La Fiscalía General de la República informó la vinculación a proceso de un abogado identificado como Luis “M”, señalado por la probable comisión del delito de cohecho cometido por particular. El inculpado colaboraba con una empresa del sector farmacéutico en la capital del país.
La acusación se originó en una indagatoria de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, que registró un intento de entrega de dinero a personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La carpeta del Ministerio Público Federal incluyó declaraciones de los verificadores que participaron en el operativo.
De acuerdo con la información recopilada, la propuesta de dinero se realizó durante una visita de verificación en una farmacia de la Ciudad de México. Los servidores públicos rechazaron el ofrecimiento y notificaron el hecho a las autoridades ministeriales.
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El juez federal que encabezó la audiencia inicial determinó la existencia de indicios para continuar el proceso judicial. Estableció un periodo de un mes y 15 días para la investigación complementaria.
Inicio del proceso y reserva de datos del caso
La FGR indicó que el procedimiento continuará bajo reserva debido a la participación de una empresa privada en la verificación sanitaria. La Fiscalía no difundió el nombre de la compañía involucrada mientras avanza el análisis de los documentos presentados en audiencia.
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Diversas fuentes refirieron que el monto ofrecido alcanzó los 100 mil pesos, aunque este dato no se confirmó oficialmente. La autoridad ministerial señaló que los elementos del caso permitirán revisar si existen otras prácticas irregulares asociadas a trámites sanitarios.
La Fiscalía añadió que la vinculación a proceso permitirá integrar nuevos testimonios y solicitar medidas adicionales si surgen indicios sobre posibles actos reiterados de soborno. El expediente seguirá en manos del Ministerio Público Federal.
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Antecedentes recientes sobre corrupción en Cofepris
El caso de Luis “M” se registró en un contexto de investigaciones previas desarrolladas por el órgano regulador y otras dependencias federales. En abril de 2025, el gobierno revisó irregularidades en compras consolidadas de medicamentos para el periodo 2025–2026, donde identificó inconsistencias en documentos presentados por múltiples proveedores.
Esa revisión llevó a la inhabilitación temporal de una empresa y abrió nuevas pesquisas por supuestos permisos falsificados. Varias compañías quedaron bajo análisis debido a que su actividad principal no correspondía al sector farmacéutico.
En julio de 2024, Cofepris detectó una red interna que otorgaba resoluciones favorables a una sola empresa. La revisión de expedientes reveló diferencias en los criterios aplicados para el otorgamiento de registros sanitarios y derivó en ajustes administrativos.
En febrero de 2023, la Comisión, en coordinación con la Secretaría de Marina, separó de sus funciones a varios servidores públicos como parte de una revisión de prácticas internas. La información recuperada incluyó archivos destruidos y comunicaciones con actores externos.
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Estrategias de control y vigilancia sanitaria
Las autoridades federales impulsan mecanismos de seguimiento para prevenir actos de corrupción en el sistema sanitario. Entre estas acciones se encuentra la colaboración con la Secretaría de la Función Pública, que participó en la Estrategia Nacional de Buen Gobierno presentada en 2022.
Una de las herramientas implementadas en ese periodo fue el uso de cámaras de solapa para verificadores sanitarios, con el fin de registrar visitas de inspección en tiempo real. La medida busca fortalecer la trazabilidad de las verificaciones y generar registros de cada procedimiento.
La FGR mantiene prioridad en investigaciones relacionadas con sobornos y otros delitos vinculados con trámites sanitarios. Cada caso continúa su curso conforme se integran los elementos necesarios para determinar responsabilidades.
VGB