aseguran que en México ya no se violan los derechos humanos.