En su conferencia mañanera de este 11 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistó los casos relacionados con los adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego, y sostuvo que será el máximo tribunal quien determine el monto que deberá pagar conforme a la ley.
Sheinbaum reiteró que Grupo Salinas tiene deudas con el SAT por una suma considerable y que, de acuerdo con el Código Fiscal, el empresario “tiene derecho a descuentos como cualquier contribuyente, si decide pagar”. A su vez, la mandataria enfatizó que su gobierno no actuará de forma autoritaria, sino “estrictamente conforme al Código Fiscal”, y desmintió las afirmaciones de Salinas sobre presuntas irregularidades del SAT.
“Lo que él está diciendo es que el SAT le impone un pago ilegal, y eso no es cierto. Tendrá que pagar lo que determinen los créditos fiscales y lo que resuelva la Corte”, recalcó.
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“Ahora él enarbola una posición política, quizá porque no quiere pagar impuestos, no lo sé. Pero está asumiendo una postura de ultraderecha. Debe impuestos, que pague, y lo que dice la ley que tiene que pagar. Punto”, agregó.
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Juez ordena a Grupo Salinas presentar moción de suspensión ante demanda de acreedores
Un juez ordenó, que a más tardar este miércoles, 12 de noviembre, TV Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas deben presentar una moción de desestimación o suspensión de la acusación por parte de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, a la espera de que se resuelva el proceso en un arbitraje privado con sus acreedores encabezados por The Bank of New York Mellon.
De acuerdo con la orden del juez de Distrito Sur de Nueva York, Paul G. Gardephe, publicada recientmenete en los estrados de ese juzgado, el 12 de noviembre TV Azteca y sus filiales entregarán una carta en la que podrían presentar un recurso a fin de suspender o desechar del todo el proceso en este juzgado, a fin de que puedan llegar a un acuerdo en un procedimiento privado con sus acreedores.
Además, ese día también tanto las empresas del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego, como sus acreedores deben presentar sus planes de cara a que se concrete el inicio del juicio, que buscan inicie a más tardar el 5 de diciembre.
Además de los adeudos fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclama a Grupo Salinas por contribuciones de hace 17 años, el conglomerado tiene una deuda en bonos que emitió en 2017.
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Esa deuda que era de 400 millones de dólares, ahora se estima en 580 millones, según los acreedores de la empresa que también iniciaron un procedimiento de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial contra el Estado mexicano por los impagos de Grupo Salinas.
Salinas Pliego debe pagar 580 millones
A finales de octubre, se dio a conocer la resolución judicial que indica, que Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar una deuda de 580 millones de dólares luego de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito revocó las medidas cautelares que protegían a su empresa TV Azteca, S.A.B. de C.V., en un litigio con instituciones financieras internacionales.
La resolución judicial, dictada dentro del recurso de revisión civil 71/2025, favoreció a The Bank of New York Mellon y su filial London Branch, representantes de los inversionistas afectados.
Al respecto, en conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ahora el empresario Ricardo Salinas Pliego “ya no tiene razón” para evadir el pago. Posteriormente, sólo se limitó a pedir que pague y ya.
Contexto: El caso se derivó de un contrato de emisión de bonos por 400 millones de dólares suscrito por TV Azteca con inversionistas extranjeros. La deuda aumentó a más de 580 millones de dólares con intereses. Ante lo que los acreedores consideraron un incumplimiento, declararon el vencimiento anticipado de la obligación y exigieron el pago total.
En respuesta, la televisora de Salinas Pliego presentó un juicio ordinario mercantil para impugnar esa decisión y solicitó la suspensión de los efectos del contrato. Un juez local concedió la medida precautoria, lo que detuvo temporalmente el cobro a cambio de una garantía cercana a un millón de pesos.
