La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno busca llegar a un acuerdo con Vulcan Materials, empresa minera estadounidense con la que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador terminó enfrentado. El caso, que involucra la declaratoria de un área natural protegida, una supuesta expropiación y un arbitraje internacional, es uno de los principales pendientes heredados por la actual administración en materia de inversión extranjera.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno busca llegar a un acuerdo con Vulcan Materials Company, dueña de la minera Calica, para resolver uno de los mayores conflictos que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó abiertos con una empresa de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum confirmó que Vulcan presentó un arbitraje internacional y que el gobierno federal está trabajando en una ruta de solución negociada.
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“Ellos presentaron un arbitraje, se está tratando de llegar a un acuerdo. Ellos tienen el puerto y la mina, a través de la mina sacaban el material para exportarlo a Estados Unidos”, dijo la presidenta.
¿Qué plantea Sheinbaum?
El conflicto gira en torno a un predio de más de 2,000 hectáreas en Quintana Roo, donde Vulcan operaba una cantera y una terminal marítima. En 2024, el gobierno de AMLO declaró esta zona como Área Natural Protegida, impidiendo toda actividad minera.
La presidenta dijo que su gobierno analiza dos vías principales para resolver el caso:
- Uso alternativo del terreno: se busca reconvertir la zona afectada para proyectos de turismo de bajo impacto.
- Compra del predio y puerto: se estudia cuánto costaría al Estado adquirir la propiedad y la concesión de la terminal marítima de Puerto Venado.
A pesar de abrir la negociación, Sheinbaum fue clara en que no se otorgarán nuevas concesiones mineras: “No vamos a seguir explotando zonas que deben protegerse ambientalmente”, insistió.
AMLO y Vulcan: origen del conflicto
Durante su mandato, López Obrador denunció que Calica violó permisos ambientales al extraer piedra caliza en exceso para exportarla a Estados Unidos. Afirmó que la empresa había actuado con “complicidad de autoridades” anteriores.
En 2022, el gobierno ordenó la clausura del predio La Rosita, y posteriormente retiró el permiso aduanal para exportación. En mayo de 2024, se concretó el cierre definitivo y la declaratoria de área protegida, lo que Vulcan calificó como una expropiación encubierta.
AMLO ofreció comprar el terreno por entre 6 y 8 mil millones de pesos (aproximadamente 120 millones de dólares), con el objetivo de desarrollar un parque ecológico y reservar el resto del predio. La empresa rechazó la oferta.
Arbitraje internacional y presión de EU
Tras los cierres y la declaratoria, Vulcan Materials activó un arbitraje internacional bajo el T-MEC y otros tratados de inversión. En septiembre de 2022, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ordenó al gobierno mexicano abstenerse de acciones adicionales que agravaran el conflicto.
La situación escaló diplomáticamente. El entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su “preocupación” por el impacto de este caso en las futuras inversiones estadounidenses en México. También, senadores demócratas y republicanos promovieron una iniciativa para sancionar a compañías navieras que utilicen la terminal expropiada.
“Acciones como esta pueden tener un impacto muy negativo en los esfuerzos de México para atraer inversiones”, dijo Blinken en audiencia ante el Congreso.