Cada año entre 50 y 75 mil trabajadores agrícolas mexicanos migran a Canadá para emplearse en la industria alimentaria bajo programas de trabajo temporal. Muchos llegan a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), un esquema legal y bilateral que ha sido cuestionado por permitir que las personas trabajen sin mecanismos efectivos para ejercer sus derechos laborales.
Pablo Godoy, director nacional de UFCW (United Food and Commercial Workers Canada) sindicato que durante 30 años ha brindado apoyo legal, médico y social a trabajadores extranjeros en ese país, explicó a La Silla Rota que han documentado una serie de testimonios de trabajadores sobre las condiciones para mejorar su trabajo, sin embargo, las autoridades mexicanas les han negado la oportunidad de presentarlos en las reuniones.
Godoy señaló que los trabajadores enfrentan condiciones laborales que, en palabras del relator especial de la ONU, “parecieran ser nuevas formas de esclavitud moderna”, al no contar con instituciones que les permitan poner quejas sin miedo a ser despedidos o deportados.
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“Si es que tienen buena suerte y se conectan o consiguen empleo con un buen empleador, todo está bien. Pero cuando no tienen una experiencia buena, ya sea en lo que es su vivienda o en el lugar de trabajo, realmente se quedan sin opciones”.
Sin diálogo con autoridades
Aunque tienen convenios de colaboración con seis gobiernos estatales de México para dar capacitaciones antes de que los trabajadores salgan del país, Godoy denuncia que ni la Secretaría del Trabajo ni la Cancillería mexicana los recibieron cuando quisieron entregar un informe reciente sobre las condiciones de los trabajadores.
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“No los atendieron. Es sorprendente, ya que se supone que el gobierno tiene un interés mayor de proteger a los trabajadores agrícolas (…) Seguimos pidiéndole acceso para traerles este informe”, lamentó.
Pese a que los consulados mexicanos deberían brindar acompañamiento, “no tienen marco legal para prestarle ese apoyo al trabajador”, señaló. “Tienen falta de recursos, falta de marco legal para traerles o darles ese respaldo”.
En contraste, la UFCW tiene capacidad legal en Canadá para interceder por los trabajadores: “Nosotros tenemos el marco jurídico para ayudarles a conseguir permisos abiertos si están con un empleador que los explote”. Tan solo en el último año, la organización ayudó a más de mil trabajadores –la mayoría mexicanos– a obtener un permiso abierto.
Godoy expuso que operan diez centros de apoyo en todo Canadá donde brindan servicios gratuitos: capacitación en derechos laborales, clases de inglés, clínicas de salud, asesoría legal y apoyo en trámites de migración y residencia. “Se estima que menos del 10% de los trabajadores que vienen a Canadá bajo el PTAT acceden a los beneficios sociales que les corresponden”, advirtió. “Nosotros hemos ayudado a recuperar más de 30 millones de dólares en esos beneficios”.
Piden mejorar el programa
UFCW representa a más de 250,000 trabajadores en Canadá y ha firmado convenios con los gobiernos de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Michoacán e Hidalgo.
En 2025, capacitaron a 1,750 trabajadores mexicanos antes de su viaje a Canadá (el 8% del total del año)
Sobre la reunión anual de evaluación del PTAT entre gobiernos de México y Canadá, Godoy que se llevará a cabo la próxima semana, explicó que han sido sistemáticamente excluidos: “Han rechazado la voz de los trabajadores en esa reunión… no hay otra organización más grande, más amplia que tenga la historia que tenemos nosotros en hacer esa defensa”.
Dijo que la razón que les han dado es que, por ser un sindicato, el gobierno mexicano no quiere favorecer a una sola organización. “Nosotros siempre hemos dicho: inviten a todos los sindicatos, a todas las organizaciones civiles… porque no se puede evaluar a un programa simplemente con los gobiernos y los empleadores”.
Godoy detalló que las violaciones laborales más frecuentes van desde estafas previas al viaje (como el cobro indebido por “asegurar” un lugar en el programa), hasta incumplimientos de contrato, hacinamiento en viviendas, falta de capacitación para el uso de pesticidas o equipo de protección, y limitaciones para cambiar de empleo aun ante abusos.
“El empleador es quien te da vivienda. Si es alguien que no le interesa tu bienestar, puede ser que te amontonen una docena de trabajadores en dos cuartos”.
Insistió en que el objetivo de UFCW no es desaparecer el programa, sino mejorarlo: “Queremos que los trabajadores sigan emigrando a Canadá, pero que se vea una manera como que les respete y se les garantice sus derechos”.
Contexto:
La diputada federal migrante Roselia Suárez Montes de Oca, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una propuesta de punto de acuerdo para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) integren a diputados migrantes, gobiernos locales y sindicatos como UFCW Canadá a la Reunión Anual de Evaluación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-Canadá.
El objetivo, señaló, es que quienes representan y acompañan directamente a los trabajadores tengan voz en la revisión de este programa bilateral que cada año moviliza a decenas de miles de jornaleros mexicanos.
En el documento, la legisladora advierte sobre las condiciones precarias, la falta de libertad laboral y la vulnerabilidad estructural que enfrentan los trabajadores agrícolas temporales. Señala que el PTAT, vigente desde 1974, ha sido operado sin garantizar derechos plenos a los jornaleros, quienes muchas veces no pueden cambiar de empleador, no reciben pago por horas extras, viven en viviendas inadecuadas y enfrentan obstáculos para ejercer derechos como el seguro de desempleo o la pensión.
VGB