El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de la corrupción una de sus principales banderas e incluso lo usó para atacar a sus adversarios. Pero las investigaciones en los casos más emblemáticos registrados durante su administración no han arrojado frutos.
Segalmex, empresa creada en su gobierno, sufrió un desfalco de 9 mil 500 millones de pesos, un monto mayor al de la Estafa Maestra, pero su director sólo fue removido y colocado en otro puesto.
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Otro caso del que quedan dudas es el de las propiedades del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, las de Julia Abdala, su pareja, y León Bartlett, hijo del veterano político, quien es dueño de una empresa inhabilitada, pero a la que después esta administración le perdonó la sanción y continuó obteniendo contratos gubernamentales.
A ello se pueden agregar los escándalos de la Comisión Nacional del Deporte, encabezada por Ana Gabriela Guevara, quien recién desempacada de los Juegos Olímpicos de París 2024 mostró que las críticas le son indiferentes. La comisión arrastra un historial de observaciones y recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación que comenzaron desde 2019.
La reacción del presidente cada que se destapa un escándalo es la promesa de que se investigará el asunto y apoyar a los señalados, pero al paso del tiempo los resultados no se dan o no se conocen, ni por la Secretaría de la Función Pública o por la Fiscalía General de la República.
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En el caso más escandaloso, el de Segalmex, aunque hay 38 denuncias desde 2022, sólo hay dos detenidos. Ignacio Ovalle, quien era el director cuando se gestó el desfalco, está en libertad. En el caso de los hijos del presidente ellos mismos han dicho que no hay pruebas y el presidente López Obrador los ha defendido a capa y espada. Respecto a Bartlett, la empresa de su hijo continúa obteniendo contratos y recientemente el semanario Proceso reveló que tiene más propiedades.
Solo discurso
Para el coordinador del diplomado en Análisis y control de la corrupción en México de El Colegio de México, Fernando Nieto, hay varios casos sospechosos en esta administración, pero en Segalmex hay pruebas de que se desvió dinero, lo que contraviene el discurso de que la corrupción se acabó.
“Ha habido cuestionamientos respecto a los hijos del presidente, de la Conade y también de algunos de los proyectos estrella del gobierno, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, y el uso clientelar y lo cuestionable de los programas sociales y sobre los Servidores de la Nación”.
Además de los casos no esclarecidos en este sexenio, otros grandes temas del pasado tampoco han sido atendidos, consideró por su parte Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional capítulo México.
“El mayor escándalo es que quedarán impunes Odebrecht, la Estafa Maestra, Agronitrogenados, entre otros. Lamentablemente los nuevos casos tampoco han sido cabalmente investigados por la FGR y obtenido sanciones efectivas para los responsables”, consideró el especialista.
Nieto afirmó por su parte a La Silla Rota que hay muy pocos resultados en el caso de los grandes escándalos de corrupción con pocos castigos efectivos y muchísima impunidad.
“Hasta 2021 de los 4 mil 500 casos que tenía la Fiscalía Especializada Anticorrupción habían logrado cero sentencias condenatorias. En términos de los pequeños actos de corrupción, los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del Inegi muestran que se ha mantenido con pocos cambios significativos. Desde que inició el sexenio se mantienen los niveles de percepción como de experiencia de corrupción del peñanietismo, eso no ha cambiado”, afirmó.
“Tenemos por un lado un discurso que habla todos los días de la corrupción y que ya se acabó y por otro, hay pocos resultados. Eso sintetiza la contradicción central del obradorismo”.
El académico del Colmex observó que se ha desfondado la parte más técnica de las políticas públicas de cómo prevenirla y castigarla y se acentuó el uso de la corrupción como arma arrojadiza con valor político, en el que el presidente acusa al pasado y calla ante las acusaciones contra sus leales o sus familiares, como es el caso a sus hijos.
Por su parte Bohórquez dijo que más allá de la retórica y el discurso político, la corrupción sigue siendo un problema constante para la población y sus efectos se resienten en su vida cotidiana.
“Los recursos desviados tampoco regresaron a las arcas de la nación. Los desvíos multimillonarios siguen siendo motivo de escándalo todos los días en los tres órdenes de gobierno. Las sanciones no llegan; las redes de corrupción tampoco son desmanteladas”, enfatizó.
Casos emblemáticos
Segalmex
Aunque el presidente López Obrador se ha mostrado reacio a aceptar que haya corrupción, en el caso de Segalmex admitió el pasado 25 de julio que en este caso sí se dio.
La atribuyó al descuido y a la mala suerte, pero aseguró que no hay impunidad y están en la cárcel los responsables, en referencia a los exdirectores administrativo y comercial de Segalmex, René Gavira y a Manuel Lozano Jiménez, respectivamente.
Pero no tocó el tema de que el exdirector, Ignacio Ovalle, está libre y sin acusaciones. También hay otros 22 funcionarios y particulares que forman parte de la trama e implicados.
CONADE
El 11 de febrero de 2020 la SFP anunció sanciones a dos funcionarios y un exfuncionario por ser responsables de irregularidades en el ejercicio y comprobación de recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en 2019. La dependencia también encontró falta graves relacionadas con la entrega indebida de recursos y envió el expediente al TFJA.
La ASF detectó desde el primer año de Guevara al frente de la Conade que hubo posibles actos de corrupción. Presentó una denuncia formal ante la FGR en contra de la comisión, al hallar irregularidades por 150 millones de pesos del ejercicio fiscal 2020, entre ellas en el contrato con la empresa CIMCSA, por 16.5 millones de pesos. La empresa denunció a la Conade por extorsión. Pero el 27 de julio de 2020 fueron detenidos los empresarios, acusados de desaparición forzosa.
Este año la ASF en otro reporte, publicado el 20 de febrero, informó que la Conade debía responder por irregularidades por un monto de 292 millones de pesos. Dos días después la Conade negó que hubiera una investigación por parte de la FGR sobre el informe de la cuenta pública 2022.
Casas y departamentos de Rocío Nahle
Mientras era candidata a la gubernatura de Morena, la morenista Rocío Nahle fue acusada por el empresario Arturo Castagné de tener propiedades millonarias, como una casa de lujo en el fraccionamiento El Dorado, en la Riviera Veracruzana.
Incluso, Castagné presentó el 18 de abril una denuncia ante la FGR y acusó a la exsecretaria de Energía de que su patrimonio y el de su esposo crecieron de manera desproporcionada en relación con lo manifestado en sus declaraciones patrimoniales, por haber adquirido propiedades millonarias.
A inicios del mismo mes, la diputada federal María Elena Pérez-Jaén presentó 35 denuncias en contra de Nahle ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de la FGR. En este caso fue por presuntas irregularidades detectadas en la construcción de Dos Bocas en las cuentas públicas de 2029 al 2021.
Sobre estas últimas denuncias de la legisladora, la SFP anunció que el caso sería investigado, aunque no se conocen avances al respecto.