REFORMA JUDICIAL A DEBATE

Marcelo Ebrard y Juan Ramón De la Fuente responden crítica de EU a reforma judicial

La aprobación de la reforma al Poder Judicial "puede traer muchísimo daño en la relación" entre México y Estados Unidos, aseguró el embajador de Estados Unidos en México

Créditos: Cuartoscuro
Escrito en NACIÓN el

El debate sobre la reforma judicial en México provocó tensiones diplomáticas, especialmente tras las críticas expresadas por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y un editorial del Washington Post titulado "La 'reforma' judicial de AMLO tiene que desaparecer", publicado el 26 de agosto. Representantes del próximo gobierno mexicano, entre ellos Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, respondieron cuestionando la legitimidad de Estados Unidos para criticar los asuntos internos de México.

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En el escrito publicado también por el diario estadounidense, los próximos funcionarios de la administración de Claudia Sheinbaum señalaron que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo modernizar el sistema de justicia mexicano, con un enfoque en fortalecer su transparencia y eficiencia.

Entre las medidas propuestas, la más destacada es la elección directa de magistrados y jueces por el pueblo, lo que se busca como un mecanismo para garantizar mayor independencia judicial y reducir la corrupción. Sin embargo, tanto Salazar como el Washington Post cuestionaron este proceso, argumentando que dicha medida podría poner en riesgo la democracia mexicana.

¿Qué dijo Ken Salazar contra la reforma judicial?

La aprobación de la reforma al Poder Judicial "puede traer muchísimo daño en la relación" entre México y Estados Unidos, aseguró este 3 de septiembre el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en conferencia de prensa. El funcionario estadounidense también dijo que la reforma judicial es decisión de México y que su país respeta la soberanía de México; esto luego de la pausa en la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Tenemos preocupaciones" dijo el embajador de los Estados Unidos, y agregó que: "Esas preocupaciones me llegan a mí, de muchísimos, y es importante que quienes vayan a hacer esas decisiones sepan de esas preocupaciones", explicó Salazar.

Luego de que el embajador Salazar señalara el pasado 22 de agosto que la elección de jueces, magistrados y ministros por elección popular la representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia y para la integración de las economías de México, Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC; y sugiriera que de aprobarse la reforma al Poder Judicial, los cárteles de la droga se aprovecharían de jueces inexpertos con motivaciones políticas; el gobierno encabezado por López Obrador se distanció de las relaciones con el vecino país del norte.

En ese contexto, el pasado 27 de agosto, López Obrador anunció la "pausa" de las relaciones con las embajadas de Canadá y Estados Unidos en México después de que diplomáticos de estos dos países advirtiesen sobre los riesgos de la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial en México propuesta por el presidente.

Ebrard y De la Fuente acusan doble rasero y defienden soberanía nacional

Juan Ramón de la Fuente, ex representante de México ante las Naciones Unidas, y Marcelo Ebrard, ex canciller mexicano, subrayaron en su respuesta que Estados Unidos parece aplicar un doble rasero. "Lo que es virtud en Estados Unidos se considera vicio en México", señalaron. En su opinión, criticar la elección directa de jueces en México mientras se acepta como parte del sistema democrático estadounidense demuestra una falta de coherencia en los argumentos presentados.

La intervención de Salazar y el editorial del Washington Post fueron calificados como un intento de injerencia en los asuntos internos de México. De la Fuente recordó el principio de no intervención, establecido por las Naciones Unidas, que subraya que ningún Estado debe interferir en los asuntos que pertenecen exclusivamente a la jurisdicción interna de otro país.

Ebrard, por su parte, fue más allá y comparó la situación con la historia reciente de Estados Unidos, afirmando que México ha respetado los procesos políticos estadounidenses, incluso cuando los resultados no favorecen los intereses de su país. "México, como cualquier nación soberana, tiene el derecho de decidir su propio camino hacia un sistema judicial más transparente y eficiente", sostuvo Ebrard.

Argumentan un debate interno legítimo

Contrario a lo sugerido en las críticas, Ebrard y de la Fuente destacaron que la reforma judicial ha sido objeto de un amplio debate interno en México. La propuesta de López Obrador no fue impuesta, sino que fue discutida en múltiples espacios políticos y sociales, y sigue en revisión. La elección directa de jueces, según Ebrard, es una apuesta por un poder judicial verdaderamente independiente y una forma de distanciarse de la influencia política de cualquier administración en turno.

Además, recordaron que la presidenta electa de México, con la mayoría obtenida en las elecciones legislativas, podría simplemente llenar la Suprema Corte con sus propios aliados, como lo hacen otros líderes en diversos países. Sin embargo, optar por un proceso más democrático, a través de la elección popular, es una clara señal de su compromiso con la transparencia y la independencia judicial.

Respeto mutuo y cooperación entre México y EU

Ebrard y de la Fuente también subrayaron la importancia de mantener una relación de respeto y cooperación entre México y Estados Unidos. "Somos vecinos, somos amigos y somos socios", afirmó Ebrard, y añadió que México siempre estará abierto al diálogo constructivo y al intercambio de ideas con su vecino del norte. No obstante, aclararon que ese diálogo debe basarse en el respeto mutuo y en el reconocimiento de la soberanía de cada país.

En conclusión, el gobierno mexicano reafirma su derecho a llevar a cabo una reforma judicial que responda a las necesidades de su pueblo y que fortalezca sus instituciones democráticas. Mientras tanto, el gobierno mexicano dejó claro que no permitirá injerencias externas que busquen influir en su proceso de toma de decisiones internas, recordando que el respeto a la soberanía es un principio fundamental en las relaciones internacionales.

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