Más de 1,100 jueces y magistrados federales entregaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que solicite al Estado mexicano evaluar la opción de suspender temporalmente el proceso legislativo de la reforma judicial en curso, para realizar una revisión integral y exhaustiva de la Convencionalidad de la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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En el documento, las personas juzgadoras federales del Estado mexicano, entre jueces de Distrito y magistrados de Circuito, encargadas del control constitucional y convencional, pidieron a la CIDH ejercer sus funciones y atribuciones establecidas en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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Los jueces y magistrados mexicanos, que enviaron sus mil firmas en el documento que ya fue recibido por la CIDH, buscan que este organismo internacional garantice los derechos humanos de la sociedad mexicana ante el proyecto de dictamen de reforma judicial, que consideraron como un “grave detrimento de la democracia representativa y que, de aprobarse, abriría un camino sin retorno a un golpe de Estado técnico”.
Las personas juzgadoras señalaron que los mueve el cumplimiento de su deber como Poder Judicial de defender los derechos humanos y la democracia de los mexicanos.
Pidieron a la CIDH “evitar que en México se consume la grave ruptura del orden democrático que estamos documentando en este escrito y muy específicamente para evitar el desmonte de los órganos de control al poder y de garantía efectiva de los derechos humanos, dentro de los que están incluidos quienes suscribimos”.
REFORMA JUDICIAL A DEBATE - SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
Los jueces y magistrados subrayaron que el partido oficialista Morena pretende realizar un cese indiscriminado y total de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como de los Poderes Judiciales estatales. Este es uno de los puntos incluidos en la iniciativa propuesta por el presidente López Obrador y la cual es apoyada en el Congreso por Morena y sus aliados.
Destacaron que para la permanencia de los jueces actuales se propone que se sometan al proceso de elección popular para poder mantener su puesto, sin embargo, comentaron que están destinados a la derrota en los comicios, ya que el presidente López Obrador los califica constantemente de corruptos en sus conferencias mañaneras. Indicaron que en el “diseño de la boleta proyectada para la elección se prevé destacar cuál de los contendientes es uno de esos jueces”.
“La “reforma judicial” busca deshacerse prácticamente de la totalidad de juzgadoras y juzgadores que actualmente tienen un claro rol de defensores de derechos humanos y reemplazarles por actores institucionales altamente politizados que se deban a las agendas políticas de las mayorías electorales en el poder”, señalaron en el documento.
El pliego petitorio de jueces mexicanos ante la CIDH
Jueces ven proceso de degradación de la democracia representativa
Los más de mil jueces mexicanos ven en el país un proceso de degradación de los elementos esenciales de la democracia representativa, debido a que los “poderes ejecutivo y legislativo muestran un abierto desprecio por los derechos humanos y por los organismos garantes de las mismas”.
Señalaron la militarización, la ampliación de la prisión preventiva, la desaparición de organismos constitucionales de transparencia y el embate al Poder Judicial de la Federación como ejemplos del embate del partido en el poder contra la democracia.
En el caso de la elección de jueces por voto popular, expusieron que este proceso lleva al desmonte de las garantías democráticas, al tiempo que la separación de poderes resulta claramente atacada.
“El cese masivo de juzgadoras y juzgadores que preparan los poderes ejecutivo y legislativo no puede ni debe entenderse como una cuestión aislada. En México, deliberadamente y ante la mirada atónita de la comunidad internacional, se están rompiendo todos los mecanismos de control al poder. Conviene recordar en este punto que los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado. El atentado contra la Independencia de la Justicia en México es, no hay que dudarlo, un abierto atentado y puesta en riesgo permanente de los derechos humanos de todas las personas que viven y transitan por nuestro país, y de la democracia misma”, lanzaron en el documento dirigido a la CIDH.
La reforma judicial y el paro de jueces
Este lunes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició la dictaminación de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, que provocó un paro de labores desde el pasado el 19 de agosto y plantea modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular por un periodo de 12 años.
En tanto, trabajadores del Poder Judicial ingresaron a la Cámara de Diputados para entregar un oficio en favor del respeto de la división de poderes. Esto lo realizó una comisión de los 32 Circuitos del Poder Judicial de la Federación, la cual fue atendida en San Lázaro.
Los trabajadores expresaron su rechazo a la reforma judicial que promueve el presidente de la República y expresaron que a las 7 pm realizarán una manifestación en el Ángel de la Independencia, esto como parte de los actos de protesta que realizan durante el paro nacional de los jueces y magistrados.