La presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya una expropiación en la mina de Calica, ubicada en Quintana Roo. En respuesta a los señalamientos, Sheinbaum aseguró que lo que se está llevando a cabo es la protección del medio ambiente, no una expropiación.
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“No es expropiación, es simplemente el cuidado del medio ambiente”, aclaró Sheinbaum, refiriéndose a la decisión de decretar el área como protegida debido a las afectaciones ecológicas que generaba la actividad minera.
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La mandataria también anunció que Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, asistiría a la conferencia "Mañanera del Pueblo" para explicar los impactos ambientales de la mina, el plan de trabajo, y los motivos para decretarla como Área Natural Protegida.
Sheinbaum subrayó que se detectó que la mina extraía más de lo permitido y que la negativa de la entonces secretaria de Medio Ambiente a aprobar el proyecto, debido a las complicaciones ambientales, llevó a su renuncia.
Cabe recordar que en mayo de 2022, la Profepa realizó una inspección en el predio La Rosita, perteneciente a la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica), filial de Vulcan Materials, en Solidaridad, Quintana Roo, como parte de las acciones para frenar el aprovechamiento indebido de los recursos naturales. Meses después, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que protege el área como un espacio natural.
"El terreno sigue siendo de ellos": Alicia Bárcenas
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, se pronunció sobre el polémico caso de la mina de Calica, en Quintana Roo, durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este 11 de octubre. Aseguró que no se trata de una expropiación. "El terreno sigue siendo de ellos, lo único que estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza", afirmó Bárcena. Además, indicó que la empresa tendrá la responsabilidad de restaurar el área, ya sea reforestando o implementando otro tipo de proyecto ambiental.
El plan de manejo para la restauración será publicado el 28 de febrero de 2025, y se enmarca en el Programa Nacional de Restauración 2024-2030, que busca recuperar el 20% del territorio afectado, restaurar el 30% de los manglares y reforestar el 10% de los bosques y selvas en nueve estados del país.
Bárcena también destacó la importancia de la conexión entre la nueva área natural protegida y la región de Calakmul, resaltando el compromiso del gobierno mexicano con la conservación ambiental.
El último pleito de AMLO con empresa de EU
El pasado mes de septiembre, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró como área natural protegida el polígono Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, lo que abarca parte de los municipios de Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, lo que afecta a la empresa Calica, propiedad de la empresa Vulcan Materials con la expropiación de la empresa de cantera y el puerto.
Senadores demócratas y republicanos, en Estados Unidos, presentaron una iniciativa de ley para imponer sanciones en caso de que se concretara la expropiación de la empresa Calica, dedicada a la estadounidense. Las sanciones estarían dirigidas a todas las compañías de buques que hagan uso de la Terminal Marítima de Puerto Venado, propiedad hasta antes de la expropiación de Vulcan Materials.
El conflicto con Vulcan Materials, que tiene una concesión hasta 2037, causó un roce comercial con Estados Unidos, donde Antony Blinken, secretario de estado de Estados Unidos, ha reconocido la "preocupación" de la Casa Blanca por el caso, y advirtió de un "impacto muy negativo en los esfuerzos de México para atraer futuras inversiones de Estados Unidos".
El 3 de febrero de 2022, López Obrador aseguró que la empresa estadounidense extrae sin permiso de materiales pétreos de la selva de Playa del Carmen e indicó que buscaría cambiar su giro a fin de que desarrollara un complejo turístico.
El 8 de mayo de este año, Vulcan solicitó al tribunal medidas provisionales o cautelares ante los reiterados ataques en las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador, y su orden de detener la extracción de material.
El tribunal encontró fundada la solicitud de la empresa, considerando los ataques públicos por parte del gobierno de México en conferencias de prensa, incluyendo afirmaciones específicas sobre el arbitraje mismo, como un esfuerzo de presionar a Calica para que claudique sus derechos y transforme su operación de explotación de piedra caliza a un proyecto turístico afín a las obras del Tren Maya.
El 2 de mayo, López Obrador en su conferencia de prensa anunció la orden del cierre de operaciones de Vulcan, el cual fue ejecutado por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) por la supuesta falta de permisos ambientales para las operaciones de su predio La Rosita.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que su gobierno pretenda expropiar los terrenos de Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el Caribe mexicano, tras declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. “No estamos expropiando, es una clausura porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.
¿Qué ha dicho Vulcan Materials ante la expropiación?
La minera estadounidense Vulcan Materials dijo que la expropiación del puerto y una cantera de la que extrae piedra caliza es una "nueva violación" de los compromisos asumidos por México en los tratados comerciales regionales.
"Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y tenemos la intención de defendernos utilizando todas las vías legales disponibles", afirmó Vulcan Materials en un comunicado enviado a la agencia de noticias Reuters.
"La expropiación de la tierra y el puerto de nuestra empresa es otra escalada más y una nueva violación de los compromisos de México en virtud de los acuerdos comerciales de América del Norte, incluido el TMEC, y otros tratados de inversión aplicables", afirmó Vulcan el martes en el comunicado.
Escala el conflicto México-EU por AMLO y Vulcan Materials
El 22 de mayo de 2024, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a México de que acciones como la clausura de una mina de la empresa estadounidense Vulcan Materials en el Caribe mexicano pueden tener un efecto negativo en la inversión extranjera en el país.
Ya el pasado 10 de mayo, un grupo de senadores de Estados Unidos insinuaron al gobierno de México que si los terrenos y el puerto de Vulcan Materials, en la Península de Yucatán, son confiscados, recurrirán a todos los recursos disponibles para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie de lo que consideran un robo de propiedad.
¿Cuál fue la advertencia del gobierno de EU a México?
En una comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes, Blinken dijo que hay un panel de arbitraje pendiente para resolver el caso de Vulcan Materials, como parte del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC).
Las autoridades mexicanas clausuraron en 2022 la minera Calica, filial de Vulcan Materials, al acusarla de ocasionar un desastre ecológico en el estado de Quintana Roo y estar detrás de las protestas contra el Tren Maya, una obra emblemática del gobierno mexicano.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó al Partido Republicano de Estados Unidos de financiar a grupos "seudoambientalistas" para bloquear proyectos de infraestructura de su gobierno.
La respuesta de AMLO a EU en el caso Vulcan Materials
El presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que su gobierno pretenda expropiar los terrenos de Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el Caribe mexicano, tras declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
“No estamos expropiando, es una clausura porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.
Al respecto, López Obrador señaló que su gobierno no quiere traer inversores extranjeros “a cualquier precio, ni mucho menos a que traigan inversión para destruir el territorio".
"No, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte”, zanjó.
“Empiezan a extraer el material, violan todas las leyes ecológicas y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos para arreglar las calles de sus ciudades, destruyendo nuestro territorio", reclamó.
Por ello, dijo que al comienzo de su gestión intentó dialogar con la empresa.
Afirmó que, incluso, su gobierno ofreció comprar la parte que ya estaba afectada del terreno, que corresponde a unas 1,500 hectáreas, donde iban a aprovechar las “albercas naturales” que habían dejado con las excavaciones y las convertirían en reserva ecológica.
"Les ofrecimos más de 2,000 millones de pesos (120 millones de dólares). Se hizo un avalúo y les mandamos a decir que les comprábamos la parte impactada porque tienen como 1,500 hectáreas de selva de reserva", explicó.