El diputado federal por Morena, Armando Corona Arvizu, restringió sus redes sociales después de que la semana pasada presentara una propuesta de ley que generó controversia al plantear sanciones penales por la creación y difusión de memes, stickers y deepfakes sin consentimiento.
Aunque su objetivo declarado es combatir el ciberacoso y el uso malicioso de la inteligencia artificial (IA), expertos y organizaciones advierten que podría vulnerar la libertad de expresión.
Te podría interesar
La llamada Ley Anti-Memes, presentada la semana pasada por el legislador de Morena Armando Corona Arvizu, busca reformar el Código Penal Federal con el fin de sancionar el uso no autorizado de imágenes, audios o videos generados o manipulados digitalmente —incluyendo aquellos creados con inteligencia artificial (IA)— cuando tengan el propósito de ridiculizar, acosar, suplantar o dañar la reputación de una persona.
¿Qué contempla la propuesta?
La iniciativa propone incorporar dos nuevos artículos:
- Artículo 211 Bis 8: establece penas de tres a seis años de prisión y multas de 300 a 600 días a quien cree, transforme o difunda contenidos digitales sin consentimiento, con fines de afectación.
- Artículo 211 Bis 9: considera agravantes cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o servidor público, o si la difusión es masiva o genera daño comprobable en la vida personal, laboral o psicológica de la víctima.
¿Memes y stickers, en riesgo?
La redacción ambigua de la propuesta ha encendido alertas entre especialistas en libertad de expresión. La ley podría aplicarse incluso a stickers en WhatsApp o memes humorísticos, ya que términos como "ridiculizar" o "dañar la reputación" son subjetivos y carecen de excepciones claras para parodia, sátira o crítica política.
Organizaciones como Artículo 19 han advertido que este tipo de reformas pueden abrir la puerta a la censura y al uso discrecional de la ley por parte de funcionarios públicos.
¿Protección o blindaje para políticos?
Una de las principales críticas es que la pena aumenta a la mitad si la víctima es un servidor público, lo que podría interpretarse como un intento por blindar a políticos frente a la crítica ciudadana en redes sociales.
Contexto: según el Inegi, en 2024 más de 18.8 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso, problema que requiere atención pero que —según defensores de derechos digitales— no debe abordarse con medidas que puedan derivar en represión del discurso en línea.
Iniciativas similares del mismo partido
No es la primera vez que Morena impulsa leyes en este sentido. En junio, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, promovió una ley contra insultos digitales, criticada por organismos como Artículo 19. Y en marzo, el senador Ricardo Monreal propuso una ley para regular memes falsos, que finalmente fue retirada ante el rechazo público.