Antes del año 2008 Javier Herrera disfrutaba de una carrera estable y prometedora en la entonces Policía Federal Preventiva (PFP). Como jefe de la División de Seguridad Regional, Herrera ostentaba el grado máximo de comisario general, percibía un buen salario y atractivas prestaciones.
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Pero su delito fue presentar una denuncia ante el hoy ex presidente Felipe Calderón, en contra quien fuera el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ello le desencadenó una serie de eventos negativos que le cambiaron la vida.
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En un reciente fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió tres criterios jurisprudenciales que abordan la responsabilidad del Ministerio Público en la exposición de detenidos ante los medios de comunicación. Javier Herrera, excomisario de la Policía Federal, destacó estos puntos en una entrevista, subrayando su relevancia para casos futuros.
La SCJN determinó que la presentación de detenidos ante los medios de comunicación configura una actividad administrativa irregular del Ministerio Público.
Herrera señaló que, aunque estos criterios son un avance para proteger los derechos de los detenidos y garantizar un debido proceso, en su caso personal no le sirvieron. Después de su injusta detención y exposición mediática, quedó en un estado de indefensión y continúa su lucha por justicia a nivel internacional.
"El que hayas estado en prisión es un estigma que te cierra las puertas en todos lados, entonces realmente sí es muy complicado y sobre todo cuando injustamente te detuvieron por una venganza política", expuso Herrera en entrevista con La Silla Rota.
"Después de cuatro años, esos niños (sus hijos) ya crecieron ya con muchos problemas porque estuvieron expuestos, inclusive fueron víctimas de bullying en la escuela precisamente porque la Presidencia de la República que me presenta como delincuente cuando estoy en la presunción de inocencia, no la respetan”.
La historia de Javier
Javier Herrera, tras una lucha de más de una década, sigue sin encontrar justicia en México. Su caso pone de manifiesto las fallas del sistema judicial mexicano y la influencia perniciosa de la corrupción en las más altas esferas del poder. Herrera, que una vez soñó con ser comisionado de la Policía Federal, ahora busca únicamente el reconocimiento de su inocencia y la reparación del daño causado.
Su historia es un testimonio del impacto de la corrupción y la impunidad en la vida de individuos y familias, y una llamada a la acción para reformar un sistema judicial que, según Herrera, actúa "de manera muy arbitraria". La lucha de Javier Herrera no solo es por su justicia, sino por la de todos aquellos que han sido víctimas de un sistema que debería protegerlos, no destruirlos.
Herrera se enteró de múltiples irregularidades administrativas y vínculos con la delincuencia organizada dentro de la Policía Federal. Le pidieron que aceptara a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que habían reprobado los exámenes de control de confianza y tenían antecedentes delictivos. Además, enfrentó presiones para firmar cartas responsivas para su ingreso.
Herrera se opuso firmemente a estas ilegalidades, lo que le granjeó la enemistad de altos mandos como García Luna y otros. Su negativa a participar en estos actos de corrupción lo llevó a enviar una carta al presidente Felipe Calderón denunciando las irregularidades. La respuesta no fue la esperada: en lugar de investigar, Calderón permitió que García Luna tomara represalias.
"Ahí estaba la invitación: o te alías o estás en contra de nosotros. Inclusive me llegaron a decir: ‘o eres amigo o estás con nosotros o estás en contra de nosotros’, hablando en nombre de Genaro García Luna”, recordó.
El 2008 marcó el inicio de una persecución política y legal contra Herrera. Fue destituido de su cargo y se le iniciaron procedimientos administrativos por supuestas inasistencias, una acusación absurda tras 31 años de servicio. En 2010 este hombre fue detenido basándose en testimonios falsos de testigos protegidos, y pasó cuatro años en prisión. Durante su reclusión, su familia sufrió el estigma social y el bullying. Su vida se desmoronó.
La batalla legal
Tras salir de prisión en 2012, Javier Herrera se dedicó a recuperar su honor y sus derechos. Inició varios procedimientos legales, incluyendo demandas contra la desaparecida Policía Federal y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por daño patrimonial. Sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó su amparo y sus argumentos, aunque emitió criterios jurisprudenciales que reconocían las irregularidades administrativas del Ministerio Público.
Desesperado por la falta de justicia en México, Herrera recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2020 la CIDH aceptó investigar su caso reconociendo que el Estado mexicano no había resuelto su situación en más de una década. La única esperanza de Herrera radica ahora en una resolución favorable de la CIDH y, eventualmente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
"La única que me queda es la Comisión Interamericana”, expone Javier.
“Desde el 2008 que me detuvieron mi familia presentó una queja, se estuvo dando la información, estuvo pendiente la Interamericana y en el 2020, en abril del 2020, emiten la visibilidad de la investigación del caso".
No obstante, la Secretaría de Gobernación contestó que no estaban las condiciones para hacerlo. “Entonces no nada más es la Suprema Corte sino el Estado mexicano, pues ya determinó que no tienen la menor intención de llegar a un reconocimiento, a un acuerdo para saber pues de qué manera se puede dar una solución amistosa y un procedimiento que está previamente estructurado en la Comisión Interamericana", detalla.
Javier Herrera señala que se siente abandonado por el Estado mexicano. “A mi persona junto con nuestras familias, solicitamos la reincorporación y una disculpa pública para resarcir el daño. Sin embargo, estas peticiones resultaron ser demasiado para el Estado mexicano, que nos abandonó”, cuanta para La Silla Rota.
Aproximadamente un año después de haber agotado todos los recursos legales y sin que el Estado mexicano aceptara una solución amistosa, la Comisión informó que estaban a la espera de que se llevara a cabo el estudio de fondo. Este estudio se resolvería conforme se desahogaran los casos en el orden en que los tuvieran registrados.