La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su grave preocupación por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial en México y advierte sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.
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La Comisión instó a las autoridades del Estado Mexicano a asegurar que la reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación.
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Asimismo, frente a la conflictividad y las protestas públicas, exhortó a garantizar instancias de diálogo real, que asegure la participación de todos los sectores interesados.
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A través de un comunicado, la CIDH reconoció la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México. Destacó que dio seguimiento cercano al proceso legislativo sobre la reforma judicial, la cual fue remitida por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 5 de febrero y aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y, posteriormente, por el Senado de la República el 11 de septiembre.
La Comisión recibió amplia información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho.
REFORMA JUDICIAL A DEBATE: SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
Según la información disponible, la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del país.
Destacó que las profundas modificaciones podrían tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial.
“Las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país”, agregó.
Alertó que una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana, de modo que se fortalezca el respeto y garantía de los derechos humanos.
Añadió que esta reforma debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas.
Más críticas de la CIDH a la reforma judicial
La Comisión expuso que tuvo conocimiento de la inclusión en la reforma de medidas de preservación de la identidad de personas juzgadoras en casos relacionados con delincuencia organizada, denominado por el sistema interamericano como "jueces sin rostro", cuyo uso ha sido declarado contrario a la Convención Americana por los órganos del sistema interamericano.
Indicó que supo de inquietudes sobre el proceso para la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que podría comprometer su independencia, así como sobre la falta de garantías del debido proceso en el régimen disciplinario.
Propuestas sobre la elección de jueces
La Comisión señaló que un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia.
Enfatizó la importancia de que los sistemas de selección y nombramiento garanticen el principio de igualdad y no discriminación; que establezcan criterios de selección con base en el mérito y capacidades profesionales y calificaciones jurídicas apropiadas; que se realicen en el marco de procesos públicos y transparentes; que garanticen la igualdad de género en el acceso a la carrera judicial; y que determinen mandatos con una duración de tiempo definido y suficiente. En esta línea, los procesos de selección de las autoridades disciplinarias de la judicatura también deben revestir las garantías de independencia.
¿Qué es y cuál es el objetivo de la CIDH?
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.