La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la escalada del conflicto entre TV Azteca y el Gobierno mexicano, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmara criterios fiscales desfavorables para Ricardo Salinas Pliego, propietario de la televisora y uno de los empresarios más ricos del país.
El litigio, que involucra créditos fiscales por un total de 33,477 millones de pesos, ha generado un debate público, marcado por descalificaciones desde espacios oficiales y exhortos de distintos actores políticos para revisar concesiones de medios. La SIP advirtió que la forma en que se maneja el caso puede crear un entorno adverso para la prensa y afectar la independencia editorial.
“Es fundamental que las diferencias legales entre el Estado y empresas mediáticas se resuelvan sin interferencias políticas ni discursos que puedan inhibir la labor informativa”, dijo Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
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Creciente controversia por declaraciones y deudas
Contexto: Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por unanimidad el amparo 6321/2024 promovido por Grupo Elektra, obligando a la empresa de Ricardo Salinas Pliego a pagar 33,306 millones de pesos por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a 2013. Además, la Corte desestimó el recurso de reclamación 544/2024 vinculado al mismo crédito fiscal.
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Sin embargo, el caso ha despertado controversia porque Salinas Pliego ha criticado de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum y, en su momento, al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han exigido que cumpla con sus obligaciones fiscales.
Además, el conflicto no se limita al ámbito fiscal, sino que también tiene un trasfondo político, ya que Salinas Pliego dejó entrever en octubre pasado su posible incursión en la política mediante una candidatura presidencial.
En riesgo la libertad de prensa
La SIP insistió en que las disputas fiscales o legales deben resolverse en el marco jurídico, sin interferir en la labor periodística ni en la autonomía editorial.
“El interés de la SIP es subrayar la importancia de que cualquier disputa que involucre a medios no derive en efectos indeseados sobre su operación informativa”, señaló Pierre Manigault, presidente de la organización.
gph