Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) lanzaron una fuerte advertencia: “seguimos en la lucha por el respeto a nuestros derechos laborales”, al mismo tiempo denunciaron que, pese a que la reforma judicial aseguró que ningún trabajador resultaría afectado, día a día se registra un “abierto y doloso desacato” a la garantía constitucional que impone el respeto irrestricto a las condiciones generales de trabajo.
Han advertido también que esas promesas han quedado en el discurso y que la realidad es otra: se han visto afectados derechos adquiridos, despidos masivos de personal, incluso de confianza; se han negado pagos de aumentos contractuales por ley; y se ha carecido de insumos básicos como hojas, tóner, copiadoras, e incluso agua para beber en recintos oficiales.
En este contexto se ha convocado una suspensión de labores el próximo 31 de octubre de 2025, como medida de presión ante el recorte presupuestal anunciado por el Ricardo Monreal Ávila en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados (y coordinador de la bancada mayoritaria) y coordinador de la bancada de Morena.
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El décimo transitorio del texto constitucional que regula la reforma ordena que los órganos competentes provean lo necesario para que se cumpla a cabalidad el respeto a las condiciones generales de trabajo. Sin embargo, los trabajadores afirman que este mandato no se ha cumplido.
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Las peticiones —verbalizadas y por escrito— al nuevo órgano de administración judicial no han recibido respuesta. Al contrario, denuncian que ha habido un rompimiento progresivo de derechos laborales, en una dinámica que tildan de sistemática.
Recorte presupuestario, ¿amenaza a las prestaciones laborales?
El anuncio de recorte de presupuesto al Poder Judicial ha encendido las alarmas. Ricardo Monreal Ávila informó que los diputados de Morena prevén eliminar entre 17 000 y 18 000 millones de pesos del monto solicitado para el PJF y otros órganos autónomos para el ejercicio fiscal 2026. En declaraciones previas, también había adelantado que no se aprobarían los 15 000 millones adicionales solicitados por la institución para 2026.
Para los trabajadores del PJF, este ajuste presupuestario representa una amenaza directa al mantenimiento de prestaciones, al pago puntual de salarios, aumentos contractuales y la operatividad de sus actividades. Al mismo tiempo, consideran que el recorte debilita la infraestructura del servicio de justicia y la calidad del servicio público que ofrecen.
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Consecuencias concretas para el personal
Entre las consecuencias que señalan los trabajadores se encuentran:
- Despidos masivos de personal de experiencia, sobre todo de confianza.
- Negativa o demora en el pago de aumentos salariales que por ley les corresponden.
- Falta de insumos básicos para el desempeño de funciones: hojas, tóner, copiadoras.
- En casos extremos, la falta de agua para beber en los recintos oficiales.
- Un deterioro general en las condiciones de trabajo que vulnera las garantías laborales establecidas en la Constitución.
Acción sindical: suspensión de labores como reclamo
Ante la falta de respuesta institucional y la agravación de la situación, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ha convocado a su base trabajadora a una “suspensión de labores de brazos caídos” el viernes 31 de octubre de 2025. Sólo se exceptuará el personal que esté de guardia en los órganos correspondientes. Esta iniciativa busca defender y garantizar las prestaciones laborales que consideran en riesgo.
La convocatoria subraya que los trabajadores del PJF hacen uso legítimo de su derecho a ejercer una medida de presión para que se restablezcan las condiciones que el marco legal y la reforma misma garantizan.
En ese sentido, a la vez que se enfrentan a despidos masivos, falta de insumos y liderazgo institucional silencioso, enfrentan la amenaza de recortes presupuestarios que podrían minar su capacidad para exigir lo justo.
La vigencia del marco constitucional que garantiza sus derechos y el cumplimiento institucional de la reforma judicial son elementos esenciales para que la lucha de estos trabajadores no solo sea defendida como reclamo, sino como garantía de un servicio de justicia digno para toda la ciudadanía.
AJA