Ricardo Adair Coronel es un joven con Síndrome de Asperger que luchó contra una figura legal que le impedía tomar decisiones. Debido a su padecimiento todo debe pasar por un tutor: trámites médicos, asuntos financieros, decisiones jurídicas o incluso actos tan básicos como firmar un documento. Él lo describe como una muerte civil.
Ese escenario lo llevó a emprender un camino largo y desgastante que culminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ahí obtuvo lo que parecía imposible: que el Estado reconociera plenamente su derecho a decidir sobre su propia vida.
Ricardo recuerda cada paso del proceso. Fueron cinco años de litigio y dos de ellos solo para lograr que la Corte atrajera el caso. El primer intento lo hicieron en tribunales locales, acompañados por la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad (COMPE).
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Ahí le explicaron que existía una vía para defender su derecho a decidir: demostrar que la figura que lo colocaba bajo tutela era incompatible con sus derechos. Los juzgados locales no resolvieron a su favor y el caso subió a la Corte.
Cuando llegó al máximo tribunal, empezó a llamar la atención de organizaciones, especialistas y activistas. Era la primera vez que un caso así se discutía a nivel nacional.
La SCJN le concedió un amparo. A partir de entonces, Ricardo dejó de estar bajo sustitución y su palabra volvió a tener efecto legal.
“Ganamos. Desde ese día pude tomar mis decisiones sin que alguien lo hiciera por mí”.
Un precedente
La resolución de la Corte no solo afectó su vida. Abrió un debate nacional y sentó un precedente que más tarde ayudaría a impulsar la reforma al Código Civil de la Ciudad de México, donde se eliminó el esquema que permitía sustituir totalmente las decisiones de una persona adulta.
Hoy, esa figura desapareció y en su lugar existen sistemas de apoyo que reconocen la autonomía, acompañados —cuando es necesario— por personas de confianza, no sustitutos.
“Una persona mayor de 18 años puede decidir por sí misma. Y quienes aún estén bajo ese régimen pueden ir con un juez para pedir que se les devuelva su derecho a decidir”, cuenta Ricardo a La Silla Rota.
JUSTICIA AL FINAL DEL TÚNEL – COBERTURA COMPLETA
La rutina de Ricardo podría parecer sencilla: se despierta, desayuna, va a trabajar, vuelve a casa, apoya a su familia y participa en conferencias sobre discapacidad. Pero esa normalidad era imposible cuando alguien más debía autorizar cada paso.
Hoy, dice que esa normalidad es su mayor victoria.“Ya soy un ciudadano con derechos plenos. Decido yo. Y cuando necesito apoyo, lo recibo de mi mamá o de alguien de confianza”.
No obstante, asegura que aún falta información accesible y en lectura fácil, trámites y espacios realmente accesibles, políticas públicas que expliquen los apoyos disponibles, sensibilización para que el trato no esté guiado por el miedo o la ignorancia, acompañamiento para decisiones importantes, como herencias o poderes anticipados.
Sobre esto último, reconoce que le preocupa el futuro y por eso insiste en que las personas conozcan figuras como la voluntad anticipada, el apoyo notarial y el usufructo vitalicio. “Hay que elegir a alguien de confianza y acercarse a un notario. Hay que saber qué derechos tenemos”.
Retoma el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Todos tenemos derecho a decidir. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie”.
Contexto
En diciembre de 2024, la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Civil y adoptó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), que deroga cualquier figura que permitiera sustituir la voluntad de una persona adulta por su discapacidad o edad. Con ello, todas las personas adultas tienen capacidad jurídica plena, independientemente de su estado de salud, discapacidad o edad.
Para facilitar la implementación, la organización Human Rights Watch (HRW), junto con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, publicó la guía Hoja de Ruta para el Cambio, que orienta a notarías, jueces y autoridades sobre cómo aplicar la reforma respetando la autonomía, voluntad y dignidad de las personas. Esta guía promueve apoyos ordinarios o anticipados para la toma de decisiones —si la persona lo solicita—, en lugar de imposiciones o sustituciones.
De esta forma, el triunfo legal de Ricardo no solo beneficia a él: representa un cambio estructural en la ley, que amplía el derecho a decidir libremente a todas las personas adultas, incluidas las con discapacidad.
Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 había en México 8.8 millones de personas de cinco años o más con alguna discapacidad —aproximadamente el 7.2 % de la población en ese rango.
El colectivo de personas con discapacidad en México es numeroso, diverso y enfrenta barreras estructurales de exclusión.