La magistrada Lilia Mónica López Benítez es escéptica sobre el rápido pago de la indemnización a impartidores de justicia que se retiraron a raíz de la entrada en vigor de la reforma judicial.
Ella renunció el 16 de octubre al Poder Judicial de la Federación; era la presidenta del séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.
Aunque el artículo décimo transitorio de la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión en 2024 marca que se idemnizará a todos los que declinaron seguir en su cargo, participar en la elección judicial o no ganaron, la magistrada tiene sus dudas que el pago llegue pronto. El pago establecido en la ley es de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado.
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Desaparecieron fondos para retiros
López Benítez, quien fue consejera de la Judicatura Federal, órgano desaparecido el 31 de agosto pasado y el cual era el encargado de los temas administrativos y disciplinarios del anterior Poder Judicial Federal, sabe de qué habla.
“Me da risa porque sabemos perfectamente cuál es la situación que se tiene a ese respecto”, expresa en entrevista con La Silla Rota.
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Dice que los recursos de los fideicomisos del CJF eran para el pago de la indemnización. Recuerda que cuando fungía como consejera, hubo diversos acercamientos con Nacional Financiera para la devolución del dinero producto de los fideicomisos a efecto de hacer este pago a los juzgadores que hasta ese momento ya se habían retirado o estaban a punto de hacerlo.
Sin embargo, nunca fue posible porque sin haber una orden del Consejo de la Judicatura, Nafin le entregó el dinero producto de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación.
“El Consejo de la Judicatura en pleno tuvo diversos acercamientos con Nacional Financiera, inclusive llegó un día específico, no recuerdo la fecha, donde por la mañana se habló con las personas que manejaban estos recursos en Nafin y ese mismo día se nos indicó que ya estaban a punto de reintegrar el dinero al consejo para que cumpliera con esta obligación del décimo transitorio y el remanente se le entregará a la Tesorería de la Federación”.
Sin embargo, la realidad fue que por la tarde y “hasta donde se sabe”, estaban haciendo entrega a la Tesorería de la Federación.
“Digo hasta donde se sabe porque solo nos lo informaron a través de un simple correo electrónico, que ni siquiera fue dirigido a los órganos del Consejo de la Judicatura que tenían que estar enterados como el Pleno, sino a un director general, a quien se le notificó que por instrucciones superiores, no sabemos de quién ni con qué facultades lo hicieron, se había llevado ese dinero a la tesorería”, explica López Benítez.
Eso fue lo que se les indicó, aunque la exconsejera jurídica federal remarca que no se atrevería a hacer un señalamiento contundente de decir que ahí se encuentra el dinero.
La magistrada López Benítez espera que el Órgano de Administración Judicial cumpla con la obligación de pagar, lo que no se ha hecho hasta este 25 de octubre.
“Es preocupante, primero porque hay una disposición a nivel constitucional”, enfatiza.
A ello se suma que las autoridades actuales han dispuesto de unos recursos que no les corresponden o no en el 100%, porque una parte tiene un destino específico y es el pago extraordinario de las personas juzgadoras federales cesadas con motivo de la reforma judicial.
Contexto:
El Poder Judicial de la Federación disponía de 10 mil millones de pesos depositados en varios fideicomisos que se utilizaban para pagar ciertos gastos médicos de sus trabajadores, viviendas para los juzgadores que cambiaban de asignación, o equipamiento de instalaciones.
De los rendimientos financieros de esos fideicomisos se obtenían recursos para pagar algunas prestaciones de los trabajadores.
De acuerdo con la reforma, los recursos se entregarían a la Tesorería de la Federación y se utilizarían para el pago de indemnizaciones, sin embargo, las liquidaciones no se han cubierto,
En diciembre de 2024, el Consejo de la Judicatura informó que había entregado 853 millones de pesos a la Federación, que se encontraban en un fideicomiso en Banobras, pero que los fondos en poder de Nafinsa no podían entregarse porque había varias suspensiones otorgadas por jueces que lo impedían.
