Las intervenciones de comunicaciones privadas y las llamadas de cobertura fueron determinantes para la captura de integrantes de una red criminal vinculada a Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, señalada por el tráfico de armas, hidrocarburos y el pago de sobornos a servidores públicos.
A través de conversaciones telefónicas, la Fiscalía General de la República (FGR) reconstruyó la operación interna, las funciones de cada integrante y los vínculos de la banda con servidores públicos.
La indagatoria federal echó mano de técnicas especiales de investigación y documenta cómo los miembros de la red utilizaron coordinar la venta de armas, el tráfico de huachicol, el lavado de dinero y el pago de sobornos a través de sus teléfonos, lo que dejó un rastro directo de sus actividades ilícitas.
Te podría interesar
La causa penal 495/2025 señala que la indagatoria comenzó a partir de una denuncia anónima, en la que se proporcionaron números telefónicos presuntamente utilizados por los integrantes del grupo criminal. A partir de esta información, elementos de la Guardia Nacional realizaron llamadas de cobertura que permitieron confirmar identidades y obtener indicios directos de conductas delictivas.
Juez aprobó datos obtenidos por escuchas
En la etapa correspondiente a la orden de aprehensión, el juez consideró que los datos de prueba aportados por el ministerio público, particularmente las intervenciones telefónicas, resultaban eficaces y suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos de tráfico de armas de fuego y en materia de hidrocarburos.
Asimismo, el juez concluyó que de las llamadas telefónicas y demás indicios se desprendía la existencia de una organización integrada por más de tres personas, estructurada de hecho, con carácter reiterado y permanente, cuyos integrantes se coordinaron para la realización sistemática de conductas delictivas.
Las conversaciones evidenciaron acuerdos previos, distribución de funciones y continuidad en la ejecución de las actividades ilícitas.
Tráfico de armas
De acuerdo con el expediente, uno de los primeros contactos fue con un sujeto identificado como “Kevin”, quien confirmó ser líder en la venta de armas. En la conversación telefónica, el individuo ofreció abiertamente armamento, refiriendo contar con “dos largas y cuatro cortitas”, y sugirió continuar la negociación vía Whatsapp.
Otro de los números verificados correspondió a Jacobo Reyes León, identificado como el “Yeicob” quien confirmó su identidad y, ante la propuesta de un supuesto servicio de chofer o escolta, preguntó si podía “mover armas” y llevarlas a “remarcar por allá por Querétaro”, proporcionando incluso un segundo número telefónico para continuar la comunicación.
En llamadas posteriores, Jorge Alberts Ponce reconoció su identidad y, tras ser mencionado el nombre de “Yeicob”, dio instrucciones para que el interlocutor acudiera a su oficina a recoger armas que debían ser trasladadas a Querétaro, lo que reforzó la hipótesis de una red organizada para el tráfico de armamento.
Las llamadas también evidenciaron la operación ilegal de hidrocarburos. Un sujeto identificado como “Iker”, señalado como encargado del huachicol en Huehuetoca, habló abiertamente de la “movida” del combustible y reconoció que no emitía facturas, ya que, según sus propias palabras, “todo es del tubo”.
Negociaron venta de combustible sin factura
De manera similar, Daniel Roldán Morales, alias “El Inge”, confirmó su identidad y explicó que la venta de gasolina a empresas de transporte se realizaba sin facturación. En una llamada, indicó que el trámite fiscal “te encargas tú”, reiterando que el combustible provenía directamente de tomas clandestinas.
Más allá de las llamadas de cobertura, la Fiscalía obtuvo autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas, entre ellas la identificada como ICP 1985/2024-I, lo que permitió documentar el funcionamiento interno de la organización.
En materia de tráfico de armas, las comunicaciones revelaron que Jorge Alberts Ponce, alias “Yoryi”, negociaba la compra, venta y registro de armas cortas y largas, de marcas como Glock, Ceska, Beretta y Sig Sauer, así como la obtención ilegal de licencias de portación. Las llamadas también evidenciaron prácticas de remarcado ilegal de armas y negociaciones con integrantes del crimen organizado, incluido un presunto miembro del Cártel del Golfo.
Respecto al tráfico de hidrocarburos, las conversaciones entre Jacobo Reyes León y Daniel Roldán Morales detallaron el cruce ilegal de diésel y nafta desde Guatemala, utilizando botes ganaderos y contenedores de mil litros para evadir retenes y controles aduanales. En una de las llamadas, Roldán explicó cómo un retén de la Fiscalía en Jonuta, Tabasco, fue evitado luego de que un guía se adelantó, provocando que algunos choferes desistieran del traslado.
Las grabaciones también revelaron la existencia de pagos a autoridades. En varias conversaciones se mencionan “arreglos” con elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía para permitir el paso del combustible en la ruta Chiapas–Tabasco.
Uno de los apartados más delicados del expediente corresponde al tráfico de influencias dentro de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). De acuerdo con las intervenciones, Jacobo Reyes León utilizaba llamadas telefónicas para coordinar pagos a servidores públicos a cambio de información y copias de expedientes.
En una conversación con su esposa, Jeny Guzmán Cintora, Jacobo mencionó que entregaría 400 mil pesos a una agente del Ministerio Público, identificada en la investigación como Mari Carmen Ramírez Rodríguez, alias “La Fiscal”. El dinero, dijo, sería entregado fuera de las oficinas de la FEMDO.
Días antes, el mismo investigado afirmó que, gracias a un contacto identificado como “Pol” o “Paul”, habían logrado reducir los pagos a la Fiscalía, pasando de 1.5 o 1.8 millones de pesos a una cantidad que calificó como “simbólica”.
Las comunicaciones también permitieron documentar un esquema de despojo de inmuebles, en el que Jorge Alberts Ponce y Sergio Abraham Lara Paz, alias “Lara”, planeaban ocupar propiedades abandonadas, cambiar chapas y simular posesión legal. Posteriormente, buscaban obtener escrituras a nombre de empresas de seguridad para hipotecar los inmuebles y obtener recursos.