José Luis Pérez Canchola, quien hasta el 21 de enero fue el director de Atención al Migrante de Tijuana, en Baja California, recuerda que uno de los últimos casos que atendió fue el de tres mexicanos que tenían entre 20 y 30 años viviendo en Estados Unidos y que fueron deportados recientemente.
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Entrevistado por La Silla Rota, se centra en el caso de una mujer que vivía en California. Hace unas semanas viajaba en bicicleta, pero su vehículo no traía luces y entonces la detuvo una patrulla. Aunque ella tenía su tarjeta de residencia legal, un policía revisó sus datos a la computadora para ver su expediente. Encontró que 25 años antes ella cometió una falta como adolescente, por lo que tenía un antecedente penal por un pleito.
“Con eso la detuvieron, la llevaron a la cárcel del condado casi cuatro o cinco semanas y luego la entregaron a Inmigración”, relata el exfuncionario.
En el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el temido ICE, la tuvieron detenida unas semanas y luego la deportaron al punto fronterizo de Tijuana, pero sin ningún documento en el bolsillo.
“Llegó con nosotros porque la llevó una monja que la vio muy apurada. La atendí personalmente, pero te das cuenta que ahorita ya cualquier autoridad, incluso de Policía de Tránsito va a empezar a detener a cualquier persona por cualquier antecedente. Ella era residente legal. Tendría derecho a quedarse. Lo que pasa es que Donald Trump dijo que iban a deportar a todos los que estuvieran con antecedentes menores graves. Dejó la puerta abierta para cualquier interpretación”, recalca Pérez Canchola.
Prevé que esa clase de situaciones se agudizarán y llegarán personas deportadas sin documentos, familias que en México están amenazadas o que se expondrán a las garras del crimen organizado, mujeres que llegan solas, o lo peor, niños sin el acompañamiento de sus padres, alerta.
Le piden renuncia por pedir mejor coordinación
Este escenario que se avecina, Pérez Canchola lo expuso ante autoridades del municipio y estatales, pero en lugar de ser escuchado, causó la molestia del secretario de Gobierno del municipio que es gobernado por Morena, Arnulfo Guerrero, quien le pidió su renuncia el 21 de enero.
Guerrero, quien tiene pasado panista, se molestó luego de que Pérez Canchola pidió que para la atención a los migrantes se coordinen los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y el municipal, ya que pronostica que con la oleada de deportaciones que comenzó esta semana, luego de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Trump, habrá más casos de personas que requieran atención del gobierno federal.
Incluso, el 14 de enero el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño declaró el Estado de emergencia por las deportaciones que se avecinan, y ya esta semana han comenzado a llegar familias enteras que fueron arrestadas en su casa, afirma Pérez Canchola.
Deportan a menores y llegan solos
Se le pregunta por los casos de menores que son deportados y llegan solos. Responde que son jóvenes que por algún pleito o andar en la calle sin ninguna identificación, la policía los detiene. Si ven que son mexicanos, entonces los echan a Tijuana. A ellos no los pueden dejar en la calle, por lo que son entregados al Instituto Nacional de Migración, que los remite al DIF estatal o municipal.
“Están haciendo muy buen trabajo, pero ya están saturados. Faltan espacio, personal, psicólogos y van a venir más niños, no hay recursos en el municipio ni en el estado para esto”.
Pérez Canchola reconoce que, aunque ya no está en Atención al migrante, se siente más tranquilo luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 21 de enero un albergue federal grande en Tijuana y camiones para trasladar gratuitamente a las personas hacia su lugar de origen.
“Siempre hay deportados. Siempre hay recién llegados. El 21 de enero ya se comenzaron a quedar ahí varios cientos de personas que estaban citadas por la CBP One y otros, los que todavía creen que podrán pasar”.
La necesidad de una visa humanitaria
Lo que él propone es que la presidenta Claudia Sheinbaum ordene que se les entregue una visa humanitaria para evitar que las autoridades cometan atropellos en contra de ellos.
“Van a estar llegando constantemente gente que tiene su CBP One pendiente y se van a acomodar en la frontera. Como la aplicación ya está cancelada por el nuevo gobierno de Estados Unidos, yo digo que México les dé visa humanitaria, porque si no cualquier policía o autoridad los puede detener y extorsionar. ¿Traes documentos? No, pues o cooperas o te entregamos a migración, es lo que les dicen”.
Un ejemplo que le contaron directamente es el de unas personas que en la terminal tomaron un taxi, iban por su CBP One, pero el taxista los llevó con una patrulla con amenazas y los patrulleros los fueron a vender con unos polleros hoy.
“Es que es un negociazo de miles de millones de dólares al año. La gente que viene huyendo de sus lugares de origen para salvar la vida del narcotráfico de las pandillas, es capaz de vender su vida para que un pollero lo cruce. El temor, el miedo, la angustia y la separación lleva a la gente a hacer tratos y más a los que tienen familia en California o en Estados Unidos, que se comprometen a pagar 5 mil, 10 mil o 15 mil dólares por pasar familiares. Eso está sucediendo y va a suceder”.
Con la visa humanitaria esa gente que se va a quedar atorada en la frontera, estaría de manera regular en México y podría moverse, transitar, conseguir trabajo y no ser víctimas, concluye.