Antes de que se lleve a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, el Poder Judicial sufre una sangría debido a la renuncia de magistrados que decidieron no participar en el proceso de elección.
Registros del Consejo de la Judicatura Federal indican que en todo el país hay 668 son magistrados en tribunales colegiados y 106 titulares de tribunales de apelación. Hasta el final de 2024, 510 magistrados habían renunciado a sus posiciones, por lo que no participarán en el proceso para renovar el Poder Judicial y las elecciones del 1 de junio próximo.
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Los mismos indicadores muestran que hay 598 jueces de distrito, titulares de centros de justicia penal y jueces especializados en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, de los que han renunciado 349.
En total, 859 jueces y magistrados declinaron a la posibilidad de presentarse como candidatos a la elección.
Los dos tribunales especializados en competencia económica y telecomunicaciones reportaron que en 2024 tenían una existencia de 2 mil 171 asuntos, recibieron mil 566 y egresaron 2 mil 822, entre amparos directos, amparos en revisión, quejas y asuntos diversos como conflicto de competencias, impedimento y revisiones fiscales.
Entre las personas que renunciaron hay algunas cuyo puesto no estaba programado para elección, como sucedió con los magistrados Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, magistrados especializados en competencia económica.
Esos tribunales se crearon en 2013 para atender asuntos relacionados con las reformas constitucionales en materia de competencia y telecomunicaciones; en 2023 se dispuso que el encargo de los jueces sería de cuatro años para que en ese periodo pudieran acumular conocimiento suficiente en esas materias.
Con la renuncia de ambos quedan vacantes dos de los seis puestos especializados en esas materias.
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Cascada de jubilaciones
Entre enero y diciembre de 2024 el Consejo de la Judicatura recibió 351 solicitudes de jubilación de jueces y magistrados.
La dimensión de esto se aprecia con la reducción en el personal adscrito al PJF: en agosto había mil 655 magistrados y jueces; en septiembre eran mil 612, en octubre bajaron a mil 609 y en noviembre eran mil 571.
Las solicitudes de jubilación se dispararon a partir de julio, cuando la mayoría de Morena en el Congreso dictaminó las reformas al Poder Judicial y aprobó los dictámenes para llevar a cabo la elección de jueces.
En enero, abril y mayo, el Consejo recibió sólo dos solicitudes; en febrero y marzo, cuatro; en junio, ocho; pero a partir de julio la cifra se disparó: 27 en ese mes, 34 en agosto, 15 en septiembre y 74 en octubre. La reforma judicial fue aprobada en septiembre por la legislatura entrante y se publicó en el Diario Oficial el 15 de septiembre.
Experiencia perdida
En el segundo informe de labores del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aseguró que la reforma al poder judicial tendría un costo al perderse la experiencia y conocimiento de los jueces de carrera.
“Lamentablemente, la excelencia profesional ha quedado eclipsada por las decisiones políticas”, señaló en el informe presentado en diciembre.
En ese discurso hizo referencia a al riesgo de perder capital humano y experiencia acumulada por jueces y magistrados a consecuencia de la reforma, lo que afectará directamente a los ciudadanos que acuden a los tribunales.