El informe sobre las peores formas de trabajo infantil elaborado por el gobierno de Estados Unidos revela que México cuenta con políticas para garantizar servicio de educación gratuita para los niños, sin embargo, entre 2022 y 2023 cinco millones de alumnos, principalmente de zonas rurales, abandonaron la escuela debido a factores como falta de planteles, conectividad a internet o computadoras para el aprendizaje en línea.
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La vigésima tercera edición del reporte dado a conocer por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos señala que México ha cumplido con la creación de reglas y leyes para eliminar o limitar las peores formas de trabajo infantil, sin embargo, la falta de inspectores a nivel federal y la supervisión intermitente de los estados en los centros de trabajo dificulta cumplir con el compromiso de eliminar el trabajo de los menores de edad.
“Inspectores del trabajo a nivel de los estados realizan inspecciones en el sector informal solo en respuesta a denuncias formales. Además, los 529 inspectores federales del trabajo son insuficientes para cubrir a los más de 59.2 millones de trabajadores en el país.
En esta proporción, a cada inspector federal le correspondería supervisar la situación de 111 mil trabajadores.
Niños, entre más pobres, más vulnerables
Los niños que pertenecen a comunidades indígenas, afrodescendientes, son migrantes o refugiados, viven en comunidades rurales y padecen alguna discapacidad están en mayor probabilidad de tener menor acceso a servicios de educación y protección social.
También tienen mayor probabilidad de sufrir pobreza extrema, falta de hogar, discriminación y abuso.
“Las niñas en México son especialmente vulnerables a la explotación sexual con fines comerciales, dado que conforman hasta el 80% de las víctimas. Además, los menores de edad de poblaciones indígenas tienen más probabilidades de trabajar en todos los sectores que los niños no indígenas”, señala el informe.
El estudio encontró que se ha detectado la presencia de niños en la agricultura, por ejemplo, en la producción de chile, café, caña de azúcar y tomates; mientras, en zonas urbanas se ha identificado que laboran como vendedores ambulantes, lustrado de zapatos, reparación de automotores, pero también en el servicio doméstico y mendicidad.
Los grupos del crimen organizado emplean a menores para actividades ilícitas, incluida la producción de amapola para heroína, narcotráfico, robo de combustible y los ataques armados. Se calcula que unos 30 mil menores se han integrado a los cárteles, pero el informe no especifica a cuáles o en qué regiones ocurre.
Programa Becas Benito Juárez, insuficiente
El estudio detalla que existen políticas y programas para evitar que los menores abandonen la escuela y se sumen al empleo formal e informal, sin embargo, estos no han funcionado de manera óptima.
Por ejemplo, señala que el Programa de Becas Benito Juárez recibió 720 millones de pesos para familias en situación de pobreza y alumnos en riesgo de abandonar la escuela. A cada familia con hijos en la escuela se les entregan mil 600 pesos bimestrales por cada menor inscrito.
“Si bien el programa benefició a más de 10 millones de alumnos en 2023, ha sido criticado por brindar transferencias de efectivo insuficientes, por falta de seguimiento y evaluación, y debido a problemas en su ejecución”, señala el informe.
En el caso del programa La escuela es nuestra, que entrega dinero a comités de padres de familia para construir y mejorar los planteles y servicios de comidas, una auditoría mostró que en 2021 se destinaron fondos a beneficiarios fallecidos.
“Asimismo, se descubrió que el apoyo dirigido a una comisión escolar en Chiapas se depositó en una cuenta bancaria diferente, lo que resultó en el desfalco. Además, tesoreros de 75 escuelas tomaron recursos sin devolverlos”.