Un Juez de Control Federal dictó auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó los elementos de prueba que demuestran que Duarte, mientras fungió como servidor público, habría instrumentado un complejo esquema para desviar y ocultar más de 73 millones de pesos del erario estatal.
Contexto: La investigación de la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), señala que el exgobernador de Chihuahua utilizó su posición para desviar fondos públicos destinados, en teoría, al apoyo del sector ganadero de la entidad.
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El mecanismo del delito consistió en:
- Transferencia de recursos: Se ordenaron transferencias de recursos estatales por un monto total que superaba los 96 millones de pesos a dos entidades privadas: la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y la Financiera de la División del Norte SOFOM.
- Conflicto de interés: El exgobernador figuraba como accionista mayoritario en ambas empresas.
- Lavado de dinero: De este total, la FGR documentó que 73 millones 925 mil 995.09 pesos fueron objeto de operaciones para ocultar su procedencia. Esto incluyó ocho operaciones distintas y la dispersión del dinero mediante transferencias sucesivas hacia cuentas personales de Duarte, su esposa y sus hijos, con el fin de dificultar el rastreo de los fondos.
Antecedentes legales y la autorización de EU
Esta vinculación a proceso corresponde a una causa penal federal independiente de los cargos por peculado y asociación delictuosa que enfrenta el exgobernador ante la Fiscalía de Chihuahua, delitos por los cuales fue extraditado desde Estados Unidos en junio de 2022.
Debido a que la extradición inicial tenía un principio de especialidad (solo permitía juzgarlo por los delitos solicitados originalmente), fue necesario que la FGR gestionara ante el Gobierno de Estados Unidos una autorización para procesarlo por un delito distinto. Dicha autorización, crucial para este nuevo proceso, fue concedida el pasado 4 de diciembre de 2025.
Tras ser detenido el 8 de diciembre en Chihuahua, Duarte fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, donde el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El juez de control fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, el cual vencerá en junio de 2026, periodo durante el cual la Fiscalía y la defensa reunirán pruebas adicionales. Con esta decisión judicial, el caso contra César Duarte entra en una fase clave por los delitos de corrupción y desvío de recursos durante su administración.
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