El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que limitaba la posibilidad de organizaciones defensoras del medio ambiente para promover juicios de amparo en casos en que se pusiera en peligro el derecho a un medio ambiente sano.
El proyecto de Esquivel en la contradicción de criterios 217/2021 respaldaba el criterio de un tribunal que consideró que una organización (persona moral) no puede reclamar su derecho a un medio ambiente sano, y rechazaba que el acta constitutiva de una organización ecologista fuera suficiente para acreditar su interés legítimo.
En la votación, sólo Esquivel y Sara Herrerías consideraron que existía una contradicción de criterios, mientras los otros siete integrantes de la Corte consideraron que no había contradicción, por lo que se desechó el proyecto.
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Organizaciones civiles reclaman diálogo
Tras el fallo, el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro anotó que el proyecto de Esquivel “buscaba restringir el alcance del interés legítimo de las organizaciones de derechos humanos y medio ambiente”.
El Centro Pro, que junto con otras organizaciones hizo un pronunciamiento previo a la sesión en que lamentaban que la Corte se negara a escuchar sus planteamientos, insistió en la importancia de abrir espacios de diálogo en temas relevantes y con impacto en la garantía de derechos.
El miércoles, un día antes de que se celebrara la sesión, organizaciones como Artículo 19, Fundar, CEMDA, entre otros, expresaron su preocupación por la insistencia de la Corte en discutir el tema del interés legítimo.
Contexto: en las reformas a la ley de Amparo se incluyeron requisitos para demostrar que una persona u organización tiene interés legítimo para promover un amparo. La reforma establece que sólo puede solicitarlo quien demuestre que pueda sufrir una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas.
El centro de investigación Fundar señaló que esos criterios son excesivamente restrictivos y limita el acceso de colectivos y grupos en situación de vulnerabilidad a la protección contra un acto de autoridad.
“El interés de la sociedad civil en este diálogo radica en que el proyecto elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa aborda aspectos que impactan directamente a las organizaciones de la sociedad civil que abogan por la defensa de los derechos humanos, tanto ambientales como sociales”.
Las organizaciones consideraron que el objetivo del proyecto es debilitar la participación ciudadana y limitar la protección a comunidades y colectivos, lo que va en contra de lo que dispone el artículo 107 constitucional.