El gobierno de Perú anunció este lunes que decidió romper relaciones diplomáticas con México, tras informar que la ex primera ministra peruana Betssy Chávez "está siendo asilada en la residencia de la embajada" de México en Lima. Ante esta situación, policías mantienen resguardada la sede de la representación mexicana en territorio peruano.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó de "excesiva" la decisión del país sudamericano y afirmó que su decisión se apegó al derecho internacional.
"El gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México", informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.
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El ministro explicó que esta decisión se tomó "frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú".
El comunicado oficial añadió que la decisión tomada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum "evidencia la profunda falta de interés del Gobierno de México por mantener una relación con Perú".
"El Perú, estado democrático de derecho que actúa con estricto apego al derecho internacional, de manera consistente, procederá en la presente situación de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y otras normas internacionales que fueran pertinentes", concluyó.
Al anunciar la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, el canciller aclaró que la ruptura "no significa" que se hayan "roto relaciones consulares" con México.
Descartó, además, que una ruptura de relaciones pueda llevar a una posible intervención en la sede de la embajada mexicana similar a lo ocurrido en Ecuador el año pasado donde se detuvo al exvicepresidente correísta Jorge Glas, ya que, según dijo De Zela, "Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de este tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional".
Chávez está acusada junto a Castillo por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo, de quien era primera ministra.
México rechaza decisión de Perú
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que la decisión de otorgar asilo diplomático a Chávez Chino fue tomada al amparo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras “una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político”, así como en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación de nuestro país en materia de asilo y refugio.
“Por lo anteriormente expuesto, México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”.
Afirmó que México seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas. Asimismo, siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias.
Betssy Chávez, una "perseguida política", abogado
El abogado de Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente peruano Pedro Castillo, enjuiciada como cómplice del fallido golpe de Estado que el exmandatario quiso dar desde el poder a finales de 2022, afirmó este lunes que su defendida es una "perseguida política" y aún está a la espera de confirmación de que ha recibido asilo por parte de México.
"De confirmarse que Betssy Chávez ha solicitado asilo político al Estado de México y si el Estado de México, conforme a las reglas del derecho internacional otorga el asilo, lo único que quedaría es reconocer y agradecer al Estado de México de que es consciente de que Betssy Chávez es una perseguida política", dijo el abogado Raúl Noblecilla en un vídeo publicado en redes sociales.
Noblecilla sostuvo que Chávez es una "perseguida política, como lo es sin duda el presidente Pedro Castillo y todos los que están injustamente en ese juicio, que es una farsa total, con jueces provisionales y políticos, que lo único que quieren hacer es cumplir con el mandato de un régimen que no es democrático".
La disputa entre México y Perú
Contexto: desde la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, las relaciones entre México y Perú iniciaron un deterioro pronunciado. El Congreso peruano declaró vacante a Castillo por “incapacidad moral permanente”, luego de que él anunciara la disolución del Parlamento e instaurara un estado de excepción.
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En ese contexto, el gobierno mexicano, encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la legitimidad del proceso, reconoció a Castillo como presidente legítimo y ofreció asilo político a su familia.
El gobierno de Dina Boluarte en Perú interpretó estas acciones como una injerencia en sus asuntos internos. En una declaración del 15 de diciembre de 2022, la Cancillería peruana acusó a México de “intromisión” tras reconocer a Castillo y también llamó a consulta al embajador mexicano en Lima.
Asimismo, el 9 de diciembre, Lima transmitió una nota diplomática a México por los comentarios del presidente AMLO y del canciller mexicano acerca de la crisis peruana.
Por su parte, México sostuvo que su accionar respondía a principios de “no intervención” y de protección de Derechos Humanos, argumentando que Castillo había sido víctima de un proceso lleno de irregularidades y de hostigamiento político.
Esta postura generó un choque directo con la visión peruana, que consideró que el propio exmandatario había intentado un autogolpe y que su remoción era constitucional.
En abril de 2024, la crisis dio un nuevo giro cuando Perú, junto con otros países, declaró persona non grata al embajador de México y retiró personal diplomático, reduciendo la relación bilateral a nivel de encargados de negocios.
Este hecho histórico —nunca antes visto en la relación bilateral en esos términos— reflejó el grado de ruptura y desconfianza alcanzado.
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La disputa no solo se limitó a la diplomacia bilateral sino que se extendió a mecanismos regionales. Por ejemplo, México se negó a entregar la presidencia pro-tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, alegando que el gobierno de Boluarte era “ilegítimo” producto de un golpe de Estado.
En respuesta, Perú advirtió que el bloqueo generaba responsabilidad internacional y acusó a México de paralizar la integración regional.
Con información de EFE.