Con 6 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundado el recurso de amparo interpuesto por la empresa Nueva Elektra del Milenio, que forma parte de Grupo Salinas, perteneciente al empresario Ricardo Salinas Pliego.
El recurso es el octavo recurso de amparo que en materia de créditos fiscales rechazó la SCJN, ya que el 13 de noviembre pasado, la Suprema Corte analizó 7 de estos recursos. Aún queda pendiente un recurso por 645 millones de pesos, el cual estaba enlistado en los temas de discusión de hoy, a través de dos proyectos, los 2526/2025 y 291/2025, a cargo de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, respectivamente.
Pero el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz informó al Pleno que ambos proyectos quedaban en lista para tener un mayor análisis.
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Interés mediático
Como en la sesión anterior, previo a su discusión, Aguilar Ortiz expuso que aunque los proyectos relacionados con los créditos fiscales estaban en el segmento de estudio sin fondo, por el interés mediático y de la opinión pública que tienen los asuntos, iban a presentarlos y a abrir el debate.
Primero se discutió con el análisis del impedimento de la participación en los temas de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres sobre el tema, tal como lo habían solicitado las empresas, especialmente en el caso de la segunda por haber manifestado una presunta imparcialidad de la ministra.
En cosa de minutos el Pleno determinó improcedente el impedimento. En la breve discusión, Esquivel salió de la sala, mientras Batres se quedó, y argumentó que no participaría.
Después se pasó al proyecto 3842/2024, proyecto elaborado por la ministra Lenia Batres, que propuso declarar infundado y que se devuelvan los autos del juicio de amparo directo al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito.
La ministra explicó que el Sistema de Administración Tributaria determinó una multa de 67 millones de pesos a Elektra Milenio al detectar que reportó una perdida fiscal mayor a la realmente ocurrida. La sociedad pidió su nulidad y el tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo concedió el amparo para que el recurso fuera revisado. Entonces fue cuando el SAT interpuso un recurso de revisión en contra de esa resolución.
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En el proyecto se proponía declarar al recurso de revisión como improcedente y el Pleno lo avaló, con seis votos a favor y tres en contra, estos últimos de parte de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz e Irving Espinosa, quien notó una incongruencia en el proyecto de Batres, ya que decía que la autoridad -el SAT- hacía valer argumentos de inconstitucionalidad.
El ministro explicó que es la autoridad es la que normalmente defiende la constitucionalidad de las normas.
Batres reconoció el error y dijo que sería corregido; aun así Espinosa mantuvo su voto en contra.
La discusión de ese proyecto fue más larga de los que se discutieron la semana pasada, que prácticamente fueron en fast track.
Hasta las 2pm, Grupo Salinas no había emitido comunicado alguno a la sesión de la SCJN.
El pleno vota por no acreditar el impedimento
Pasó el pleno al recurso de reclamación 495/2025, de parte de Nueva Elektra del Milenio, empresa perteneciente a Grupo Salinas. El proyecto lo elaboró la ministra María Estela Ríos, que propuso declararlo infundado. Luego de presentarlo se pasa a votarlo sin discusión y por unanimidad se aprobó el proyecto.
Pleno de la SCJN analizó el proyecto 3842/2024, elaborado por la ministra Lenia Batres sobre un recurso de amparo solicitado por Elektra Milenio por 67 millones de pesos. La ministra propuso que se declara improcedente. Seis ministros votaron a favor del proyecto y 3 en contra.
Los asuntos 2526 y 291/2025, elaborados por las ministras Lenia Batres y Yasmin Esquivel, respectivamente, listados para discutirse hoy y que tienen que ver con un crédito fiscal de 645 millones de pesos de Total Play, de Grupo Salinas, seguirán en lista.
Así lo anunció en la sesión el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. La razón es para hacer un mayor análisis al respecto.
La Corte decide sobre amparos de Grupo Salinas
Contexto: en 2018 el SAT determinó a Nueva Elektra un crédito fiscal por 67 millones 165 mil 827 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), al detectar que en 2012 declaró de manera indebida una pérdida fiscal derivada de la venta de acciones de empresas de su mismo grupo, con el objeto de generar un beneficio fiscal contra el crédito fiscal.
Nueva Elektra del Mileno promovió un juicio de nulidad; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución.
Posteriormente presentó un amparo directo el cual le fue concedido por el tribunal colegiado, al considerar que el ejercicio de las facultades de comprobación debía dirigirse a la empresa que controla al grupo (Grupo Elektra) y no a la empresa subordinada.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inconforme con la sentencia, interpuso recurso de revisión ante la Suprema Corte. El expediente fue turnado a la ministra Lenia Batres. Sin embargo, Nueva Elektra del Milenio solicito que se abstuviera de conocer el asunto, argumentando una supuesta falta de imparcialidad y enemistad respecto de uno de sus accionistas, el empresario Ricardo Salinas Pliego.
Se discutió el impedimento 32/2025 y el Pleno determinó que no lo había impedimento.
En la revisión del amparo directo en revisión 3842/2024 se revocó la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado. En consecuencia, se devolverá el expediente al mismo tribunal para que emita una nueva resolución en la que deberá reconocerse que el SAT puede ejercer sus facultades de comprobación respecto de Nueva Elektra del Milenio, como empresa controlada, lo que implica que deberá pagar la multa impuesta por 67 millones 165 mil 827 pesos.
Pronuciamiento de Grupo Salinas
Tras el nuevo fallo de la Corte contra Grupo Salinas, la empresa en un pronunciamiento público, acusaron a los ministros del máximo tribunal de violar principios fundamentales y contradecir sus propios criterios para cumplir con el mandato del gobierno federal.
La empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego señaló en el comunicado que continuarán defendiendo sus causas al asegurar que la razón ética y jurídica está de su lado.