Un informe de la Guardia Civil de España, recién publicado, describe los presuntos movimientos financieros relacionados con el político español, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, según información de El País. La indagatoria incluyó datos sobre pagos de Servinabar 2000 SL y conexiones con contratos asociados a proyectos desarrollados en México.
Las pesquisas señalaron que Cerdán utilizó una tarjeta bancaria de Servinabar para gastos personales. El registro situó estos consumos en distintos comercios hasta febrero de 2024, un día antes de la detención de Koldo García. La Unidad Central Operativa (UCO) indicó que esta línea de investigación motivó inspecciones en oficinas de Acciona y otras sociedades.
Pagos registrados por Servinabar
El informe describió consumos en restaurantes y comercios españoles, además de desembolsos durante viajes familiares. El País documentó consumos en Madrid, así como pagos en Ibiza en agosto de 2022 y operaciones en Tenerife durante 2023.
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La UCO también detalló que Servinabar cubrió rentas de dos viviendas ocupadas por Cerdán en Madrid después de su nombramiento como secretario de Coordinación Territorial. El reporte incluyó el arrendamiento de un segundo domicilio durante 15 meses y compras de mobiliario relacionadas con ambas viviendas.
Contratación de personas cercanas
Los investigadores registraron percepciones económicas de familiares de Cerdán provenientes de entidades vinculadas a la red empresarial. La Guardia Civil señaló que su esposa, Francisca Muñoz, recibió pagos de la cooperativa Noran en 2018. La documentación incluyó su incorporación como socia trabajadora sin registro de aportación de capital.
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El expediente también mencionó que la cooperativa Erkolan mantuvo una relación laboral con Belén Cerdán. Servinabar transfirió fondos a esta cooperativa entre 2020 y 2024. La UCO señaló un incremento en los montos transferidos después de la incorporación de la hermana del exdirigente socialista.
Otro familiar, Antonio Muñoz, trabajó para Servinabar durante tres años. El País registró comunicaciones entre el administrador de la empresa y un directivo de Acciona sobre los términos de su contratación.
Desarrollo judicial en España
El caso avanzó en tribunales españoles. Un magistrado del Tribunal Supremo ordenó prisión preventiva e incomunicada para Cerdán. La resolución indicó posibles delitos como organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción sostuvo que Cerdán buscó influir en adjudicaciones de obra pública con participación de José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.
Después de la difusión del caso, Cerdán presentó su renuncia a sus cargos partidistas y a su escaño. La decisión generó efectos políticos y llevó al presidente Pedro Sánchez a emitir disculpas públicas por la confianza depositada en él.
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En fotos del informe de la UCO que figura en la causa (halladas en el teléfono de Antxon) y a las que ha tenido acceso EFE, del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (camisa negra) con el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Fueron tres proyectos de obra con Acciona Construcción, de los que se quedaba con el 2 por ciento del importe de cada adjudicación.
Vínculos con contratos en México
El expediente español incluyó referencias a actividades desarrolladas en México. Las pesquisas mencionaron un viaje de 2019 realizado por Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama con el fin de obtener oportunidades para empresas españolas en proyectos federales.
La documentación agregó vínculos políticos en México, incluidos contactos con el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y con el legislador Pedro Haces. La UCO registró estos nexos como parte de la estrategia para facilitar operaciones comerciales.
El País también indicó que INECO recibió en 2020 un contrato para funciones técnicas dentro del Tren Maya. Otra empresa española, AZVI, obtuvo un tramo de la obra en asociación con Grupo INDI. De Aldama declaró que obtuvo pagos por su intermediación en diversos contratos, entre ellos proyectos mexicanos.
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Revisión en territorio mexicano
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción revisó los contratos federales vinculados al Tren Maya. Sheinbaum afirmó que la administración no identificó elementos que señalaran irregularidades y que no recibió pruebas que acreditaran conductas ilícitas.
El caso continúa en tribunales españoles y mantiene implicaciones políticas para el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras autoridades en España y México observan el desarrollo de las indagatorias sobre contratos y posibles intercambios de influencias.
Con información de EFE
VGB