SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Investiga Gobierno licitación de vales de despensa de burócratas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga la inconformidad presentada por Toka Internacional contra la empresa ganadora Servicios Broxel, derivada de la licitación federal para el suministro de vales de despensa a personas servidoras públicas.

Créditos: Cuartoscuro
Escrito en NACIÓN el

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que da seguimiento al procedimiento de inconformidad presentado por Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V., en relación con la licitación pública nacional para el suministro de vales de despensa destinados a personas servidoras públicas del Gobierno Federal.

La inconformidad fue presentada contra la empresa ganadora, Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., y se encuentra en etapa de revisión conforme a la normatividad aplicable, con el objetivo de determinar, en su caso, posibles responsabilidades derivadas del proceso.

El pasado 28 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-06-400-006400001-N-19-2025, denominada “Servicio de suministro de vales electrónicos de despensa para el otorgamiento de la prestación de la medida de fin de año para el ejercicio fiscal 2025”.

En dicho procedimiento participaron Servicios Broxel, que ofertó un descuento del 3.01 por ciento, y Toka Internacional, con un descuento del 2.84 por ciento. El contrato contempló la atención de 206 instituciones de la Administración Pública Federal, con una vigencia del 8 al 31 de diciembre de 2025, y un monto mínimo de 7 mil 345 millones de pesos, con un máximo de 10 mil 338 millones de pesos.

De acuerdo con la información oficial, Toka Internacional presentó el procedimiento de inconformidad el pasado 11 de diciembre, al señalar que, en su propuesta económica, la empresa ganadora no habría especificado precios unitarios.



La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que la inconformidad es un medio legal mediante el cual las personas participantes en un procedimiento licitatorio pueden hacer del conocimiento de la autoridad posibles irregularidades en materia de contrataciones públicas, mismas que se analizan conforme a las etapas y plazos establecidos en la ley.

Con estas acciones, la dependencia refrendó su compromiso con la legalidad y la integridad en las compras públicas, al advertir que incumplir o engañar en los procedimientos de contratación, ya sea para obtener contratos o durante su ejecución, tiene consecuencias.