El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos ha transformado a México en un espacio de contención y en un corredor de alto riesgo para las personas en movilidad. Este fenómeno responde a un patrón sistemático de externalización de fronteras, mediante el cual México termina actuando como ejecutor de las políticas restrictivas estadounidenses.
El informe Raíces en la Tormenta: solidaridad y dignidad en un hemisferio blindado realizado por distintas organizaciones documenta que, durante 2025, miles de personas migrantes quedaron atrapadas en un limbo jurídico y físico en México.
De acuerdo con el documento, la aceptación de expulsiones aceleradas bajo el Título 8 y la cancelación de mecanismos como la aplicación CBP One dejaron a más de 30 mil personas varadas en territorio mexicano, expuestas al abuso, la extorsión y la violencia, sin acceso real a procesos de asilo ni a alternativas seguras de movilidad.
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El informe también reporta traslados forzados de personas deportadas hacia el sur del país, particularmente a Tabasco y Veracruz, como una estrategia para impedir que intenten nuevamente cruzar hacia Estados Unidos. Estas prácticas, lejos de disuadir la migración, incrementan la vulnerabilidad al alejar a las personas de redes de apoyo y colocarlas en regiones con fuerte presencia del crimen organizado.
La respuesta del Estado mexicano, señala el informe, ha sido la militarización del control migratorio. Se documenta el despliegue de la Guardia Nacional, la Marina y grupos especiales en zonas fronterizas y rutas clave del sur del país, bajo esquemas de cooperación bilateral como el Entendimiento Bicentenario.
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A este despliegue se suma el uso de tecnologías de vigilancia avanzada, como drones, sistemas biométricos y el intercambio de datos entre gobiernos. Las organizaciones advierten que estos mecanismos no solo impactan a las personas migrantes, sino que ponen en riesgo a defensoras y defensores de derechos humanos, al facilitar la vigilancia, el hostigamiento y la criminalización de su labor.
Las restricciones y el cierre de vías seguras han empujado a las personas migrantes a rutas cada vez más peligrosas, como el desierto de Sonora, fortaleciendo el negocio del crimen organizado transnacional. En este corredor de riesgo, las personas quedan expuestas a secuestros, extorsiones y abusos, tanto por parte de redes criminales como de algunas autoridades. Las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ enfrentan una exposición desproporcionada a la violencia sexual y al secuestro.
El bloqueo administrativo agrava este escenario. Desde 2024, el gobierno mexicano ha dejado de emitir tarjetas de visitante por razones humanitarias a solicitantes de refugio, anulando su acceso a derechos básicos como salud, vivienda y trabajo. A ello se suma la fusión de facto de la COMAR con el INM, que ha debilitado la autonomía del sistema de asilo.
Según las organizaciones este entramado es como una “maquinaria de la regresión”, en la que México opera como un embudo que detiene y desplaza a las personas migrantes, exponiéndolas a una crisis de derechos humanos y seguridad sin precedentes.
Migrar en territorio del crimen
El cierre de vías legales y seguras no ha detenido la movilidad humana. Por el contrario, el informe sostiene que estas políticas han empujado a las personas migrantes hacia la clandestinidad, fortaleciendo económicamente a las redes criminales.
Las rutas se han desplazado hacia corredores dominados por el crimen organizado, donde se ha documentado un aumento dramático de secuestros, extorsiones y violencia sexual, con impactos desproporcionados en mujeres, niñas, niños y personas LGBTIQ+. En este contexto, la impunidad persiste debido a la omisión, colusión o incapacidad del Estadopara enfrentar el control territorial de estos grupos.
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Uno de los señalamientos es que las desapariciones de personas migrantes no deben entenderse como hechos fortuitos, sino como consecuencias directas de decisiones políticas.
Estas desapariciones, advierte el documento, generan una tortura psicológica permanente para las familias, a quienes se les vulnera el derecho a la verdad, a la búsqueda y a la justicia.
Criminalización y discurso de odio
El informe también alerta sobre la criminalización de la solidaridad, el hostigamiento a albergues y organizaciones civiles, así como el retiro de apoyos a la asistencia humanitaria. Todo ello ocurre en un contexto marcado por narrativas políticas que califican la migración como una “invasión”, legitimando políticas de mano dura y profundizando la xenofobia y el racismo estructural en la región.
Un continente blindado
En conjunto, el documento concluye que las Américas atraviesan una transformación profunda: la construcción de un continente blindado, donde el cierre de fronteras, la externalización del asilo y la militarización han convertido la movilidad humana en un asunto de seguridad nacional.
En ese entramado, México ocupa un lugar central como corredor de riesgo, un territorio donde la migración dejó de ser un tránsito para convertirse en una experiencia marcada por la violencia, la desaparición y la impunidad.