Durante la 57ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el jurista mexicano Diego Valadés, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex procurador General de la República, emitió una contundente advertencia sobre la reforma al Poder Judicial en México impulsada por el gobierno. Valadés destacó que, si bien existe consenso sobre la necesidad de una reforma judicial en el país, la propuesta actual presenta serios riesgos para la independencia judicial y los derechos fundamentales.
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En su intervención, Valadés subrayó que el número de jueces en México es extremadamente bajo, con solo cinco jueces por cada 100,000 habitantes, comparado con la media europea de 19 jueces. Este déficit, explicó, tiene un impacto negativo en la eficiencia y el acceso a la justicia, lo cual refuerza la necesidad de una reforma. Sin embargo, criticó que en la elaboración del proyecto no se haya consultado a expertos del ámbito judicial ni a la academia.
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Uno de los puntos más preocupantes para Valadés y otros participantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) fue la propuesta de elección popular de jueces. Tanto Valadés como Abigail Ocampo, Directora Nacional de Atención de Juzgados Especializados, y Mayra González Solís, Directora Nacional de Igualdad y Género, señalaron que este mecanismo podría aumentar la presión sobre los jueces, quienes se verían tentados a tomar decisiones para complacer a sus patrocinadores de campaña o a los propios votantes, comprometiendo así su independencia e imparcialidad. Este riesgo se agrava en un contexto donde el crimen organizado podría influir en las elecciones.
Ataques Mediáticos y Salud Mental de los Jueces
La jueza Abigail Ocampo, Directora Nacional de Atención de Juzgados Especializados y la Magistrada, Mayra González Solís, Directora Nacional de Igualdad y Género de Jufed, por su parte, denunció los ataques mediáticos que, desde 2018, han sufrido los jueces mexicanos, especialmente desde las conferencias diarias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos ataques, según los ponentes, generan un clima de intimidación, ansiedad y afectación emocional en los juzgadores, lo que influye en su capacidad para tomar decisiones imparciales y eficaces. La constante descalificación pública de las decisiones judiciales impacta la estabilidad mental y emocional de los jueces, lo cual afecta no solo su labor diaria, sino también la operación sana y justa del Poder Judicial.
Consecuencias Laborales y Familiares
Otro aspecto alarmante de la reforma es la propuesta de cesar a más de 1,600 jueces federales. Ocampo advirtió que esta medida implicaría la pérdida de oportunidades de crecimiento profesional dentro del Poder Judicial y la imposibilidad de ejercer la abogacía hasta pasados dos años, lo cual representa una violación al derecho humano al trabajo y a la dignidad. Además, las familias de los jueces se verían afectadas indirectamente por la pérdida de empleo, lo que impactaría derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud y la seguridad económica.
También se destacó que los jueces cesados perderían las prestaciones de salud, poniendo en riesgo la seguridad social de ellos y sus familias. Asimismo, la reforma no garantiza el derecho a la jubilación, ya que solo propone una indemnización mínima, lo que genera temor sobre el futuro económico de los juzgadores jubilados y los que están cerca de la jubilación.
Una reforma regresiva, acusan ante la ONU
En su conclusión, los integrantes de la Jufed señalaron que la reforma judicial propuesta en México es "regresiva" en cuanto a las condiciones de vida y derechos humanos de los jueces. Para el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la única finalidad de esta reforma es concentrar los tres poderes de la Unión en una sola persona, lo que representa una amenaza para la democracia y la separación de poderes en el país.
La comunidad internacional, presente en la sesión del Consejo de Derechos Humanos, tomó nota de las advertencias de Valadés y otros expertos sobre los riesgos que la reforma judicial en México plantea no solo para la independencia del Poder Judicial, sino para los derechos humanos en general.