El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las multas por más de 6.3 millones de pesos impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a personas postuladas en la elección judicial, argumentando que no se comprobó el uso de los llamados "acordeones" para influir en el voto.
La decisión, dividida, cuestiona la solidez de la investigación del INE sobre estos presuntos apoyos ilegales.
Las multas, que en conjunto ascendían a 6.3 millones de pesos, fueron anuladas por decisión mayoritaria de la Sala Superior, la cual consideró que el INE no comprobó de forma suficiente la relación entre los beneficiarios y el uso de dichos materiales.
Te podría interesar
La resolución fue aprobada por los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, mientras que Reyes Rodríguez y Janine Otálora votaron en contra. Los magistrados Gilberto Bátiz y Claudia Valle estuvieron ausentes con justificación.
TAMBIÉN LEE: Elección judicial: en 7 mil casillas la votación duplicó o más el promedio de participación
Te podría interesar
El informe "Elección Judicial 2025" elaborado por el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz y Jorge Alberto Medellín Pino, experto en derecho Constitucional concluye que la pasada elección del 1 de julio para renovar el Poder Judicial constituyó un fraude electoral de carácter estructural y deliberado, marcando un precedente alarmante para el sistema democrático del país.
"No hay pruebas suficientes": mayoría del TEPJF
En su intervención, el bloque mayoritario concluyó que el INE no realizó una investigación exhaustiva que demostrara con claridad que los aspirantes al Consejo Judicial Federal fueron quienes ordenaron o se beneficiaron directamente de los acordeones.
"El simple hecho de que sus nombres aparezcan no implica responsabilidad directa sin un vínculo probatorio firme", argumentaron los magistrados a favor de la revocación.
Postura del INE: hubo beneficio indebido
El INE había sancionado a los involucrados con base en que los acordeones —materiales impresos con nombres de candidatos— fueron elaborados por terceros, pero representaban un beneficio electoral indebido. Para ello, aplicó multas proporcionales al 10% del tope de gastos de campaña por cada cargo en disputa, considerando también la capacidad económica de los implicados.
El Instituto insistió en que, aunque no pudo demostrar quién los distribuyó, el impacto en la equidad del proceso era suficiente para imponer las sanciones.
Críticas y división interna
La decisión del TEPJF fue criticada por algunos sectores, incluyendo a los magistrados que votaron en contra, quienes advirtieron que se minimiza el uso de propaganda ilegal durante un proceso de alta relevancia para la justicia mexicana.
La controversia se suma a las tensiones entre el TEPJF y el INE respecto al control y fiscalización de los procesos internos del Poder Judicial, que recientemente han cobrado mayor visibilidad ante los esfuerzos por abrir este órgano a la participación popular.
Contexto: el 3 de octubre, La Silla Rota publicó que misiones internacionales que participaron en la observación de la elección judicial del pasado 1 de junio advirtieron que el uso masivo de “acordeones” —guías de votación distribuidas para orientar el sufragio hacia candidatos específicos— vulneró la libertad del voto y afectó la equidad de la contienda, por lo que recomendaron prohibirlos o regularlos antes de la elección de 2027.
Representantes del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) presentaron su informe final sobre el proceso electoral inédito en el país, en el que la ciudadanía eligió jueces, magistrados y ministros. Reconocieron el esfuerzo del INE para organizar la jornada, pero señalaron que hubo vacíos legales que fueron aprovechados por grupos políticos para operar en la elección.
Reclamos por la elección judicial
En septiembre, a jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), calificó la reforma judicial implementada en 2025 como un "golpe de Estado constitucional" y el "secuestro legalizado del último contrapeso del poder presidencial en México".