Nadia Vázquez Villanueva vive en Xalapa, Veracruz. De 49 años, 25 los dedicó al Poder Judicial Federal, donde dejó su cargo como magistrada en diciembre pasado, ya que declinó participar en la elección judicial del 1 de junio porque le pareció que no fue un proceso correcto ni justo para impartir justicia.
El problema es que para recibir su pensión completa debía cotizar 40 años en el PJF o tener 75 años y aún no recibe la indemnización a la que tiene derecho, pago que está contemplado en el artículo décimo transitorio del decreto de la Reforma Judicial.
A Vázquez Villanueva apenas le alcanza para solventar los gastos de sus dos hijos -una en la universidad y otro en la secundaria- y los suyos.
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“¿Usted cree que ya casi en mis 50 años alguien nos quiere contratar? Ya no se nos contrata porque se nos dice que somos personas adultas”, se quejó.
La situación se agudiza en el caso de las mujeres solteras como ella, que deben hacer un reajuste total con los hijos para poder ver a qué se van a dedicar.
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“Ahora queremos que nos paguen nuestras indemnizaciones precisamente para empezar un nuevo proyecto de vida. Para nosotros es muy importante”, dijo, afuera del edificio del PJF.
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Ella y otra cincuentena de magistrados y jueces cesados acudieron este 28 de octubre ante el Órgano de Administración Judicial para exigir el pago de indemnizaciones. Como medida de presión, cerraron al paso vehicular de una parte de avenida Revolución, frente al 1508, donde están las oficinas del OAJ.
En su mayoría, era el primer cierre en el que participaban. Algunos conductores les reclamaron y los insultaron.
“Muchos compañeros no tienen derecho a una pensión y se nos prometió una indemnización, la cual no se nos da. Entonces, nos pone en un peligro económico, en un peligro de no poder subsistir con lo necesario porque todos somos padres de familia”, agregó la magistrada Vázquez Villanueva, luego de levantar el bloqueo, al saber que una comisión del OAJ los iba a recibir.
Recibe el OAJ a una comisión
El Órgano de Administración Judicial recibió a la comisión de los inconformes que salió hora y media después.
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De acuerdo con la magistrada Julia García, quien estuvo presente en la protesta, la comisión les informó a sus compañeros juzgadores que el OAJ ya hizo una solicitud expresa de una ampliación presupuestal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En dicha partida ya se contemplan los recursos para entre otras cosas pagar las indemnizaciones con los alrededor de 800 juzgadores.
“No nos han dado cantidades definidas, es algo que desde luego tenemos pendiente, pero ya dijeron que para tener acceso al aumento presupuestal se requieren hacer ciertos trámites previos. Se entiende que ya se hicieron porque admitieron la solicitud en el sistema”, dijo Julia García a La Silla Rota.
La magistrada consideró positivo el resultado de esa reunión, porque ve que ya hay gestiones concretas, pero también criticó que aún no les den una fecha definida.
“Estaremos al pendiente hasta que tengamos una fecha ya definitiva para esto”.
García informó además que van a regresar a avenida Revolución 1508 el 12 de noviembre, 3 días antes de que se apruebe el presupuesto, para que den tiempo a que este tema sea incorporado en la discusión respectiva en la Cámara de Diputados y en la ampliación presupuestal que se necesita.
“Hay que decirlo, no es una dádiva, no es un regalo inmerecido, es un mandato constitucional que claramente incorpora la posibilidad de que no se afecten los derechos de la base trabajadora, porque también somos personas que trabajamos arduamente en la justicia federal”, explicó sobre el derecho a la indemnización.
Contexto
La reforma judicial se promulgó el 15 de septiembre de 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para los jueces que declinaron participar en la elección judicial o perdieron en dichos comicios celebrados el 1 de junio pasado, el artículo décimo transitorio del decreto de la reforma establece que serán acreedores al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, “mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente al momento de su retiro”.
Pero hasta el momento el pago de la indemnización aún no se ejecuta. En esta situación podrían estar alrededor de 850 exjuzgadores a 900 juzgadores.
VGB