Tras la aprobación en lo particular de la nueva Ley General de Aguas, el Movimiento Agrícola Campesino acusó que no quedaron incorporadas todas las modificaciones que pidieron durante semanas de protestas, bloqueos carreteros y reuniones con legisladores. La minuta ya fue turnada al Senado.
¿Qué pedían los productores?
Productores de Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Baja California habían planteado al menos cinco demandas centrales, entre las que se encuentran eliminar la negativa ficta en todos los procedimientos, para evitar que la falta de respuesta administrativo de Conagua implicara el rechazo automático en trámites de concesiones, transmisiones y prórrogas.
Plantearon reconocer expresamente los alumbramientos y perforaciones históricas, así como los derechos adquiridos de décadas, sobre todo en zonas agrícolas del norte.
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Evitar que la Conagua concentrara atribuciones discrecionales, particularmente en verificaciones, revisiones extraordinarias y caducidades.
También pedían garantizar que la transmisión de derechos de agua no quedara prácticamente anulada o sujeta a criterios discrecionales.
Asegurar reglas claras para la regularización de pozos y usos preexistentes, sin criminalizar a pequeños productores.
A estas demandas se sumó la exigencia de realizar la consulta a pueblos originarios, prevista en el artículo dos de la Constitución, como parte obligatoria del procedimiento legislativo.
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¿Qué cambió en el dictamen final?
Durante la sesión maratónica en la Cámara de Diputados, Morena y aliados presentaron 18 reservas que presuntamente atendían las preocupaciones del sector agrícola. Entre los cambios anunciados destacan:
Ajustes a los artículos sobre transmisiones de derechos, para precisar supuestos y evitar cancelaciones automáticas.
Modificaciones al régimen de caducidades, para que no procedan de manera inmediata sin notificación previa.
Uno de los cambios aprobados en lo particular, tras las reservas, fue la inclusión del reconocimiento de sistemas comunitarios de agua y saneamiento fuera de áreas metropolitanas. Esto se hizo mediante la modificación del artículo 40 de la nueva ley.
Otro cambio fue el artículo 22 donde se realizó la incorporación de un párrafo que regula la transmisión de concesiones o asignaciones, fusiones, escisiones o derechos sucesorios con reasignación de volúmenes.
En el artículo 24 se realizó u ajuste al periodo en que se puede solicitar prórroga de concesiones/asignaciones, ampliando los plazos.
Se establecieron clarificaciones sobre verificaciones y facultades de la autoridad, acotando algunas funciones de Conagua.
Además señalaron que sí se eliminó la negativa ficta en un artículo, aunque no en todos los procedimientos donde los productores pedían aplicarlo.
Otras modificaciones fueron las relativos a sanciones penales por traslados ilícitos de aguas nacionales, sanciones para servidores públicos que otorguen concesiones a cambio de sobornos, modificación de regulaciones de actividades acuícolas, agrícolas y pecuarias bajo ciertos usos.
Visiones encontradas
Según los legisladores de Morena, estos cambios “mejoran la certidumbre” y atienden las inquietudes expuestas en las mesas de diálogo.
Los productores rechazan esa versión. Afirman que no todas las modificaciones prometidas quedaron reflejadas y que varias reservas anunciadas en tribuna no coinciden plenamente con lo publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Señalan, por ejemplo que, aunque se anunció la eliminación de la negativa ficta, esto sólo ocurrió en un artículo, como advirtió el diputado Rubén Moreira, dejando intactos otros procedimientos donde permanece el “silencio negativo” de la autoridad.
Además, sostienen que no se reconocieron plenamente los alumbramientos y perforaciones históricas, uno de los puntos más sensibles para pequeños y medianos productores.
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Acusan discrecionalidades que podrían permitir a Conagua negar transmisiones o iniciar caducidades sin parámetros objetivos.
La consulta a pueblos originarios nunca se realizó, lo que, según organizaciones legales, podría vulnerar el procedimiento legislativo.
La minuta fue enviada al Senado, donde se prevé un debate igualmente tenso. Organizaciones de productores adelantaron que insistirán en cerrar los vacíos que persistieron en la Cámara de Diputados, y no descartan recursos legales si consideran que el procedimiento violó la obligación de consulta previa.
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