Un artículo reciente publicado en Foro Internacional analiza a profundidad la estrategia jurídica inédita que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emprendió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2021-2024) contra la industria armamentista en Estados Unidos.
La estrategia, diseñada como un “litigio estratégico”, consistió fundamentalmente en dos demandas judiciales dirigidas contra fabricantes, distribuidores y puntos de venta de armas de fuego en el país vecino.
El objetivo central del artículo es examinar los méritos jurídicos y políticos de estas demandas, así como los impactos que generaron en Estados Unidos. Como hipótesis principal, los autores proponen que, en su conjunto, la estrategia jurídica constituyó un avance significativo en los esfuerzos de México para detener el tráfico ilegal de armas.
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El Contexto de Violencia y el Flujo Ilegal de Armas
La acción legal fue motivada por el grave problema de violencia en México ligada al armamento estadounidense.
Según cifras de 2022 del Inegi, 32,223 homicidios fueron registrados en México, y en el 67% de estos casos, la causa de la muerte fue un disparo de arma de fuego. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU (ATF) estimó que dos terceras partes (65.5%) de las armas encontradas en escenas de crimen en México provenían de Estados Unidos.
Se calcula que, en 2022, aproximadamente 14,118 homicidios habrían sido perpetrados con un arma traficada desde Estados Unidos. Frente a esta realidad, que implica el contrabando de unas 253,000 armas anualmente, no existe una política estatal o bilateral contundente.
El evento que detonó la modificación de la política exterior de la SRE y dio pie a la estrategia legal fue la masacre de 2019 en un Walmart de El Paso, Texas, donde nueve personas de origen mexicano fueron asesinadas por un supremacista blanco.
Las dos demandas
Las demandas fueron concebidas y ejecutadas bajo la Consejería Jurídica de la SRE. Es fundamental notar que la estrategia legal de México no cuestionó el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer armas ni puso en duda la legitimidad de la Segunda Enmienda de la Constitución de EU. La acusación se centró exclusivamente en entes privados.
Demanda de Massachusetts (Agosto de 2021): Presentada ante la Corte del Distrito de Massachusetts, esta acción se dirigió contra once compañías productoras y distribuidoras de armas de fuego, incluyendo líderes de la industria como Smith & Wesson, Glock, Beretta y Colt’s. México acusó a estas empresas de operar con prácticas negligentes en la forma en que diseñaban, producían y comercializaban sus productos.
La demanda exigía una compensación económica y cambios inmediatos en el modelo de negocios de las empresas para garantizar el comercio responsable. Las armas producidas por estas empresas representaban cerca del 47.9% de todas las armas recuperadas en México en contextos criminales.
Demanda de Arizona (Octubre de 2022): Esta acción se presentó ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, enfocándose en cinco puntos de venta en el corredor Yuma-Tucson-Phoenix. El corazón de la acusación es la premisa de que las armerías saben que sus productos son utilizados en actos violentos en México y no hacen nada para impedirlo. La acción en Arizona busca enfrentar "toda la cadena de distribución" de armas.
La barrera jurídica y los resultados mixtos
La estrategia enfrentó de inicio la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas (PLCAA), promulgada en 2005, que funciona como un dique legal al prohibir acciones de responsabilidad civil contra la industria por daños derivados del uso indebido o ilegal de sus productos por terceros.
Las empresas demandadas se defendieron argumentando que la PLCAA hacía la demanda improcedente y que el daño era atribuible a "criminales" y no a ellas.
Evolución de la Demanda de Massachusetts (2021): Inicialmente, un juez federal desestimó la demanda en septiembre de 2022, invocando el blindaje de la PLCAA. Sin embargo, en enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito revirtió este fallo, decidiendo que la supuesta inmunidad de las armerías no era válida para daños reclamados fuera del territorio estadounidense. Esto permitió la reanudación del proceso judicial. Este revés procesal fue histórico, siendo la primera vez que una Corte de Apelaciones tomaba una decisión en este sentido desde la entrada en vigor de la PLCAA en 2005.
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No obstante, las empresas acudieron a la Corte Suprema de Estados Unidos, que admitió el recurso en octubre de 2024. La audiencia ante la Corte Suprema en marzo de 2025 fue considerada poco favorable para México. Al momento de publicarse el artículo, se anticipaba que la Corte Suprema bloquearía la primera demanda. De hecho, la resolución final, emitida el 5 de junio de 2025, sostuvo por unanimidad que la PLCAA otorga inmunidad a los fabricantes, desestimando la demanda de 2021.
Evolución de la Demanda de Arizona (2022): Esta demanda siguió un camino separado y obtuvo un primer fallo favorable en marzo de 2024. El tribunal en Arizona determinó que el gobierno mexicano logró argumentar exitosamente la posible complicidad entre las tiendas demandadas y los traficantes de armas, lo que anula la invocación de la PLCAA en casos de ventas ilegales. Este proceso actualmente se encuentra en la fase de recolección de pruebas ("discovery").
Impactos Políticos y Sociales
A pesar de los retos legales y el fallo adverso de la Corte Suprema en el caso de Massachusetts, los autores sostienen que la estrategia jurídica tuvo impactos importantes a corto y mediano plazo en al menos cuatro ejes:
Agenda Bilateral: Logró situar el tema del tráfico ilegal de armas en el centro de la conversación binacional entre México y Estados Unidos.
Medios de EU: Consiguió posicionar el fenómeno del tráfico de armas en la agenda de medios de Estados Unidos, atrayendo la atención de publicaciones influyentes.
Apoyo Legislativo: Las demandas sirvieron para apuntalar los argumentos de congresistas demócratas en favor de propuestas regulatorias de armas, como la Ley Disarming Cartels Act.
Activismo Transfronterizo: Ofreció una ventana de oportunidad para que grupos de activistas en ambos lados de la frontera alinearan sus intereses y trabajaran conjuntamente.
El artículo concluye señalando que, para que la estrategia sea realmente exitosa, debe acompañarse de una política integral que incluya la mejora de la infraestructura fronteriza y la reactivación de esfuerzos de cabildeo en el Congreso de Estados Unidos. El nuevo canciller, Juan Ramón de la Fuente, se ha comprometido a dar continuidad a los esfuerzos mexicanos.
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