La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, en una sesión enmarcada por recriminaciones, acusaciones y un debate que se extendió por más de seis horas.
La mayoría de Morena y sus aliados defendió que la iniciativa combate el acaparamiento, transparenta el uso del recurso y respeta el derecho a la herencia de concesiones; no obstante, la oposición acusó al gobierno federal de centralizar el control del agua para utilizarlo con fines políticos.
El dictamen fue avalado con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones. Destacó que tres diputados del PT votaron en contra y dos legisladores de Morena se abstuvieron.
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Más de 90 cambios
Una vez aprobada en lo general la Cámara aún discute en lo particular y podría prolongarse hasta la madrugada debido a las más de 500 reservas inscritas por 154 oradores. Aunque se espera que sólo se acepten 18 presentadas por Morena.
El Senado fue citado para recibir y discutir la minuta este jueves a las 8 de la mañana, por lo que la Cámara baja aceleró el procedimiento. El dictamen había sido aprobado en comisiones en apenas dos horas la misma mañana, y tras un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se decidió enviarlo de inmediato al pleno, desplazando la discusión de la reforma a la Ley General de Salud.
La sesión inició con tensión: el PAN exigió que la votación del cambio en la agenda se realizara en tablero y no a mano alzada, luego de notar la ausencia parcial de la bancada de Morena. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, concedió la petición, lo que generó reclamos de los legisladores oficialistas. Finalmente, la mayoría se confirmó y el debate avanzó.
La defensa de Morena: “Se termina el acaparamiento”
Morena rechazó las mociones suspensivas del PRI y PAN, y defendió la iniciativa como un paso para acabar con décadas de abuso y uso discrecional del agua por parte de empresarios y exfuncionarios.
Xóchitl Zagal sostuvo que la reforma surge de 450 audiencias públicas y acusó a figuras de oposición como Vicente Fox y Diego Sinhué Rodríguez de haber promovido el acaparamiento del recurso. También señaló a empresarios como Ricardo Salinas Pliego, Claudio X. González y Germán Larrea, a quienes responsabilizó de lucrar con el agua.
Francisco Javier Borrego añadió que gobiernos anteriores entregaron concesiones a élites económicas mientras comunidades enteras sufrían desabasto. Citó como ejemplo a la familia LeBarón, a la que, acusó, se le dieron más de 160 títulos de concesión.
De acuerdo con Morena, la nueva ley mantiene la facultad de los organismos locales de cuenca para expedir títulos; da carácter público al registro de concesiones; garantiza la sucesión automática de derechos por herencia o venta de tierras; obliga a Conagua a expedir un nuevo título en máximo 20 días cuando se acredite sucesión, elimina el mercado negro y sanciona la perforación ilegal de pozos.
El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que Chihuahua “es el paraíso ilegal de perforación” y que quienes protestan son “los depredadores del agua”.
Por el PVEM, Jesús Cuanalo sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el costo político de una reforma que “pone orden”, prioriza el consumo humano, la producción agroalimentaria y combate el uso indebido y la venta ilegal del recurso.
El PAN, PRI y MC denunciaron que el dictamen convierte el agua en un instrumento de control político y financiero.
Agustín Rodríguez acusó a Morena de ser “abusones y tramposos”, y afirmó que la mayoría pretende controlar a campesinos y ganaderos “con la sed de los animales, de los cultivos y de la tierra agrietada”.
Paulo González denunció que el dictamen tuvo “más de 90 cambios en la última hora”, y advirtió que el Fondo Nacional de Reservas permitirá que decisiones sobre el agua se tomen “desde un escritorio en la Ciudad de México”.
También alertó que la Conagua no tiene recursos para las atribuciones adicionales que le impone la reforma, recordando el recorte presupuestal proyectado para 2026.
PRI: multas millonarias y discrecionalidad
Humberto Ambriz sostuvo que la propuesta afectará a millones de productores al prohibir la transmisión libre de derechos de agua; someter las prórrogas y reasignaciones a criterios discrecionales; imponer sanciones millonarias y delitos hídricos que pueden llevar a prisión.
“Todo esto abre la puerta a usar el agua como un instrumento de control político y recaudatorio”, afirmó.
¿Qué cambia?
La nueva ley pretende devolver al agua su carácter de bien público estratégico, dejando atrás su definición como mercancía. El agua ahora es reconocida como un derecho humano prioritario.
Se busca definir con claridad las responsabilidades en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua entre los tres órdenes de gobierno.
La reforma prohíbe la transmisión o cesión de concesiones de agua. Los derechos concedidos ya no podrán venderse, transferirse ni heredarse como antes.
Se incorpora un catálogo explícito de delitos relacionados con el uso indebido del agua, incluyendo el “mercado negro” de agua y el acaparamiento.
Además, quien ceda o transmita concesiones de agua, o cambie el uso fijado en la concesión, puede enfrentar multas de hasta 4.5 millones de pesos.
Las penas pueden llegar hasta 8 años de prisión para quienes realicen estas acciones.
También habrá sanciones para quienes trasladen agua nacional con fines de lucro sin permiso, alteren cauces o realicen extracciones ilegales.
La nueva ley regula la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico.
Se crea un “Fondo de Reserva de Aguas Nacionales”, administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para reasignar volúmenes liberados tras la extinción o cesión de concesiones.
djh