El director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Tonatiuh Márquez, reveló que apenas el 3% de los agentes aduanales en el país concentraban el control del llamado huachicol fiscal —el contrabando de hidrocarburos a través de las aduanas—.
Según los datos presentados durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, de los poco más de 800 agentes registrados, menos de 30 eran responsables de la mayoría de las operaciones irregulares relacionadas con este delito. “Más del 90% de las operaciones se concentran en menos de 100 agentes aduanales, y muchos de ellos son quienes se prestan a actividades ilícitas. Son plenamente conscientes de que están cometiendo un delito”, afirmó Márquez.
El funcionario también reconoció que la corrupción dentro del sistema aduanero alcanza a cerca del 11% del personal. Desde el inicio de la actual administración, la ANAM ha cancelado más de 45 licencias de agentes aduanales por prácticas indebidas.
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Márquez expuso que los actos de colusión y manipulación de operaciones persisten en recintos estratégicos como Pantaco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. En esos puntos, detalló, se detectaron maniobras irregulares que buscaban evadir el pago real de impuestos. “Encontramos contenedores que pagaban sólo 40 pesos de impuestos. Cuando iniciamos las verificaciones, un agente llegó a despachar 800 operaciones en una hora, algo materialmente imposible”, relató.
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El funcionario calificó como “intolerante e ilegal” que haya agentes con múltiples adscripciones que operan a distancia, sin verificar físicamente las mercancías. “Ningún contenedor en el mundo vale 300 o mil pesos; detectamos que más del 80% de los contenedores pagaban menos de 50 mil pesos”, añadió.
Las declaraciones del representante de la ANAM ocurren en el marco del análisis legislativo de la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto busca fortalecer la recaudación y endurecer las sanciones contra delitos como el contrabando y el huachicol fiscal, con el objetivo de cerrar espacios a la corrupción en los puertos y fronteras del país.
Huachicol fiscal en México
Contexto: el llamado huachicol fiscal se ha convertido en una de las principales formas de evasión y fraude en México, especialmente en el sector de los combustibles. A diferencia del huachicol tradicional —que consiste en el robo físico de gasolina o diésel de ductos de Pemex—, el huachicol fiscal se refiere a operaciones falsas de importación, facturación simulada o contrabando técnico de hidrocarburos, mediante las cuales se introducen o venden combustibles sin pagar los impuestos correspondientes.
De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 2024 se detectaron más de 1,800 empresas presuntamente vinculadas a esquemas de contrabando técnico, afectando la recaudación por más de 100 mil millones de pesos. La Administradora General de Auditoría de Comercio Exterior identificó que muchas de estas compañías importaban combustibles a través de permisos falsos o triangulaciones con países de Centroamérica y Estados Unidos.
El gobierno federal ha intensificado su combate contra este fenómeno. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) han impulsado una estrategia de “Combate al huachicol fiscal”, que incluye el uso de inteligencia aduanera, inspecciones digitales y coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear flujos ilícitos.
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En 2025, la titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó que las auditorías al sector energético aumentaron 35 % respecto a 2023, y que más de 500 estaciones de servicio están bajo revisión por irregularidades fiscales.
La Silla Rota ha reportado que este tipo de prácticas no sólo impactan las finanzas públicas, sino que distorsionan el mercado energético, favoreciendo a grupos empresariales que operan al margen de la ley y generando competencia desleal frente a distribuidores legales.
El huachicol fiscal provoca una doble pérdida: por un lado, afecta la recaudación del IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se aplica a combustibles; y por otro, erosiona la formalidad del sector energético. Según estimaciones de la SHCP, por cada litro de gasolina vendido sin pagar impuestos, el erario deja de recibir entre 6 y 8 pesos.
Desde 2020, este delito está tipificado como defraudación fiscal equiparada, y puede implicar hasta nueve años de prisión. Sin embargo, las investigaciones se enfrentan a redes empresariales complejas, con empresas fachada y factureras que operan en distintos estados del país.
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