Al menos una decena de personas que fueron restituidas en sus cargos judiciales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estaban en las listas de los llamados “acordeones” distribuidas durante la elección judicial.
El Tribunal restituyó en sus cargos a 15 aspirantes que habían sido declarados inelegibles por el Instituto Nacional Electoral (INE) por no cumplir requisitos como el promedio académico mínimo.
Entre ellos están: Tania Virginia Neri Borjas, María de Fátima Ramírez Esparza, Arlette Bisteni Pérez, José Antonio Ruíz Rosales, Luis Carlos Maldonado Lazos, Mariela Estefanía Zurita Lugo, Juan Pablo Vásquez Calvo, José Francisco Nieto Alcalá, Jessymar Castillo Arangute, Edgar Alejandro Domínguez Villapudua, Diego Alberto Gatica Noriega, Carol Denise Gómez Castro, Julio Alberto Ramírez Martínez, Edgar Iván Ascencio López y José Wenceslao Báez Montelongo.
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De ese grupo, la mayoría fueron identificados en los materiales repartidos ilegalmente durante la jornada electoral.
En el caso de Nuevo León, estos acordeones fueron relacionados directamente con la administración estatal de Samuel García, que impulsó de forma dirigida a sus candidatos. Figuran nombres como Neri Borjas y Báez Montelong. También se encuentran Jesymar Castillo en Quintana Roo, Diego Gatica en Ciudad de México, entre otros.
Aunque el INE consideró que varios de estos perfiles violaban principios de elegibilidad y legalidad por su participación en una estrategia de coacción del voto, la Sala Superior del TEPJF resolvió que el instituto se extralimitó en sus funciones al revisar nuevamente los expedientes académicos. El fallo estableció que el Consejo General del INE no tenía atribuciones para sustituir el juicio técnico de los comités de evaluación, ni contaba con una metodología validada para hacerlo.
Por ello, los acuerdos del INE que declaraban vacantes los cargos fueron anulados y se ordenó entregar las constancias de mayoría a las personas impugnantes.
La decisión ha generado críticas de especialistas al señalar que normaliza la intromisión política en procesos que deberían ser estrictamente técnicos y apartidistas.
Y es que también, varios de los perfiles restituidos enfrentaron señalamientos públicos por haber sido promovidos directamente por el Poder Ejecutivo. Su inclusión en los acordeones fue documentada por organizaciones civiles y denunciada ante autoridades electorales.
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