La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que no existe ninguna razón válida para que productores agrícolas y transportistas mantengan los bloqueos carreteros que desde hace días afectan distintas regiones del país. Afirmó que el Gobierno federal ha sostenido un diálogo abierto “sin restricciones” y que las movilizaciones tienen un trasfondo político impulsado por dirigentes vinculados a partidos de oposición.
Durante la conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes el titular de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, el subsecretario César Yáñez y el titular de Conagua, Aaron Mastache, la encargada de la política interna del país insistió en que la protesta está concentrada en solo tres organizaciones, cuyos líderes, dijo, militan o han militado en el PRI, PAN y PRD.
“Si no quieren sentarse y continúan con los bloqueos que afectan a la población, entonces ¿cuál es la motivación real? Porque aquí estamos, la mesa está abierta”, declaró.
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Rodríguez informó que en las últimas tres semanas se han realizado más de 200 reuniones con productores agrícolas a través de la Secretaría de Agricultura, así como múltiples mesas de trabajo con transportistas, de las cuales —aseguró— 11 organizaciones fueron convocadas, pero 10 se deslindaron de los bloqueos. “Solo una está movilizándose”, subrayó.
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Apuntaron que de 11 organizaciones transportistas que hay en el país, solo la Asociación Nacional de Transportistas se está movilizando. Y únicamente entre mil y mil 500 agricultores que pertenecen al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y al Movimiento Agrícola Campesino. Señalaron a esas tres organizaciones como quienes están siendo parte del bloqueo e incluso dieron a conocer 10 cartas de otros organismos que se han deslindado.
De acuerdo con los funcionarios la demanda principal del sector agrícola gira en torno al precio del maíz. Berdegué explicó que los precios internacionales afectan al mercado nacional y que México “no tiene posibilidad de bloquear la entrada de grano”. Relató que los industriales “empezaron ofreciendo 94 dólares por tonelada y se logró subir a 105”, aunque reconoció que todavía está por debajo de los costos de producción.
El funcionario insistió en que no se está “dando atole con el dedo” y defendió la inversión pública: programas sociales, fortalecimiento de Liconsa y apoyos directos, que dijo, “son medidas de justicia social”.
En materia de seguridad carretera —uno de los reclamos más insistentes de los transportistas— la titular de Gobernación respondió que el tema debe atenderse “de manera técnica, no política”, y que ya existe un plan en coordinación con autoridades estatales y la Guardia Nacional. Afirmó que el gobierno está obligado a persuadir a quienes realizan bloqueos que ponen en riesgo a terceros, incluso citó el caso de personas que suben a los camiones en protesta: “Nos preocupa la integridad de todos. Lo que queremos evitar es que haya un daño mayor”.
En medio de la discusión legislativa sobre la nueva Ley General de Aguas, el representante del sector hídrico, Aaron Mastache, expuso que la iniciativa busca garantizar el derecho humano al agua y “evitar que el recurso siga considerándose una mercancía”.
Señaló que en los foros sobre la ley están participando autoridades de los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales y la Conagua. Aseguró que el debate sigue abierto y que quienes están bloqueando carreteras “saben que están afectando a la ciudadanía” pese a que el gobierno, dijo, les ha reiterado: “Aquí estamos. El espacio para el diálogo está abierto”.
La Segob cerró enfatizando que los problemas “no se resuelven desde el bloqueo. Se resuelven en la mesa”. El gobierno federal los convocó a mantener hoy las mesas de diálogo y retirar los bloqueos.