La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer esta semana dos iniciativas de ley con las que pretende fortalecer las bases normativas para la ejecución y el éxito de la Estrategia Nacional de Seguridad.
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Dichas iniciativas para la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, fueron turnadas este jueves a la Cámara de Diputados para su análisis y revisión.
Este viernes, la presidenta detalló que el objetivo de estas iniciativas de Ley pretenden que la inteligencia y la investigación se traduzcan en la “judicialización” de casos y en la “detención” de las personas que cometen delitos.
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Para ello, las distintas instituciones del Estado Mexicano tendrán que compartir información. Al mismo tiempo que habrá una modernización de las instituciones de seguridad y policiales de todo el país, así como su coordinación a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También se desarrollará un nuevo sistema a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en materia de inteligencia para el mejoramiento de las investigaciones.
Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública
Esta iniciativa de ley conlleva la creación de una plataforma tecnológica que, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, permitirá mejorar la interconexión con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como con otras dependencias y entidades.
Al compartir información, bases de datos y registros, las instituciones de seguridad podrán llevar a cabo investigaciones estratégicas a partir de productos de inteligencia, y tomar decisiones para la ejecución de operativos de forma más eficiente y en apego al debido proceso, dando como resultado un mayor número de judicializaciones y sentencias condenatorias.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Esta iniciativa establece las bases para la renovación de la principal instancia de coordinación en materia de seguridad pública del país.
Se fortalecen las atribuciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para emitir la política nacional en materia de acreditación y certificación, coordinar el Sistema Nacional de Carrera Policial y llevar a cabo otras funciones de relevancia para el cumplimiento de los fines de la seguridad.
Y se crean instancias para mejorar la coordinación en el ámbito local, así como mecanismos para la colaboración y coordinación del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales con el sistema.
Registro nacional de usuarios de telefonía móvil
Uno de los puntos que más destacan de las iniciativas de Ley en materia de seguridad de Claudia Sheinbaum es la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, el cual será accesible para los organismos de Seguridad Pública.
De acuerdo con la información provista por las autoridades, este registro pretende fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos como el secuestro y la extorsión, no obstante, han garantizado que se respetarán los derechos humanos y el derecho a la privacidad.
El registro correrá a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo, pero todas las instituciones de Gobierno tendrán acceso a esta base de datos, entre ellas:
- La Secretaría de Gobernación (Segob)
- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Para ello se emitirán lineamientos que tendrán que seguir para acceder a la información, entre ellos, el estar en medio de investigaciones que requieran de dicha información.
¿Qué pasará con los operadores móviles?
La iniciativa establece que las líneas de teléfono no podrán activarse hasta que no estén registradas en este sistema, por lo que, los prestadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligadas a registrar a los titulares y usuarios de las líneas telefónicas que usen sus redes.
También tendrán que inhabilitar las líneas que no estén vinculadas a una persona, salvo los servicios de seguridad y emergencia.