El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, enfrenta un nuevo vuelco judicial que podría frenar de manera definitiva su posible liberación en 2026, luego de que el Gobierno de Guatemala autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) a formular nuevas imputaciones por presuntos desvíos millonarios de recursos federales destinados al sector salud durante su administración.
Con ese aval internacional, la FGR presentó una nueva acusación por el presunto desvío de 10 millones de pesos del erario veracruzano. La solicitud fue realizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que pidió a Guatemala permitir la imputación de delitos distintos a los incluidos en la extradición concedida en 2017.
De acuerdo con el principio de “regla de especialidad”, México no podía procesar a Duarte por cargos adicionales sin el consentimiento del país que lo extraditó, ya que Guatemala lo entregó únicamente por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
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Sin embargo, autoridades federales confirmaron que la autorización ya fue otorgada, lo que permitió a la FGR presentar ante un juez federal la primera acusación por peculado, relacionada con anomalías en el manejo de partidas federales destinadas a programas de salud.
La audiencia inicial, prevista para el 27 de noviembre, fue suspendida después de que la defensa informó que Duarte presentaba un padecimiento de salud, por lo que el Poder Judicial deberá fijar una nueva fecha para continuar el proceso.
En riesgo de prisión preventiva por desfalco
De acuerdo con información de la Físcalia, desde los primeros meses del mandato de Javier Duarte, comenzó a operar un esquema sostenido de desvío de recursos públicos en Veracruz.
Las irregularidades detectadas en Veracruz durante el gobierno de Duarte representan el mayor desfalco registrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con más de 62 mil millones de pesos de fondos federales manejados de manera irregular.
En caso de que esta nueva imputación avance, la FGR podría solicitar prisión preventiva justificada, lo que impediría que Duarte abandone el Reclusorio Norte en abril de 2026, fecha en que está programado que concluya su condena por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Guatemala entregó a Duarte solo por lavado y asociación
Contexto: En 2017, Guatemala extraditó a Javier Duarte únicamente por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, los únicos por los que México podía procesarlo y ante los cuales el exgobernador se declaró culpable.
Un año después, en septiembre de 2018, recibió una sentencia de nueve años de prisión, contados desde el momento de su detención. Además, se le impuso una multa equivalente a 3 mil 70 dólares y el decomiso de 40 propiedades ubicadas en distintas entidades del país.
Duarte obtuvo esta resolución tras aceptar un procedimiento abreviado con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), lo que le permitió evitar un juicio oral al reconocer su responsabilidad en los delitos que se le imputaron.
gph