Pero cuatro meses después, el 10 de abril la ministra Piña, que también presidía el Consejo de la Judicatura Federal afirmó que Nacional Financiera le había quitado la totalidad de sus fideicomisos, equivalentes a 10 mil millones de pesos y cuyo destino era para pagos extraordinarios.
El 11 de abril el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal expresó su rechazo a la transferencia de recursos realizada por Nafin a la Tesorería Federal, procedentes de cuatro fideicomisos administrados por el CJF. Recursos que serían usados para quienes declinaron participar en la elección judicial o quienes no quedaran electos.
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Ante las prohibiciones, la indemnización ayudaría
La indemnización ayudaría a enfrentar a sus compañeros la cancelación de su vida profesional porque hay una imposibilidad para litigar en su propio circuito judicial, asegura.
Al cerrarse estos caminos, se cierra la posibilidad de un retiro digno derivado de este cese inesperado, al contar con los recursos al menos necesarios mientras se van reacomodando la vida y buscando nuevas oportunidades laborales.
“Este punto en lo particular tiene que estar presente, tenemos que seguir luchando por eso, seguir alzando la voz porque no es posible que simple y sencillamente se nos dé una patada y se nos lance a un mundo laboral donde tenemos muchas prohibiciones”, critica.
Guaruras, camionetas blindadas y uso de espacios indebidos, parte de los cambios
López Benítez dice en la entrevista con La Silla Rota que no tenía interés en seguir en el Poder Judicial hasta 2027, como podría haberlo hecho. Continuó luego del 31 de agosto porque tenía que hacer trámites sobre su jubilación, ya que sumaba 36 años ahí.
El edificio donde se encuentran los tribunales colegiados, en uno de los cuales ella formaba parte, se encuentra en Avenida Revolución; el sitio hasta antes del 31 de agosto era tranquilo.
Pero con la llegada de los nuevos juzgadores eso se modificó, ahora se ven coches escolta, camionetas blindadas, guaruras, e incluso la explanada del edificio, habitualmente vacía, usada para que la gente evacúe durante los sismos, ahora es un estacionamiento.
También notó que fue un inicio desafortunado del nuevo PJF con un curso de cuatro días para los juzgadores porque el primero fue de inauguración, además con fallas exhibidas en redes sociales y ha sido el día a día el que ha ido poniendo en el lugar que les corresponde a las personas juzgadoras cuando se advierte su nivel de conocimiento.
“Se sabía que hacia allá íbamos, por eso tantas voces alertaron contra la reforma”, expresa.
Reconoce que la reforma hacía falta pero no de esa magnitud, porque se ha visto que hay muchas personas que no tienen siquiera el conocimiento jurídico e incluso aprender a juzgar uno lo va haciendo desde años antes.
“Uno podría pensar que esa forma no cambia porque nos basamos en las mismas leyes, la misma jurisprudencia, pero en realidad hay ahora diferentes personas con una manera de pensamiento distinta a la vocación y a la ambición que tenemos las personas juzgadoras de carrera judicial”.
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Contexto:
La magistrada Lilia Benítez López se despidió de su cargo hace poco más de una semana con una crítica a la reforma judicial.
En su discurso expuso que solicitó una licencia sin goce de sueldo para acudir a un evento académico, sin embargo, se le negó porque en su tribunal hay dos magistrados recién electos sin suficiente experiencia y el Órgano de Administración Judicial argumentó que para dar atención a los ciudadanos, se requería que el tribunal mantuviera su inregración completa.
Mientras tanto, en su lugar está un secretario de su propia ponencia para sustituirla por un plazo de 15 días que es lo máximo que se puede quedar una persona, nombrada por ella porque esto lo permite la ley y posteriormente la Comisión de adscripción del Órgano de Administración de Justicia deberá nombrar a un secretario para sustituirla en el plazo que ellos decidan.
VGB