La Fiscalía General de la República (FGR) emitió este sábado 13 de diciembre un comunicado referente a la investigación en curso contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), acusada de uso ilícito de atribuciones por supuestamente haberse beneficiado de la pensión vitalicia de su esposo, un exfuncionario de Pemex, fallecido hace más de 20 años.
La FGR precisó que el Ministerio Público Federal (MPF) se encuentra analizando detalladamente la indagatoria judicializada, con el objetivo de verificar que haya sido integrada en estricto apego al marco legal.
La institución federal también aclaró la línea de tiempo del proceso, señalando que la investigación fue judicializada desde el mes de septiembre, y no recientemente, como han indicado algunas versiones que calificó de erróneas.
Te podría interesar
Finalmente, la FGR negó rotundamente trabajar "por consigna", rechazando las publicaciones que han señalado dolosamente esta práctica en redes sociales, y afirmó que su labor se realiza en el marco de la ley, sin sesgos, para garantizar el respeto de los derechos de todas las personas.
María Amparo Casar es una conocida crítica de los gobiernos de Morena. El próximo martes 16 de diciembre se llevará a cabo la primera audiencia de la directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Claves de la acusación contra María Amparo Casar
El proceso se desprende de la acusación de que María Amparo Casar se benefició supuestamente de la pensión vitalicia de su esposo, Carlos Márquez, quien fue exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) y falleció hace más de dos décadas.
Las acusaciones públicas iniciaron en mayo de 2024, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
En ese momento, Octavio Romero Oropeza, entonces director de la petrolera, afirmó que Casar llevaba 20 años cobrando la pensión. Según los señalamientos, el reglamento de Pemex prohíbe el cobro de la pensión si la causa de muerte del funcionario es el suicidio, lo que habría sido el caso de Márquez.
Romero Oropeza afirmó que Casar, junto con el periodista Héctor Aguilar Camín, habría acudido ante el procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, con la intención de que se eliminara la causa de muerte como suicidio del dictamen pericial. Aunque en el dictamen oficial la causa de muerte permaneció como suicidio, Pemex supuestamente otorgó el beneficio porque en sus registros aparecía como accidente. Casar, por su parte, negó y niega que ese encuentro haya ocurrido.
Consecuencias y defensa
Pemex detuvo los pagos de la pensión en 2024 y buscó cobrar lo que los familiares de Márquez habían obtenido hasta ese momento, un monto que la petrolera calculó en unos 31 millones de pesos, incluyendo pagos mensuales de 125,000 pesos y un seguro de 17 millones de pesos.
Contexto: El 3 de mayo de 2024, la presidencia de la República subió a su página electrónica tres expedientes que hicieron públicos con cientos de documentos, como el acta de defunción de Carlos Márquez Padilla, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa Administración de Pemex; la credencial de elector de María Amparo Casar e información personal de sus hijos, como su historial académico, recibos de pago, transferencias bancarias, domicilios, cuentas bancarias y otros documentos con datos personales.
"Expusieron de forma irregular un caso resuelto hace veinte años, el cual sirve de cuña con la que el presidente mexicano quiere tomar venganza de la mujer que por años ha encabezado una organización que busca eliminar la corrupción y la impunidad en México, vicios que se han asentado en el sistema político mexicano", expuso Joel Hernández Santiago, en su columna de opinión publicada por La Silla Rota.
El periodista señala que durante meses y años el entonces presidente había mostrado animadversión en contra de Casar, al asociarla con Claudio X. González, a quien considera uno de sus "archienemigos" políticos, así como a la creación de un organismo que –dijo hace tiempo– recibe dinero del gobierno de Estados Unidos para crear animadversión hacia su gobierno.
La respuesta de Casar
Casar respondió a los señalamientos del expresidente López Obrador diciendo que "ejercer un derecho nunca puede ser corrupción" y acusó al mandatario de utilizar una tragedia familiar para mentir, lastimar y obtener lucro político.
Es relevante señalar que, tras la suspensión de los pagos por parte de Pemex, un juez de lo laboral pidió en mayo de 2024 que la pensión fuera restablecida. En junio de ese año, el juez sexto de Distrito en materia de Trabajo de Ciudad de México dictaminó que la pensión es un derecho adquirido, por lo que el pago debía continuar.
A pesar de estas resoluciones laborales, la FGR decidió iniciar un proceso penal contra la analista. La primera audiencia del caso está programada para el 16 de diciembre de la próxima semana, momento en que se determinará si Casar, junto con dos personas más, será vinculada a proceso. De encontrar pruebas suficientes para iniciar el juicio, los acusados podrán llevarlo en libertad.
Los señalamientos de María Amparo Casar
En entrevista con La Silla Rota en abril de 2024, María Amparo Casar advirtió que “hoy ni siquiera tendríamos que estar hablando de corrupción, atendiendo los dichos de (Andrés Manuel) López Obrador, ese fenómeno ya no existe”. Sin embargo, fue en este sexenio cuando se cometió el mayor desfalco de dinero público –en la historia del país– en un solo evento: el caso Segalmex, documentado paso a paso y peso a peso por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En entrevista María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, habló sobre los 6 capítulos que conforman su nuevo libro “Los puntos sobre las íes: el legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó”. Todos los capítulos de esta obra inician con i y la analista los desmenuza uno a uno, con ejemplos documentados, para evidenciar que el gobierno de la 4T sí mintió, sí robó y sí traicionó al pueblo de México.
“Descubrí que podíamos agrupar lo que había ocurrido en esta, en esto que yo llamo una regresión autoritaria del gobierno de López Obrador en 6 grandes categorías: que son la (des)institucionalización, la ilegalidad, la impunidad, la (des)información, la incompetencia y la incongruencia. Son, entonces, los 6 capítulos del libro que, me parece, definen el sello del gobierno de López Obrador”.